Evaluación y carrera profesional

Sorprende el amplio apoyo, casi unánime, del profesorado a la huelga convocada por los sindicatos de enseñanza el pasado 1 de abril. Las habituales diferencias en este colectivo, en parte derivadas de la pluralidad ideológica que debe exigirse en la escuela pública, parecen, al menos momentáneamente, superadas.

Éste es un mérito que, indudablemente, hay que atribuir a los responsables de las consejerías competentes en estos asuntos, que hasta el momento han sido incapaces de presentar al profesorado un modelo aceptable de relaciones laborales, coherente con su pretendido proyecto de modernización de la Administración pública. La repetidamente anunciada ley de la Función Pública asturiana duerme el sueño de los justos, ante la ausencia del mínimo consenso político necesario y, en el caso de los docentes, la carencia del marco estatal que se exige en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Todo ello no ha impedido que a lo largo de los dos últimos años, y sin esperar a los necesarios desarrollos legislativos, se hayan tomado iniciativas (cuya legalidad deberán decidir los tribunales de justicia) relacionadas con el futuro desarrollo de una desconocida "carrera profesional" que, sin tener ningún efecto conocido sobre la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía, ya ha introducido diferencias salariales ligadas esencialmente a la aceptación individual de limitaciones en el ámbito de la negociación colectiva, e incluso una renuncia a la imprescindible seguridad jurídica.

Es en este contexto, de progresivo desarme en lo colectivo, en el que se ha producido la avalancha de exigencias de carácter burocrático al profesorado, por parte de una Administración en el que un grupo de tecnócratas acumula cada día más poder. El delirante y polémico plan de evaluación del profesorado, inevitablemente conectado con la "carrera profesional", ha supuesto la gota que colma el vaso. Nos encontramos ante un sistema de evaluación, obviamente improvisado, que oblliga a maestros/as y profores/as a nuevas e inútiles tareas de registro, ignora el trabajo en el aula, e introduce la subjetividad del superior jerárquico, amenazando la necesaria pluralidad de la escuela pública. Se trata literalmente de una estafa a la sociedad que, como bien nos recuerdan los responsables políticos, es quien finalmente paga, éste y otros excesos.

Nada hay sin embargo, se suele decir, que no pueda resolverse en una mesa de negociación... ¿Cuál o cuáles son las causas del enconamiento del conflicto y de la convocatoria de huelga? ¿Cuál es el innegociable proyecto político que se esconde detrás del controvertido plan de evaluación y de la negativa a constituir una mesa sectoral de educación?

Desde la Administración se habla de la necesidad de optimizar los recursos que se dedican a los servicios públicos, de incrementar la eficacia, de claidad y mejora, y de los positivos efectos que la evaluación del funcionariado tendrá sobre todo ello. No se habla en cambio de las innumerables propuestas (casi siempre ignoradas) que, en ese sentido, se realizan desde los centros de enseñanza, a través de los preceptivos documentos de evaluación redactados por el profesorado, las direcciones de colegios e institutos, y por lso servicios de inspección. La evaluación orientada a mejora es una tradición en la enseñanza públlica, no es una innovación que la consejera Ana Rosa Migoya pretenda introducir en una supuestamente anquilosada administración pública.

La cuestión es que no se trata de eso, de modernizar y de ganar en eficacia, de lo que se trata en realidad es de modificar las condiciones de trabajo del funcionariado en general, y del profesorado en particular, sin pasar por una mesa de negociación sindical en la que los/as afectados/as puedan participar. Se trata de presionar individualmente a los trabajadores animándoles a asumir responsabilidades más alá de sus obligaciones docentes, y desde luego al margen de la normativa laboral vigente. Se trata en definitiva de desrregular las condiciones de trabajo y, paralelamente profundizar en la división de un colectivo que necesita precisamente lo contrario: estímulos para el trabaj cooperativo y a largo plazo. Es una apuesta en la línea de lo neoliberal, en un tiempo en que estos enfoques no pasan precisamente por su mejor momento.

La última resolución de la Junta General, en la que se traspasa la responsabilidad a las direcciones de las centrales sindicales "mayoritarias", pretende explotar las contradicciones internas de éstas, así como el control que desde lo político se ejerce sobre ellas, para debilitar la resistencia del profesorado, enfrentándolo al resto de los empleados públicos. Una peligrosa apuesta, en el que el conjunto de los/as trabajadores/as y sus organizaciones sindicales pueden ser los grandes perdedores. Podría ser que la cohesión interna de estas organizaciones fuera la siguiente víctia de la, al parecer, irrefrenable ascensión política de la consejera Migoya. Ya van dos, no es mal registro para una "carrera profesional" que aún está por escribir.