Difícil acceso a la justicia
En menos tiempo pocas leyes hasta ahora han suscitado un rechazo tan unánime y tanta polémica como la ley de tasas judiciales que ha entrado en vigor el pasado 22 de noviembre. Hace escasos días. Pero, paradójicamente, después de que el Gobierno haya acelerado al máximo su tramitación, la subida impositiva no empezará a aplicarse en los tribunales hasta dentro de varias semanas. El tiempo que Hacienda tarde en tener listo el procedimiento y los impresos necesarios para comenzar a cobrar esas tasas que siguen rechazando los operarios jurídicos, sindicatos, asociaciones ciudadanas y de consumidores y hasta, incluso, algunos dirigentes del PP.
Después de celebrada la última huelga general y en medio del follón causado por el drama de los desahucios, se coló de rondón la ley de tasas que establece nuevas tarifas en la administración de justicia a los particulares –hasta ahora sólo afectaba a personas jurídicas– y en todas las jurisdicciones, salvo en la penal.
De poco o de nada han servido la opinión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de asociaciones del mundo del derecho o las protestas de la abogacía –en Asturias hubo manifestaciones en varias ciudades– para frenar estas nuevas reformas cuyas tarifas limitan los derechos ciudadanos en un bien tan básico y sensible como es la justicia. Dice el ministro Gallardón que la imposición de tasas tan elevadas se hace para disuadir a quienes denuncian por el hecho de denunciar y, a la vez, con el fin de no colapsar los juzgados. La realidad resultante es que ponerle precio a la justicia –sinceramente lo creemos– es repartir más injusticia.
Pero a poco que se reflexione sobre el tema, en principio, lo que se consigue con esta ley es poner impedimentos «en forma de euros» que dejan a muchos ciudadanos sin la tutela judicial efectiva. Primero fueron los impuestos y la congelación de salarios, siguieron la sanidad, la educación, la dependencia y ahora aprueban esta ley de tasas que impone unos aranceles abusivos en virtud de los cuales solo los ricos podrán acudir a la justicia. Los pobres y la gente de nivel medio quedarán desprotegidos e imposibilitados por carecer de recursos para solicitar justicia, sea por una multa de tráfico, por un despido improcedente o una discrepancia con la Administración.
El ministro Gallardón no ha logrado convencer a casi nadie, ya que todos los implicados en el tema consideran que desde ahora la justicia no será igual para los ricos que para los que no lo son. Solo la capacidad económica de cada persona determinará el tipo de justicia que le corresponde. Una circunstancia que vulnera la igualdad de los contribuyentes españoles y el acceso de tutela efectiva. Si el Ministro lo que pretende es hacer frente al problema del exceso de litigiosidad en nuestro país, no parece ser que ni el fondo ni las formas sean los más adecuados. Por otra parte, si se está gestando una ley de Justicia Gratuita, como ha declarado recientemente el Ministro, ¿por qué no la preparan a un mismo tiempo? ¿a qué hacerla en dos plazos y provocar así un rechazo que empieza en los ciudadanos y quizá no termine en los jueces? Ello, lógicamente, nos lleva a pensar que, aun faltando los impresos para realizar la liquidación, es por la necesidad de agenciar dinero cuanto antes.
La respuesta a esta faena chapucera no es otra que la gratuidad reglada puede esperar, lo primero y más importante es recaudar.
Creemos que para reducir la litigiosidad puede haber otras medidas alternativas a esta nueva ley de tasas, que ojalá no acabe siendo una incitación a que los más desfavorecidos tomen la justicia por su mano.
En esta reforma, como en otras muchas que se están haciendo últimamente, estimamos que antes de legislar el Gobierno debería escuchar a los profesionales del ramo y mucho, muchísimo, a la gente de la calle.
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