Rescatar la decencia en el Consistorio de Siero

De vez en cuando trepan en los medios de comunicación noticias como nubarrones de zozobra, que son expresión clara del dilema en el que nos hallamos. La que el pesado 30 de mayo nos daba LA NUEVA ESPAÑA, sobre la indemnización que el Ayuntamiento de Siero tendrá que hacer a dos mujeres que demandaron al municipio por el accidente que sufrieron transitando por un espacio público, es noticia dolosa, que enturbia como las noticias del copago farmacéutico.

Que el Consistorio de Siero tenga que indemnizar con 10.000 euros a dos mujeres por las graves lesiones sufridas como consecuencia de caídas me lleva hasta esa obra de cuyo nombre todos nos acordamos. Me pongo frente al emblemático edificio del insigne ingeniero Ildefonso Sánchez del Río, al desembocar de cualquiera de las calles que lo rodean, y me asombra contemplar tal desatino. ¿Cómo es posible se consintiera semejante disparate urbanístico? La pregunta es en realidad retórica: es posible porque para los que nos gobiernan –o desgobiernen, según se mire– no existe responsabilidad alguna económica ni penal y los contribuyentes son quienes debemos pagar sus desmanes. De un tiempo a esta parte, arquitectura y urbanismo mandan, se nos han impuesto de manera totalitaria y nos vemos obligados a aceptar la estética, los conceptos del espacio y la ordenación urbana que urbanistas y constructoras y también políticos otorgadores de encargos, que nos hecha encima edificios que afean nuestra ciudad, como el que tenemos frente al parque Alfonso X el Sabio, francamente horroroso, que se amparan proyectos demenciales como el que nos ocupa de la plaza de abastos, que probablemente no exista un caso más palmario, búsquenlo donde lo busquen, a la también plaza polesa del Cabo Noval, donde el arquitecto municipal José Benito Díaz Prieto, al no responsabilizarse seriamente de las consecuencias, trazó un diseño con más vanidad que profesionalidad, que imbrica el espacio público, contemplando desde el primer momento la necesidad de otra reforma para dignificar el espacio que llegaría, cuando un vecino de Sariego falleció tras sufrir una caída, se suprimieron los escalones y se reformó el pavimento, con una partida a cargo del Ayuntamiento.

Ahora sin que nadie le critique y sin poder también aplaudir su obra, es la de Jesús Álvarez Arango, arquitecto redactor de la última reforma interior de la plaza de abastos de la Pola, que fue reinaugurada en septiembre de 2010 sin completar el proyecto que preveía un número determinado de puestos de venta que el regidor socialista Juan José Corrales optó por anular para gastar el dinero en la urbanización que no necesitaba y que no contemplaba la reforma de la plaza redactada por Álvarez Arango, que para este espacio trazó un diseño que prueba la indigencia de las mentes y que cuando las obras son pagadas por el prójimo y las consecuencias son sufridas por otros seres humanos sin genialidad, o muy inferior a la superior de los autores de esta maravilla de obra que deja en el espacio la huella incuestionable de su autor. Desde que se retiraron las vallas de obra que rodeaban el emblemático edificio, pronto el regidor anuncia que se llevaron a cabo dos medidas «inmediatas» para paliar las numerosas caídas que se registran en la reformada plaza. La colección de dos barandillas es la primera medida, como segunda la incorporación de una rampa para minusválidos.

El Ayuntamiento invierte 12.000 euros en mejorar la seguridad y el alcalde señala que «toda la obra esté recepcionada y es legal», que los escalones «no son una excepción en la Pola, que también los hay en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, y en el teatro Campoamor o en el proceso al Colegio de Arquitectos». Pues si todo está bien, le pregunte pertinente, ¿por qué diablos el Ayuntamiento gasta 12.000 euros en la reforma? Una reforma que no llegó a solucionar el problema, pues el también socialista Guillermo Martínez, para responder a una demanda vecinal por las caídas frecuentes que se registran caminando por este «engendro», coloca otra barandilla en el lateral de la plaza con una partida del Ayuntamiento de 6.667 euros. Ahora tendrá que indemnizar a las dos mujeres que demandaron al municipio con 10.000 euros y no olvidemos lo que el Ayuntamiento paga (pagamos) a las otras cinco demandas pendientes de resolución judicial, por las heridas graves a causa de los escalones.

Todo esto da pie para hacer memoria de lo que el Ayuntamiento gaste en partidas que no deberían ser costeadas con el dinero de todos, y como nadie está obligado a contribuir con un mal fin, lo de estos señores mal llamados clase política no debería ser costeado con el dinero público.