Reflexiones sobre la minería del carbón en Asturias

Al hilo de la situación de la agonía que atraviesa la minería asturiana, conviene hacer una reflexión sobre cuestiones clave como las reservas de carbón, la evolución histórica, el momento actual y la diversificación económica futura.

Empecemos por las reservas del Carbonífero. Los estudios realizados indican que hay reservas importantes en el Carbonífero asturiano. Habría que hacer un análisis global donde se cuantificaran de manera realista y concisa las reservas de carbón, para determinar su importancia económica tanto a escala regional, como nacional y con respecto al resto del mundo. La iniciativa debería partir del Gobierno asturiano, y para realizar la misma podría apoyarse en tres organismos: El Instituto Nacional del Carbón, la Universidad de Oviedo a través de la Escuela de Ingeniería de Minas y las Facultades de Geológicas y Ciencias Económicas, y la empresa pública Hunosa. A través de estos organismos podría establecerse un programa de ejecución del análisis de reservas y la financiación del mismo vendría, en principio, de un acuerdo a tres bandas entre el Gobierno de Asturias, el Gobierno de España y la Unión Europea, pues a los tres les interesa el asunto, aunque con distinta intensidad.

Una vez encauzado el proceso de investigación, si los resultados que se van obteniendo son positivos –la experiencia de investigaciones anteriores es bastante alentadora al respecto–, habría que lanzar un segundo proyecto para ver la viabilidad económica de la explotación de dichas reservas con las tecnologías actualmente existentes o con potenciales tecnologías futuras que se podrían desarrollar de manera interna en Asturias. Las cuestiones de índole tecnológica podrían realizarse en colaboración con los organismos internacionales que investigan al respecto, radicados en Europa, EE UU, Canadá y Australia, principalmente.

A partir de la información obtenida de estas dos líneas de investigación, es posible definir una estrategia económica de la viabilidad del carbón asturiano de una forma racional y diferente de la actual, basada en la solución de los problemas para «salir del paso», y siempre con planteamientos económicos muy a corto plazo. ¿Hay sensibilidad en la ciudadanía asturiana con respecto a lo planteado? Es ésta una cuestión para la reflexión, pues la iniciativa debe generarse en Asturias e impulsarse desde aquí, si es que queremos instaurar una nueva era en la organización del conocimiento que permita el despegue socioeconómico.

Evolución histórica (1956-2012). En los últimos cincuenta y cinco años hay que distinguir dos grandes etapas: la primera (1956-1975), durante las dos últimas décadas del franquismo, y la segunda (1975-2012), que transcurre en los últimos treinta y siete años de democracia.

La evolución desde el cincuenta y seis hasta la actualidad es una constante disminución del valor de la producción y, paralelamente, de los medios humanos empleados en la misma. Es decir, una contracción total de la actividad hasta llegar a las cifras actuales, prácticamente antesala del cierre definitivo. Cuando en 1956 empieza el estudio del Plan de Estabilización de la Economía Española, comienza paralelamente el declive de la minería del carbón en Asturias. Significa el principio de la apertura de la economía española al exterior, y esta circunstancia, para el carbón, supone el inicio de la pérdida de las medidas de protección que tuvo hasta entonces. A pesar de este cambio de estrategia en la economía española, el régimen protegió el carbón por razones de «nacionalismo económico» y también por razones de índole política: había que mantener la «paz social», y los mineros podían representar un peligro para el régimen.

Durante este período se produce la nacionalización de la minería del carbón en Asturias, con la creación de la empresa pública Hunosa; y paralelamente, en estos años, hay que destacar la lucha de los mineros por el mantenimiento y mejora de sus condiciones sociolaborales. A pesar de todo, la actividad minera estaba «sentenciada», pues no era competitiva y el régimen de Franco tan sólo dilataba en el tiempo la toma de decisiones económicas con vistas a la reconversión del «sector» y su posterior liquidación, que es lo que está ocurriendo en la actualidad.

Con la restauración de la democracia en España, continúa la disminución de la actividad del sector –producción y recursos humanos–. Para paliar estos efectos se siguen dos vías: los acuerdos de prejubilaciones para los mineros –política de protección social–, y las políticas de diversificación económica, con el objetivo de mantener la actividad minera. En el momento presente esta actividad es muy pequeña, no llega ni a dos mil el número de mineros de la cuenca central. Y si bien las prejubilaciones han funcionado razonablemente en este período, la diversificación económica no lo ha hecho en la misma medida: las políticas de creación de un nuevo tejido empresarial no han podido compensar el declive de la actividad minera. Además, actualmente, las restricciones económicas que plantea el Gobierno a las subvenciones directas a la producción significan prácticamente el fin de la actividad minera .

Llegados a este punto, ¿qué pueden hacer los mineros, después de meses mostrando su rechazo a la reducción de las ayudas al carbón, y teniendo en cuenta la postura de firmeza del Ministerio de Industria, en un marco general de preintervención o futura intervención de España por la Unión Europea? La respuesta la iremos conociendo las próximas semanas; pero lo que resulta prioritario es la defensa de las condiciones sociales de los mineros –prejubilaciones y otras medidas complementarias– antes que las políticas activas de producción que pudieran reivindicarse, pues «la suerte está echada», y es la UE la que marcará la política de subvenciones, y la «hoja de ruta»de cierres y potenciales producciones de seguridad.

Además, está la patronal del carbón, cuya estrategia va en función del desgaste de la empresa pública Hunosa. Según vaya cerrando ésta, la minería privada se queda como «dueña y señora» de la situación, junto con el Estado, pudiendo reorganizar según sus intereses, todos «los activos mineros» generados a lo largo de los años. Y primordial es también el papel del Gobierno de Asturias, que deberá ser proactivo en los próximos meses, para abordar el nuevo modelo de minería y la diversificación económica de las Cuencas.

Una cuestión clave es que las condiciones económicas de los mineros –principalmente las condiciones sobre futuras prejubilaciones–, sean uno de los puntos en los que los sindicatos y el ministerio puedan llegar primero a un acuerdo, pues teniendo en cuenta el momento en que se encuentra España a nadie le interesa «incendiar la calle», y la prioridad de los sindicatos debe ser defender el marco económico futuro. Lo que si sería deseable es que hubiera «luz y taquígrafos» en la exposición de los acuerdos a los que lleguen, evitando el oscurantismo y los acuerdos «por debajo de la mesa», que a lo único que conducen es al escepticismo y a la desconfianza de la ciudadanía.

Diversificación económica futura y momento actual. Se menciona a menudo el tema de los «famosos 24.000 millones de euros invertidos en los últimos catorce años», y parece que no se ve del todo clara su materialización. Por ello, una de las tareas del actual Gobierno de Asturias es una política de transparencia para analizar las inversiones realizadas, señalando las debilidades, si las hubo, en el control y ejecución de esa materialización. Asistiríamos así a un nuevo modelo de gestión de inversiones y diversificación, siendo una de las maneras de recuperar la confianza de los ciudadanos y del resto de las instituciones en el futuro. Un futuro donde lo primero a considerar es la menor cuantía de recursos para los proyectos, que habrá que analizar con mucho rigor para que los resultados que se puedan obtener compensen la desaparición de la actividad minera. Habrá que potenciar a los emprendedores en las Cuencas, y diversificar hacia los sectores que la UE considera más competitivos. Se puede ensayar un nuevo modelo de «estrategia minera» basado en una nueva economía para las Cuencas, contando con que las instituciones sean autocríticas y acepten nuevas formas de pensamiento y gestión, y siempre con la vista puesta en una economía más diversificada e integrada en Europa y en el mundo.

Desde finales de julio el conflicto minero se encuentra en un estado de «tregua», y los mineros acordaron volver a los «tajos». ¿Qué puede ocurrir? En principio, se vislumbra que la «hoja de ruta» la marcará el Ministerio de Industria, y que las condiciones para la negociación serán las del Gobierno español. Es deseable que la negociación sea racional y económicamente aceptable, pudiendo significar una solución definitiva a la «política minera» llevada hasta ahora. Al hilo de esto, quiero recordar dos citas del año 1995, referidas al problema del carbón en Asturias, y cuyo contenido sigue plenamente vigente. La primera es de Juan Velarde: «…El primer golpe de piqueta lo ha recibido con el Plan de Estabilización de 1956, que supuso que se abriera al exterior el modelo español de industrialización. Con ello, el carbón retrocedió rápidamente en su significación en nuestra economía. Soluciones como Hunosa no sirvieron para atajar un proceso gravísimo… Hay que escudriñar todo lo que en el pasado se hizo mal, y lo que los expertos, explorando el presente y el futuro, indican que es el camino que se debe seguir…». La segunda reflexión es de Álvaro Cuervo: «Somos una pequeña región de un mundo en cambio, y al mismo tiempo nos consideramos víctimas, cuando somos en parte responsables de nuestro empobrecimiento y de nuestro declive… El futuro exige que desaparezca la cultura de la empresa pública que ha condicionado nuestra región. Ello tiene como elementos clave: a) El ajuste de Hunosa, su cierre como tal empresa en el más corto período, que sea socialmente aceptable…»