Deficiencias en la coordinación policial en Asturias

Los principios de coordinación y colaboración deben lograr insertar un funcionamiento racional, efectivo y eficiente de los servicios públicos asturianos encargados de garantizar, mantener y mejorar la seguridad pública, sin la cual peligran los propios cimientos de la sociedad democrática y de derecho que conocemos y disfrutamos en la actualidad. Estas técnicas de organización administrativas son imprescindibles para mantener la unidad y la coherencia de actuación en un Estado descentralizado como el español.

En el ámbito de la seguridad pública asturiana y bajo dependencia de sus respectivos organismos públicos, son varios los cuerpos policiales destinados a mantener esa seguridad. No actúan solos en esa ejecución material, ya que existen otros institutos que por su activa participación, en mayor o menor medida, deben ser tenidos en cuenta, como, por ejemplo, las empresas o el personal englobado en la seguridad privada, que dependiendo de las épocas y de los intereses políticos de los distintos gobiernos de España despliegan su actuación con mayor o menor extensión.

Las fuerzas y los cuerpos de seguridad, como el resto de órganos públicos, no han sido ajenos a un ejercicio constante de comparación y rivalidad entre ellos, que establecido estratégicamente por los directores y los gestores públicos para el logro de mejores rendimientos individuales y colectivos ha derivado en un crecimiento cualitativo y cuantitativo muy importante de sus recursos humanos y materiales, que es necesario cuantificar, organizar y dirigir en la misma dirección, que no es otra que ofrecer un servicio público de la máxima calidad a los ciudadanos, con el empleo del menor número de recursos posibles, sin duplicidades de esfuerzos y gastos económicos innecesarios, que al final paga el propio ciudadano.

En Asturias, el ámbito de la seguridad pública padece los mismos síntomas de atrofia que caracterizan al ámbito de la Administración pública en general, en donde imperan los intereses sectoriales y los objetivos partidistas, alejándose poco a poco de la finalidad de su constitución y de la esencia misma de su creación, instalada en un funcionamiento de inercia con meta difusa, cuyo motor peligra en la actualidad por la falta de combustible económico y de gestión eficiente.

El Sindicato Unificado de Policía en Asturias ya ha alertado sobre la inobservancia o la falta de atención debida con respecto a la coordinación y la cooperación policial por parte de las distintas administraciones implicadas y sus responsables de área. Fallan los medios y los sistemas de relación que hagan posible una información recíproca y fluida entre todos los cuerpos policiales, no existe homogeneidad técnica en actuaciones y la acción conjunta de las autoridades se limita a cumplimentar una reglamentación, en ocasiones deficientemente, basada en un modelo policial que debe ser revisado, dado que su configuración se diseñó hace 25 años teniendo en cuenta unos parámetros e indicadores propios de la época, que obviamente no sirven en la actualidad. El despliegue de las autonomías y los entes locales en el desarrollo de sus competencias ha derivado en un incremento cuantitativo y cualitativo importante de sus actividades y recursos humanos y materiales, por lo que los órganos de coordinación y colaboración establecidos están obsoletos y deben redefinirse y adaptarse, ya que se constituyen más como instrumentos decorativos y de cara a la galería que de perfectos medios de trabajo eficaces y eficientes, que eviten el encorsetado y rígido modelo policial, lleno de gigantescos protocolos de actuación y con cada vez más trabajo burocrático para los cuerpos policiales. Todos los policías lo sabemos, la coordinación policial a nivel institucional no funciona, funciona únicamente a nivel de agentes, y no siempre, como demuestran las noticias que saltan a los medios en ocasiones y que los sindicatos policiales profesionales denuncian reiteradamente.

Salvando algún que otro comportamiento arrogante por impune o irresponsable por incapaz, se hace imprescindible trabajar desde un plano y axioma común, priorizando objetivos básicos y de interés general, mediante órganos diseñados de coparticipación y corresponsabilidad, donde participen los policías, para trazar trayectorias óptimas que permitan descongestionar y desenmarañar los objetivos a los que se destinan los recursos públicos, que con demasiada frecuencia hasta la fecha han sido protagonistas de duplicación de servicios, generación de conflictos entre distintos órganos de distinta o de la misma Administración, establecimiento de rivalidades ineficaces y generadoras de desconfianza y, en general, imposición de metas sin tener en cuenta la realidad de las otras administraciones públicas desplegadas en el territorio. Deben evitarse los espacios estancos y las políticas públicas inconexas, por ineficaces y anacrónicas en un mundo de perspectiva global, en el que se deben primar los intereses generales de los ciudadanos, y se debe actuar cumpliendo el principio de coordinación exigido por la Constitución y materializar el deber recíproco de colaboración.

Los ciudadanos necesitan, y los policías requerimos, una política de seguridad lógica, dinámica, proactiva, que se adapte a las circunstancias del momento y del lugar, estableciendo actuaciones operativas conjuntas, sin protagonismos, aprovechando al máximo los recursos existentes, evitando duplicidades y gastos dobles, generando con ello un ahorro económico que necesariamente beneficiará a la sociedad y a las propias administraciones públicas. Se debe, sin premura, trabajar para buscar sinergias que optimicen los recursos y mejoren rendimientos.

El estado social que tanto ha costado alcanzar y una seguridad pública que garantice los bienes, los derechos y los valores para todos están en juego.