Respuesta a Gabino de Lorenzo
En respuesta a su escrito, de fecha 22 de agosto de 2008, sobre medidas de estabilidad presupuestaria en el que contesta al que presentamos un grupo de emplead@s públic@s de la Administración del Principado de Asturias como consecuencia de los recortes aplicados en real decreto ley 20/2011 de 30 de diciembre, queremos hacer algunas puntualizaciones al respecto. Manifiesta usted que, «efectivamente, el proceso de consolidación fiscal y de sostenibilidad de las cuentas públicas exige de las administraciones públicas adoptar una serie de medidas extraordinarias, dirigidas a racionalizar y reducir el gasto de personal de las administraciones públicas y a incrementar la eficiencia de su gestión».
¿De qué sostenibilidad hablamos? ¿de la sostenibilidad en su triple dimensión económica, social y ambiental que son los tres pilares de un desarrollo sostenible? Evidentemente, no: el real decreto ley se refiere únicamente a la sostenibilidad económica y ello a costa de oprimir más a los más débiles; por tanto, el término «desarrollo sostenible» tan utilizado por los discursos políticos en general, es claramente manipulador y perverso.
En cuanto a reducir el gasto de personal de las administraciones públicas e incrementar la eficiencia de su gestión, se podría empezar recortando, amén de otras muchísimas cosas, los innumerables puestos llamados de «personal de confianza o asesoramiento», que no están ocupados por empleados públicos, salvo raras excepciones, sino por amigos o personas a las que hay que pagar algún favor; en definitiva, darle un puesto de trabajo. Sin embargo, no se reducen y cuando en algún Ministerio, Consejería, Ayuntamiento, etcétera, lo hacen, es en porcentajes ínfimos, en absoluto en la medida suficiente. Respecto a la eficiencia del personal, le puedo asegurar que los firmantes del escrito que se le envió y de la inmensa mayoría del personal de las administraciones siempre fuimos eficientes y responsables en nuestro trabajo.
Está suficientemente demostrado que las personas que se sienten satisfechas con sus condiciones laborales producen más y mejor que quienes se sienten insatisfechos (tal vez el Gobierno de este país lo desconozca), con lo cual las medidas adoptadas por el real decreto del que hablamos y por otros posteriores, para mejorar la eficiencia, la productividad, etcétera, es posible que produzcan el efecto contrario y los que hasta ahora eran eficientes dejen de serlo y la productividad de los emplead@s públic@s se reduzca.
Menciona usted también que son medidas «que se deben implementar de manera conjunta por todas las administraciones públicas competentes, a fin de ofrecer un cambio estructural y coherente que permita, contemplado en su totalidad, la satisfacción de los mencionados objetivos de austeridad y eficiencia». Estos discursos políticos utilizan un lenguaje maniqueo para continuar sosteniendo el mismo modelo que causó aquello que dicen que van a corregir. Modelo éste fundamentado en prácticas de ocultismo, verticalidad, ordeno y mando, demagogia, etcétera, que, por supuesto, condujo al gasto desmesurado del cual l@s emplead@s públic@s no nos hemos beneficiado.
Asimismo nos indica que el ámbito donde deben tratarse y concretarse las medidas que afectan a nuestro colectivo es en la administración del Principado de Asturias, nos permitimos recordarle que el real decreto ley 20/2011, así como el real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, que nos afecta mucho más que el anterior y que ambos son de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, han sido dictados por el Gobierno del Partido Popular, del cual usted es el máximo representante en esta comunidad autónoma.
No obstante, no se preocupe, que al Gobierno y a la Administración del Principado de Asturias ya les exigimos y les proponemos lo que consideramos que en justicia deben hacer.
Por último, agradecemos su amable ofrecimiento para recibir y comunicar al Gobierno de España las iniciativas y/o propuestas que tengamos a bien, pero ya intentaremos hacerlo nosotr@s, sin intermediarios.
José Luis García Quintanal y Emilio Rabanal Menéndez, en representación de la asamblea de trabajador@s de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, Oviedo.
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