El futuro de la minería asturiana

Hunosa es la mayor empresa del sector, por número de explotaciones y volumen de empleo. Fue creada el 10-03-1967, con la entrada del Instituto Nacional de Industria en el sector hullero, para hacer frente a las cuantiosas pérdidas de diversas empresas privadas.

Los nuevos recortes del Gobierno central pueden hacer peligrar la continuidad de los pocos pozos que le quedan a la empresa estatal Hunosa. En efecto, la funcionalidad y viabilidad de la empresa no estarían aseguradas por debajo de los 3.000 empleos (de los cuales unos cientos son subcontratados) por cuanto el aparato administrativo y de mantenimiento requieren unas cifras mínimas para resultar operativos; hoy nos encontramos bajo mínimos.

En 1998, en Asturias había 12.545 trabajadores; en la actualidad, entre Hunosa y contratas rondamos los 3.000; se han perdido muchos puestos de trabajo sin haber creado otros alternativos a la minería.

Tampoco se cumplieron los objetivos de las recolocaciones, pues hubo mil menos de lo previsto; como también en el recorte de producción, que fue mayor de lo acordado, llegando del 28% al 58%.

Los fondos mineros no fueron todo lo buenos que quisiéramos para relanzar las tres cuencas mineras asturianas, pues la gestión de esos fondos mineros y la política de inversiones que se está haciendo con ellos no ha sido en gran parte para generar empleo, sino para hacer obras que corresponden a las administraciones central y regional; la inclusión de municipios con escasa tradición minera, determinación y eficacia de las inversiones, análisis sobre la ejecución y gasto económico. En definitiva, más control y mecanismos de seguimiento para corregir errores del pasado con las partidas económicas. Hay que recordar que Bruselas tiene diversos expedientes abiertos sobre los fondos.

El nuevo plan está en la línea de que las ayudas sean decrecientes. Como es sabido, el carbón ha dejado de ser viable y esto lo demuestra la dedicación de nuestro país, que dedica diez veces más en ayudas al carbón que a fomentar la investigación y el desarrollo (I+D). Por sus elevados costes de extracción, en Hunosa 200 E/Tm frente a los 80 E/Tm de las explotaciones leonesas. No podemos compararnos con nuestros vecinos, pues las capas del carbón son totalmente diferentes y esto es un problema para la extracción, pero hay que recordar que el reglamento (CE) 1407/2003 del Consejo de 23 de julio de 2002 detalla que las reservas estratégicas podrán mantenerse no sólo por razones de coste, sino también por razones sociales y territoriales. El Gobierno español tiene que hacer valer las explotaciones que hay hoy en día, pues son estratégicas, y tienen que contar con ayudas públicas y con el visto bueno de Bruselas.

A partir del año 2012, sólo podrán funcionar en la Unión Europea aquellas explotaciones mineras que tengan ese carácter.

Para comprender adecuadamente el ajuste minero y sus repercusiones en la región, hay que situarlo en el particular contexto socioeconómico asturiano. Los datos genéricos sobre éste son mucho menos optimistas que los ofrecidos por el discurso oficial.

El número de parados en las cuencas del Nalón Caudal y Narcea supera los 18.000. El Principado de Asturias es la comunidad autónoma que recibe mayores prestaciones sociales del Estado. En resumen, estamos hablando, de modo aproximado, de una pérdida de 2.500-3.000 puestos de trabajo, lo que supondría un nuevo mazazo económico para una región ya maltrecha. Además, la aportación económica de la industria extractiva puede desaparecer a corto plazo de los municipios de Cangas del Narcea, Degaña y Tineo.

El final de la minería del carbón en Asturias es un proceso irreversible que no admite marcha atrás. Es algo ya sabido desde hace tiempo y que algunos se niegan a asumir. Su presencia será únicamente testimonial, en unas pocas explotaciones, consideradas «reservas estratégicas», que habrá que determinar. Hay muchas razones para este final, aunque las fundamentales son de carácter económico y técnico (costes de extracción y calidad del producto), sin descartar las políticas energéticas. Quizá los motivos menos importantes sean aquellos que utilizan como único recurso las directrices comunitarias.

Los sucesivos contratos-programa y planes de carbón no van a ser una excepción, siempre han sido negativos para Asturias, por la reducción que suponen de actividad y empleo. La particular incidencia negativa es mucho mayor en las comarcas mineras, puesto que tienen consecuencias demográficas (alarmante pérdida de población), económicas (desempleo y pobreza) y sociales (marginalidad territorial).

Hay que constatar también el rotundo fracaso de los fondos mineros, pese a quien pese. No han cumplido la función para la que fueron creados: la reindustrialización de las comarcas mineras y la generación de empleo alternativo. La reindustrialización ha sido únicamente imaginaria; la generación de empleo, prácticamente inexistente. Las inversiones en infraestructuras de comunicaciones sin terminar y parcheaos de carreteras, establecimientos hosteleros, polideportivos sin uso, recuperación del medio ambiente, polígonos industriales huérfanos de empresas, propaganda y promoción, están a la vista, pero no han conseguido el objetivo perseguido. En muchas ocasiones se han utilizado para inversiones, en la Administración regional o municipal que las administraciones debieran haber hecho con sus propios presupuestos.

La incidencia de este proceso en la población juvenil presenta pocas luces y muchas sombras. Con la característica de que se trata de una pobreza juvenil izada, es decir, que afecta a mayor proporción de personas jóvenes. Estas situaciones conviven con las prejubilaciones y jubilaciones a edades tempranas, que garantizan a algunas familias unos ingresos y mantienen, en parte, las rentas agregadas de las comarcas.

Sin embargo, cada vez es más frecuente la percepción de esta situación como poco previsora para el futuro y para las nuevas generaciones. Una parte significativa de la población juvenil lamenta que las negociaciones de los planes mineros hayan puesto siempre más énfasis en garantizar rentas pasivas que en asegurar oportunidades reales de empleo digno a las personas jóvenes.

Todo lo relacionado con la minería en nuestra región siempre ha estado en la picota, si se puede llamar así, porque afecta a todos, y convendría distinguir entre las negociaciones sobre los contenidos del plan (volumen de producción y empleo, medidas sociales) y las aplicaciones concretas; en particular, el reparto y las inversiones económicas de los fondos mineros. El carbón no debería ser un pretexto para la disputa de parcelas de poder.

La incidencia que los planes de la minería tienen en las comarcas mineras y en la región no deja a nadie indiferente. Aunque las negociaciones y decisiones tengan como protagonistas directos a unos determinados actores institucionales (principalmente gobiernos a diferente nivel, organizaciones sindicales y empresariales), es necesario activar la capacidad reflexiva y crítica de toda la sociedad para valorar los pros y contras de los sucesivos planes mineros: ¿han sido beneficiosos para la población de las comarcas mineras y Asturias?, ¿han aportado alternativas de empleo y estabilidad a largo plazo para las generaciones jóvenes?, ¿han sido adecuadamente gestionados los recursos vinculados a esos planes?.

Sin embargo, la mayoría de la población asturiana mantiene una actitud moderada según la cual reconoce como legítimo que se establezcan tratamientos menos traumáticos para resolver la situación de las personas, familias, y comarcas afectadas. Desde una perspectiva ética, centrada en la búsqueda del bien común de la sociedad, tampoco se legitima una decisión liquidacionista acerca de la minería asturiana.

Asimismo, es exigible a los poderes públicos implicados (el Sr. Soria, Ministerio de Industria, el Gobierno central del Estado, el Gobierno autonómico, especialmente como gestor de fondos mineros, así como los municipios) y a los demás agentes sociales que intervienen en el proceso, que se definan con claridad los procesos de asignación de los fondos mineros, para garantizar su uso eficiente y superar la impresión ciudadana, de que alguna parte se pueda dedicar a finalidades inadecuadas o incluso a financiar subrepticiamente a las propias organizaciones que los gestionan.

Reconociendo que la actividad de los sindicatos entra indudablemente en el campo de la política, entendida ésta como una prudente solicitud por el bien común.

También es importante tomar cuenta del aspecto ecológico y de solidaridad intergeneracional de la problemática referida al carbón: frente a un consumo desordenado de los recursos naturales. Defender la continuidad del uso industrial del carbón parece incompatible con la preservación del medio ambiente, máxime cuando contamos en Asturias con centrales eléctricas de carbón.

Los planes para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, sobre emisiones contaminantes de gases del efecto invernadero, prevén para Asturias, precisamente, la reducción en las instalaciones dedicadas a la generación de electricidad, a partir de carbón (centrales térmicas); está previsto que todas ellas reduzcan sus emisiones alrededor de un 22% hasta 2007. Esta reducción sólo sería posible, sustituyendo el carbón por el gas, en centrales de ciclo combinado (cf. Consejo Económico y Social de Asturias, «Estado del medio ambiente en Asturias 2003», Pág. 122). Cumplir tales compromisos ecológicos obliga a replantear el mantenimiento de las tasas obligatorias de carbón autóctono que deben usar las centrales eléctricas y que han dado lugar a sospechas de sustitución ilegal por carbón importado que se hace pasar por carbón extraído en algunas minas asturianas.

Otro aspecto que es preciso valorar es el referido a la solidaridad en el marco europeo. Aun con todas las dudas que actualmente se ciernen sobre el futuro de la UE, la reciente incorporación de países de rentas más bajas supone redefinir la orientación de subsidios y planes que hasta ahora han beneficiado a Asturias. Ello debe hacernos tomar conciencia de que las ayudas a sectores productivos en declive no pueden ni deben eternizarse, sino que reclaman la creación de alternativas endógenas. La sociedad asturiana debe plantearse con radicalidad la superación de una «cultura del subsidio» que ha llegado a afectar también a la clase empresarial, excesivamente dependiente de los apoyos públicos, a la hora de asumir los riesgos de invertir.

En la perspectiva ético-social, el sistema de valores sociales, se resiente notablemente cuando existe una excesiva dependencia respecto de los subsidios y de las organizaciones que los negocian y/o gestionan; ello tiene efectos negativos en la iniciativa social y en la autoestima colectiva. En el mundo juvenil, supone una contradicción entre esa fuente de ingresos como necesaria para las familias y las propias economías de las comarcas mineras, pero a la vez una imagen de cierto desvalimiento colectivo, desconfianza en el futuro e incapacidad para nuevas formas de vida y empleo.