Rescaten a las personas, no a los bancos
El pasado 28 de julio se cumplieron cuarenta días desde el inicio de la huelga de hambre que Jorge Cordero, desahuciado de su vivienda junto con su esposa Patricia y su hija de cinco meses Amanda, viene manteniendo ante la sede central de Cajastur en la Plaza de La Escandalera de Oviedo. Su objetivo es conseguir que dicha entidad financiera acepte la vivienda como pago por la deuda hipotecaria que le reclama, y se le facilite acceder a una vivienda digna a cambio de un alquiler social.
La historia de Jorge Cordero no es muy distinta a la de miles de familias españolas como la suya. En el año 2006, las rentas obtenidas de su pequeña empresa de transportes les permitieron contratar con Cajastur un préstamo hipotecario por importe de 119.000 , con los que adquirieron un piso en el barrio de Ciudad Naranco. En aquella época de optimismo financiero la posibilidad de que un revés económico les impidiera hacer frente a los pagos no era más que un sueño del mal agüero. Pero al cabo del tiempo, los sucesivos impagos de clientes llevaron a su empresa a la quiebra y el mal sueño se convirtió en pesadilla. Cajastur ejecutó la hipoteca y por 49.000 se quedó con su piso. Un primer intento de desahucio fue impedido por la valiente actuación de activistas del Movimiento 15M y Stop Desahucios, pero en el segundo las fuerzas policiales se emplearon a fondo y tras un despliegue de violencia sin precedentes y veinte personas detenidas, consiguieron su vergonzoso propósito. Mas la desgracia de Jorge y los suyos no termina ahí: Cajastur aún les exige 108.000 , que corresponden a principal, intereses y gastos judiciales.
Esta pretensión de Cajastur, aun siendo estrictamente legal en relación con la regulación hipotecaria vigente, resulta a todas luces manifiestamente injusta. No es justo que las pérdidas de una operación fallida recaigan exclusivamente en una de las partes por supuesto, la más débil- y que la entidad financiera que en su día evaluó los riesgos, consideró a Jorge Cordero solvente y le concedió el préstamo hipotecario, después de haber cobrado parte del préstamo, pretenda quedarse con el piso y encima le reclame el pago del importe pendiente. Este empeño demuestra además, desde un punto de vista estrictamente financiero, una enorme miopía, pues resultaría mucho más conveniente para los intereses de Cajastur arrendar el piso -ya de su propiedad- a Jorge Cordero y su familia a cambio de un alquiler social que lo que tiene ahora: una deuda incobrable y una vivienda vacía más que añadir al inmenso stock actual.
Durante su protesta Jorge no ha tenido noticia alguna de Cajastur, pero sin embargo ha recibido el apoyo de diversos movimientos sociales y de multitud de ciudadanos y ciudadanas, como lo demuestran las más de 3.800 firmas que ya se han recogido y los casi 100.000 , entre ahorros y nóminas, que hasta el momento clientes han retirado de sus cuentas para inducir a Cajastur a que demuestre su inexcusable responsabilidad corporativa, cancele la deuda y permita a Jorge y los suyos empezar otra vez de nuevo.
La dación en pago y la abolición de cláusulas hipotecarias abusivas es un clamor popular al que el Congreso de los Diputados no podrá seguir haciendo oídos sordos por mucho más tiempo. Pronto llegará el día en que este tipo de prácticas bancarias reprobables serán recordadas con vergüenza y sonrojo. Jorge Cordero y otros tantos pioneros que como él están empeñados en construir una sociedad que anteponga los intereses de las personas a los de las corporaciones financieras, son continuadores de luchas sociales como las que en su época consiguieron la abolición de la esclavitud, el derecho a voto para las mujeres o la enseñanza universal y gratuita. Y los que se resisten, y en su empecinamiento ciego se oponen, navegan contra el viento de la Historia.
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