La justicia, más cara
La justicia está revuelta. Jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios... tienen conflictos con el ministro de Justicia, que, según parece, se ha lanzado como caballo desbocado a hacer reformas de todo tipo, abriendo frentes y creando problemas donde reinaban sosiego y tranquilidad.
Siempre hemos creído que en un Estado de derecho, indefectiblemente, debe estar garantizada la petición de protección ante los tribunales. Si la subida de tasas judiciales pone en peligro este derecho del ciudadano, se estará haciendo un flaco favor al mismísimo principio de justicia.
Las tasas judiciales que pretende implantar el ministro Alberto Ruiz-Gallardón son para la justicia la versión de los recortes aplicados en otros sectores. Ya que si para recurrir contra una multa de 100 euros hay que pagar una tasa de 200, está claro que muy pocos lo van a hacer. Sí, serán muchos los que dejarán de reclamar sus derechos ante los tribunales porque será más barato renunciar a ellos. Seguro.
En el afán recaudatorio sin contrapartida alguna parece mover este incremento, que oscila entre los 50 y los 750 euros, ya que justificarlo como medida disuasoria de las demandas choca con la enorme cifra de admisión de éstas. La subida general es excesiva y, en muchos casos, en lugar de actuar como un filtro o tamiz lo hará como un simple freno al recurso a la justicia. El ciudadano medio y las pequeñas empresas, que no pueden acceder a la justicia gratuita, serán los principales perjudicados.
Algo funciona mal en un país cuando sus habitantes perciben que la justicia, uno de los pilares básicos del Estado de derecho, se aplica de distinta manera a los ricos que a los que no lo son, o cuando unos pueden pagarla y otros no. El encarecimiento de un servicio y un derecho fundamental en democracia es lo que está moviendo a manifestarse a cientos de togados en diferentes ciudades españolas. En este apasionado escenario –con 4.000 jueces, 2.000 fiscales y miles de abogados amenazando al ministro Ruiz-Gallardón con una guerra de togas–, la justicia española se asoma al precipicio del colapso y del descrédito social.
A la diosa Themis siempre se la presenta con la venda en los ojos, la balanza y la espada, símbolos de la imparcialidad, la capacidad para valorar los argumentos de las partes y la fuerza para hacer imponer sus posiciones. Con respecto a lo primero, existen muchos ciudadanos escépticos que aprecian diferentes varas de medir, o embudos con distinta estrechez; la balanza tampoco pasaría una afinada supervisión, y la espada, en numerosas ocasiones, tiene doble filo.
La reforma que pretende el ministro Gallardón hace que la diosa desocupe una de sus manos, la derecha, y la extienda hacia el justiciable pidiendo dinero. Le cae la venda de los ojos, se guarda la balanza y solo maneja la espada para exigir la pasta. Estamos, pues, ante una diosa de pago. Y el gran público por esa exigencia no podrá acceder a ella.
Por ello, si el ministro causante de este estado de situaciones no percibe por sí solo la que está armando, el presidente del Gobierno debiera llamarle a capítulo.
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