Un impuesto al dolor añadido
La subida del IVA a principios del pasado mes de septiembre, está teniendo un efecto muy negativo sobre los precios al consumo, que ha registrado una elevación del IPC de ocho décimas llevandolo hasta el 3,5%
El alza del IVA a la vuelta de las vacaciones --para quienes las han tenido, que no es sinónimo de haberlas disfrutad0--, con permiso del Consejo de Ministros se ha colado en nuestros bolsillos, en el café de las mañanas, en la cesta de la compra y en el recibo de la luz, entre otros, y se ha convertido en el indiscutible protagonista del mes de septiembre que acabamos de dejar, presentándolo en nuestra economía como un puerto de montaña, tal que el Angliru, de primera categoría, para toda la sociedad de consumo.
No es el valor añadido de unas prestaciones sociales que se reducen, ni de una solidaridad que se ve amenazada, como ocurre con el "apartheid" sanitario a que se ha sometido a miles de seres humanos que conviven entre nosotros. Tal vez ese valor sea el de rellenar un agujero negro que la amnistía fiscal a los grandes defraudadores no compensó; o el que se hace al dictado de otros poderes externos y ajenos al pueblo, o el que quiere complacer a los mercados financieros, o las de un despilfarro público donde muchos se llenaron los bolsillos y en el que señalamos como muestra vergonzante los Eres irregulares.
Para no seguir disfrazando las cosas, podíamos pedir al Congreso de los Diputados que en lugar de Impuesto sobre el Valor Añadido, se llamara Impuesto al dolor añadido, al sufrimiento acrecentado de una sociedad por el desempleo y la recesión, por la indolencia y la ineptitud de muchos. Porque si lo que compras ni tiene valor añadido, tampoco lo tendrá para el sufrido contribuyente, más bien presa del miedo que del valor, y sobre todo del dolor. Como escribe el uruguayo Eduardo Galeano, "hay dolores inevitables, pero las autoridades planetarias agregan dolor al dolor y encima nos cobran el favor que nos hacen". En dinero contante y sonante pagamos cada día el impuesto del dolor agregado.
Esta última subida, que presagia que el IPC será elevado también en noviembre, es una mala noticia para las arcas públicas y para los pensionistas, ya que previsiblemente el Gobierno no considerará posible corregir la desviación entre la subida de pensiones de este año y la inflación real, lo que tendría un coste cercano a los 5.000 millones de euros.
Lo más probable es que el Gobierno cumpla su promesa de subir las pensiones, pero que se quede a medio camino. Las próximas elecciones en Euskadi y Galicia y a continuación en Cataluña, y dependiendo de sus resultados, estos podrían convencer al Ejecutivo de Rajoy de que los pensionistas un año más pueden ser dejados de lado.
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