Legalidad, justicia y desahucios
Hace poco más de un mes que estoy ausente del país y mi atención se desplazó hacia otras urgencias inmediatas y no menos apremiantes del pueblo que me acogía. Si bien estuve al tanto de lo más llamativo de aquí, me distancié de la inaplazable cotidianidad y trato ahora de «ponerme al día». Voy recuperando retazos del vivir tantas veces silencioso y anónimo que revela el pulso real de un pueblo soberano y no infrecuentemente suficiente. Rescato de la primera página de los diarios el grave problema de los desahucios, uno de los picos del iceberg actual. Marché con el caso de Jorge Cordero, en Oviedo, aparentemente encarrilado –no sé si definitivamente salvado–, pero sin que esa temible la espada de Damocles hubiera dejado de amenazar a tantos miles de familias, por no contar otros tantos a quienes ya segó ¡ay! la cabeza.
Lo impactante es que las entidades bancarias parecen haberse flexibilizado para «casos extremos». Digo «parecen», porque no puedo evitar un profundo recelo y una justificada desconfianza. Entrecomillo «casos extremos» porque todos los desahucios son indudablemente casos extremos. Ya sé que la finísima –y en este caso injusta– navaja de la legalidad comparativa osa discernir sobre «extremidades». Como si lo extremoso no fuera lo excesivo, lo exagerado, lo gigantesco, lo descomunal, lo monstruoso... ¿Acaso bancos, Gobierno o vaya usted a saber qué otro poder (no merece llamarse autoridad, ya que ésta es, por definición, servicio) se atreverán a graduar, escalonar, medir, calibrar, tasar la monstruosidad? Siempre pensé que lo descomunal –lo monstruoso– no admite gradaciones ni «graduadores». Es de por sí un superlativo ético, no sólo gramatical, y tratar de menguarlo sería, a mi juicio, un desatino ético, no sólo una incorrección gramatical. La monstruosidad no admite rebajas, por mucho que se afine el discurso. ¿Acaso no pesan en la conciencia las personas que –ahora me he enterado– se han estrellado contra el asfalto empujadas por la legalidad? ¿Se pretende igualar ley con justicia? ¿Qué ley?, ¿qué legalidad? Temo se anteponga el orden a la justicia. Craso error que merece denunciarse y contra el que es preciso rebelarse.
Hay aún otro asunto que quiero resaltar. Leía en «El País» (13 de noviembre de 2012, página 12) lo siguiente en boca de don Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior: «La Policía está para cumplir y hacer cumplir la ley, ése es un mandato constitucional». Y proseguía: «La Policía cumplirá y hará cumplir la ley y las órdenes de las autoridades legítimas, en su caso judiciales, en los desahucios de viviendas». Olvida, creo yo, el señor ministro que una ley injusta no debe cumplirse ni puede obligarse a que la cumplan los agentes de orden público; que una ley promulgada no se convierte necesariamente en una ley justa. Sólo lo será si respeta, salvaguarda y protege los derechos humanos. Y el derecho a una vivienda digna lo es, y básico.
Recuerdo las palabras de Luther King ante la tibieza de los moderados y timoratos: más preocupante y temible (que la virulencia del Ku Klux Klan y los insaciable segregacionistas) es «la tibieza del blanco moderado que antepone el orden a la justicia; que prefiere una paz negativa, que supone una ausencia de tensión a una paz positiva que entraña presencia de justicia; quien dice continuamente: “Estoy de acuerdo con el objetivo que usted propone, pero no puede aprobar sus métodos de acción directa... quien vive de un concepto mítico del tiempo y aconseja al negro que aguarde a que llegue un momento más oportuno”. La comprensión superficial de los hombres de buena voluntad es más demoledora que la absoluta incomprensión de los hombres de mala voluntad. Resulta mucho más desconcertante la aceptación tibia que el rechazo sin matices». Palabras que, pienso, nos interpelan también en la presente situación, y a las que no deben hacerse oídos sordos.
Y no se alarmen, no. No existe peligro de anarquía ni de desmadre. Existe, eso sí, posibilidad y renovada oportunidad de justicia y solidaridad, que es lo esencial. E inaplazable. Y no conviene demorar su puesta en práctica.
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