El sacrificio de los más sacrificados
Los jubilados, que ya en 2011 sufrieron la congelación de sus rentas y no recibieron paga compensatoria ese año, volverán a perder poder de compra en éste. Sus pensiones subieron un 1% a primeros de enero y la inflación de noviembre ha quedado en el 2,9 por; perderán, por tanto, un 1,9% de poder adquisitivo.
Por lo que se ve para el Gobierno lo prometido no es deuda y hasta llega a saltarse a la torera ciertas promesas. El presidente Rajoy ha asegurado en diferentes ocasiones que no tocaría las pensiones.
Pero se consumó el engatusamiento. Después de meses de vaguedades y verdades a medias el Gobierno deja a los cerca de 9 millones de pensionistas sin la actualización de sus percepciones por jubilación. De nada sirvió el compromiso electoral, de nada su discurso de investidura o sus manifestaciones en las campañas electorales de Galicia o Cataluña. Tampoco de nada ha servido que existe una norma con rango de ley, la Ley General de la Seguridad SociaL, que en su artículo 48 garantiza la revalorización automática de las pensiones de acuerdo con las desviaciones del IPC.
El tijeretazo a las pensiones es rechazable porque --digámoslo alto y claro-- las pensiones en España son enormemente bajas. En nuestro país el número de jubiladps con rentas altas es anecdótico. De los 9 millones existentes solo el 4% tiene rfentas superiores a la máxima que es de 2.522 euros brutos. Por el contrario hay más de seis millones que cobran menos de 664 euro brutos mes. Jubilados que, además, desde que Rajoy es el presidente, han tenido que soportar el medicamentazo pagando por las medicinas, subidas del IRPF, del IVA y hasta del IBI, amén de otras escaladas de precios al consumo.
Sí, es muy cierto que la brutal crisis provocada por los especuladores financieros e inmobiliarios está ocasionando un considerable destrozo en la mayor parte de la sociedad, pero también lo es que dada la baja cuantía de las pensiones no es de justicia reducirlas todavía más porque, entre otras cosas, es el grupo más vulnerable de la sociedad española.
En los años de la expansión económica, cuando muchos colectivos incrementaron sus ingresos de forma importante, las pensiones en España de una forma generalizada, crecieron lo mismo que el IPC, porque así lo decía la ley. Y sin embargo ahora que la misma norma debería servir de protección y no de límite, el Gobierno se la salta a la torera.
Después de que Bruselas haya felicitado a Rajoy por el recorte de las pensiones que ha llevado a cabo, pasándose por el forro el pacto de Toledo y asegurando de esta forma el sueldo y las jubilaciones de la casta política, son varios los partidos que están estudiando las vías legales para llevar esta actuación al Tribunal Constitucional. El nuevo recorte que planea el Gobierno pasa porque las pensiones no suban de acuerdo con el IPC. Esta decisión tan desequilibrada, caso de llevarse a efecto, provocará grandes desigualdades y una consdeirable reducción del poder adquistivo.
Todas las políticas son discutibles, pero lo que es insoportable en una sociedad democrática es tener un Gobierno que miente y engaña a la ciudadanía. Es muy difícil vivir en un país en el que los ciudadanos no pueden fiarse de las promesas de su Ejecutivo y de su presidente.
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