Hay que reaccionar

La mayoría de los españoles estamos indignados, aunque muchos no lo exterioricen, ante las informaciones sobre nuestra democracia y principalmente sobre la actuación ilícita o amoral de algunos de nuestros representantes y que gracias al periodismo de investigación se van conociendo poco a poco y últimamente con mayor frecuencia. Estamos en una profunda crisis y los que más la sufren, los más débiles, contemplan cómo se dictan medidas que van limitando y disminuyendo su nivel de vida y sus derechos, sin que nuestra clase política se aplique los mismos criterios de autoridad que recomienda para el resto de los españoles. Afloran conductas delictivas de algunos de nuestros representantes, se descubren actuaciones de quienes manejaron o actúan sobre los caudales públicos como si les pertenecieran, y, sin embargo, ni dentro del propio partido, ni en los que en ese momento ejercen la oposición, surgen voces exigiendo la depuración de responsabilidades.

Creo que la crisis tiene, como LA NUEVA ESPAÑA me permitió exponer, una causa profunda que, expuesta sucintamente, se concreta en el abuso que hizo la «Europa civilizada» de los recursos del planeta, pues hoy los pueblos explotados quieren tener el mismo nivel económico y político que el que tienen los que fueron sus colonizadores, sin que nuestro mundo tenga capacidad para hacer realidad esa exigencia, ya que para vivir la humanidad al mismo nivel que, por ejemplo, tenemos los españoles se necesitaría un planeta con el doble de la capacidad que tiene la Tierra. Hemos expoliado a muchos pueblos y, ante el renacer de éstos, los países europeos intentaron mantener sus «privilegios», lo que significó el declive de la Comunidad Europea por la derrota que sufre la democracia por los poderes económicos. A España le afecta esa derrota en el ámbito comunitario, lo que nos exige determinados comportamientos con disminución de nuestro nivel de vida. Pero es en el ámbito nacional donde existió y existe una política irresponsable y corrupta del despilfarro, donde podemos y es necesario luchar contra esta situación para corregirla, para lograr una buena administración de nuestros recursos, y, aunque esta lucha en algún aspecto pueda ser tardía ante tanto mal ocasionado, es indudable la obligación de tomar medidas correctoras y la de intentar transformar la sociedad para dotarla de los valores éticos necesarios para un cambio en nuestra forma de vivir política e individualmente, pues en mayor o menor medida todos fuimos culpables de esa situación.

Hoy quisiera transmitir algunas ideas, quizá no compartidas por la mayoría, sobre quienes, a mi juicio, pueden influir y tienen la obligación moral de intentar una transformación de nuestra sociedad para lograr el nivel de vida que nos corresponde por nuestro trabajo.

En España teóricamente estamos en una democracia, es decir, en el Gobierno del pueblo por el pueblo, pero la realidad demuestra que por nuestra falta de valores éticos estamos en presencia de una democracia devaluada, ya que no es el pueblo quien elige a sus representantes, sino los partidos políticos con las consecuencias que este modo de elección acarrea.

La Constitución nos señala que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Según su artículo 67, expuesto en términos asequibles a todo el mundo, los miembros de las Cortes han de decidir según su criterio, sin estar sometidos al mandato de los políticos ni al de sus electores, lo que entraña un sistema equiparable a las viejas democracias del planeta.

Pero la ley electoral, imponiendo sus listas cerradas, alteró este principio. ¿Por qué hago esta afirmación? La sumisión de los elegidos al jefe del partido provoca la desaparición del principio de la separación de los poderes propio de la democracia. El poder legislativo no existe, de hecho, para los problemas importantes, pues es el jefe del Gobierno de turno quien determina las leyes y su contenido, y el poder judicial, que en la teoría de Montesquieu actuaría como poder moderador, carece de facultades para atajar estos problemas, máxime cuando la justicia está desprestigiada en nuestra patria por el ataque consentido a la independencia judicial, ataque que encontró respaldo en miembros de la carrera judicial. Por esa intervención política y esa sumisión nuestros jueces para una parte de la sociedad son progresistas, conservadores, etcétera, cuando únicamente tenían que ser «jueces».

Bajo este planteamiento y teniendo presente, como he indicado, que todos nosotros somos culpables de los defectos de nuestros políticos, pues como ciudadanos olvidamos los principios éticos, se presentan como principales problemas el de convencer a nuestros políticos de su desconexión con la sociedad, con la consiguiente necesidad de actuar, y el de educar a la sociedad, pues únicamente respetando esos valores éticos puede tener lugar la verdadera democracia.

¿Quién puede ayudar en este campo?

Muchos políticos son personas idealistas, honradas, que se encuentran en este campo porque estiman que su esfuerzo es necesario para el bien de la sociedad... ¿Pueden esas personas honradas e idealistas demostrar el desmadre político que existe en España? El camino es largo y los intereses creados inmensos (incluida la mutua protección «de hoy por mí, mañana por ti»), salvo que esos políticos se muestren dispuestos a realizarse el haraquiri como hicieron los que promulgaron la ley de la Reforma Política, y volver al mandato del artículo 67 de la Constitución, con listas abiertas para aminorar la influencia de los partidos, única forma de resucitar la democracia como sistema de gobierno del pueblo, con derogación de todas esas leyes que violando los principios constitucionales nos trajeron a esta situación. Esta dificultad no sería tal si los políticos se pararan a contemplar el cansancio de los ciudadanos. Ya es la hora de tomar decisiones en este sentido, ya es hora de reducir el número de nuestros políticos y sus beneficios, muchas veces con duplicidad de retribuciones o camuflándolas, por ejemplo, como dietas... etcétera (la enumeración sería infinita), ya es hora, en resumen, de que den ejemplo a sus conciudadanos.

Podemos pensar en las fuerzas sociales como coadyuvantes, pero no como protagonistas del cambio. En la patronal todavía no caló la valoración del trabajador como el valor primordial de la empresa, no está impregnada en esos principios constitutivos y por ello no puede expandirlos. Los sindicatos que han actuado con gran corrección en momentos trascendentales, como en los pactos de la Moncloa, tienen en su contra que han tenido intervención, por ejemplo, a través de las cajas de ahorros, en muchas medidas de carácter económico que nos llevaron a esta situación, carecen de una representación real de los trabajadores y se sustentan en determinados momentos en actuaciones trasnochadas, de lucha de clases, que ignoran los principios de igualdad o el respeto a los derechos de los demás. Esto que afirmo parece muy fuerte, pero ¿cómo se pueden calificar sus actuaciones si son los máximos enemigos de una regulación del derecho de huelga?, (pues la ley que tenemos viene ya de la época de Franco), y todos conocemos, por ejemplo, lo que significan sus piquetes informativos...

Es evidente que en los países donde es más efectivo el sistema democrático existe una mayor educación cívica, se respetan los valores éticos, la libertad, la igualdad, la dignidad de las personas... y los ciudadanos no son tratados por los políticos como seres menores de edad que necesitan ser tutelados, ser dirigidos. Esta realidad nos lleva a preguntarnos qué ocurrió con nuestros sistemas educativos para que lleguemos a ser un país tan insolidario, un país en el que se incumplen las leyes e, incluso, se presume de ello, un país en el que la mayoría de los políticos, como se desprende de los resultados de sus actuaciones, para perpetuarse en el poder contempla con preferencia el interés propio o el de su partido al interés de sus ciudadanos. Indudablemente, en esa educación tuvieron intervención tanto la enseñanza pública como la privacidad mayoritariamente religiosa.

La democracia como forma de gobierno es anterior al nacimiento del cristianismo, pero es innegable que la Europa cristiana, basándose en la cultura creada sobre su doctrina, matizó esa forma de gobierno haciéndola consustancial con esos valores éticos a los que me vengo refiriendo. Pero internamente la Iglesia no atendió a esos valores o al signo de los tiempos, no evolucionó y mantiene una doctrina inamovible, entre otras, en materia de concepción, investigación celular, divorciados vueltos a casar... etcétera, con olvido de la evolución cultural, los avances de la ciencia y los poderes de «atar y desatar» que le fueron concedidos, mientras que en sus homilías apenas existe referencia, por ejemplo, a si es o no es una obligación, de qué intensidad y de qué tipo, el contribuir al bien común con el pago de los impuestos, que casi únicamente se mencionan cuando nos los recuerda para que señalemos con una cruz el destino social que queremos dar a los nuestros. Por ello en el momento actual la sociedad, en materia de organización de la convivencia, ignora a la Iglesia y así seguirá mientras no se produzca una verdadera revolución en su organización piramidal y no se atienda a la evolución de la sociedad y se dé más participación del cristiano de base.

Indudablemente existe el cuarto poder, los medios de comunicación, que puede inclinar la balanza en ese enfrentamiento entre los ciudadanos indignados y la clase política. Actualmente vemos cómo la prensa en mayor o menor medida, según su orientación política, está poniendo de manifiesto al ciudadano el cúmulo de errores y de mala administración que sufrimos en el pasado, y así viene haciendo LA NUEVA ESPAÑA a vía de ejemplo en su editorial del día 7 de octubre.

En su profesión el periodista puede adoptar diversas posturas como puede ser la de relatar simplemente los hechos sin pretender influir en la historia; puede orientar al lector para adquirir los conocimientos necesarios de un espíritu crítico, es decir, eso que llamamos cultura, y finalmente incardinada en esta misma postura, y dado que el hombre es un ser político, dirigiendo la voluntad del lector en una determinada orientación política. Posturas todas lícitas y correctas, pero quizá fuera necesario que en esa información se fueran destacando, aunque ello está implícito en la crítica que se realice, esas conductas éticas que son necesarias para la existencia de una verdadera democracia, lo que han olvidado tanto nuestra sociedad como nuestros representantes.