Pero, ¿hay futuro para la minería asturiana?
Esta reflexión parte del artículo publicado en LNE el pasado próximo 22 de agosto por D. Ángel Suárez Iglesias, secretario de acción sindical de USO-Asturias, al que quiero felicitar por la clara y realista exposición que realiza, mostrando con dedo envuelto en guante de terciopelo las veleidades en que la minería asturiana se ha visto envuelta desde 1998 hasta ahora por la ceguera, desidia, sectarismo, populismo e ignorancia de todos los que han participado (mejor sería decir se han inhibido) en afrontar el problema fundamental y no solucionado de aquélla: su desaparición.
Sobre la base de su exposición, se debe responder a la pregunta que me autoformulo en este artículo, y la respuesta, muy clara, es «no».
Como bien indica el Sr. Suárez Iglesias, a partir de 2012 sólo podrán funcionar las explotaciones definidas como estratégicas por el Gobierno español y reconocidas como tales por la UE, puesto que la adjetivación tiene alcance no exclusivamente nacional sino comunitario. Como ese final estaba fijado ya desde 1998, se establecieron esas ayudas (fondos mineros, entre otros) para enfocar con la debida antelación el cambio de modelo económico para las zonas afectadas, que en Asturias serían las cuencas mineras del Caudal, del Nalón y del Narcea; sin embargo, ya sabemos que su utilización en Asturias ha sido de todo menos productiva y eficaz.
A partir de aquí, perfectamente expuestos los problemas y la situación del sector de la minería asturiana en el planteamiento del secretario de acción sindical de USO, creo que procedería dar los pasos siguientes en búsqueda de soluciones:
En primer lugar, los gobiernos nacional y autonómico deben amparar –digamos que, al menos, no entorpecer– la labor de los empresarios y emprendedores –por supuesto, privados– que traten de dinamizar los principios económicos que sea interesante promover, no sólo en las Cuencas –que dejarán de ser mineras–, sino en toda Asturias, para evitar que nuestra economía sea exclusivamente planificada y subsidiada. La iniciativa ha de partir de la empresa privada cuyo objetivo sea crear riqueza desde nuestro región para todo el mundo.
Sí ha de ser función gubernamental reclamar y aplicar la solidaridad: en primer lugar, con el ejemplo público de austeridad y descenso de los salarios de representantes públicos; eliminación de gastos superfluos y duplicados (incluyendo el adelgazamiento de las administraciones públicas en todas sus instancias) y adoptar las medidas impositivas que realmente funcionan, es decir, bajar, no subir los impuestos. Y con respecto a Asturias, para reclamar solidaridad, ha de tenerse en cuenta que la misma ha de evaluarse y valorarse tanto a escala nacional (situaciones graves de pobreza en Andalucía, Extremadura) como comunitario, con miembros (Rumania, Bulgaria) cuya capacidad socioeconómica es inferior a la nuestra.
Conectando con el punto anterior, se precisan planteamientos realistas de la situación por empresarios y trabajadores, con apartamiento definitivo de la reclamación de la subvención y de la ayuda pública, pues ello lleva al engaño y la falsedad en el afrontamiento del futuro, sabiendo reconocer la dureza del momento en que nos encontramos, de forma que las reivindicaciones sean acordes con las posibilidades de afrontarlas, y éstas consecuentes con el reparto de responsabilidades y aportaciones.
Por fin, en lugar de colocación pero no necesariamente de importancia, creo que sería deseable y ejemplificativo, instar de oficio la acción de la justicia a través del ministerio fiscal o de las abogacías respectivas para que aquélla pudiera determinar si las malhadadas consecuencias de la desviación en la aplicación de los fondos mineros, entre otros, pudieran estar comprendidas en figuras delictivas definidas en el Código Penal como la malversación (artículos 433 y 434), el tráfico de influencias (artículos 428 y siguientes), el fraude y exacciones ilegales(artículos 436 a 438), entre otras...
José Luis Lafuente
Abogado, Oviedo
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