La mentira y la falsedad documental, base de nuestro sistema educativo

Cientos de padres este año se van a quedar sin escolarizar a sus hijos, o van a tener que hacerlo en colegios muy distantes de la opción que hubieran deseado, y que legal y legítimamente ejercieron el pasado 4 de mayo. Si estamos de acuerdo en que la base de un sistema educativo es la escolarización de los niños, podemos afirmar que el español, en concreto en Asturias, se basa en la mentira y en la falsedad documental.

Publicadas las listas de los niños escolarizados para el próximo curso, hay padres que no entienden cómo viviendo enfrente del colegio que eligieron como primera opción para su hijo, teniendo los 8 puntos de rigor por su domicilio, no figura su hijo entre los admitidos. Pero esta desazón se convierte en auténtica desesperación cuando comprueban que los hijos de personas que conocen, incluso de amigos suyos, que ni viven ni trabajan en la zona de influencia de ese colegio, ni tienen hijos con necesidades educativas especiales, sí han logrado escolarizar a sus hijos en el colegio que hay enfrente de su casa.

¿Cómo es posible tanta sinrazón?, ¿qué criterio se siguió para denegar a unos padres la escolarización de su hijo en el colegio del que son vecinos, que habían elegido como primera opción?, y, sin embargo, ¡sí se admitió la de niños que viven en el otro extremo de la ciudad!

¿Cómo van a decirle esos padres a su hijo que no puede acudir a ese colegio, ni jugar en esos patios, porque hubo otros padres que falsificaron la documentación que aportaron para acreditar el domicilio familiar o de trabajo, sin que nadie se haya tomado la molestia de cotejar la veracidad de los documentos presentados?

A partir del mes de febrero los cambios en la oficina del Padrón Municipal de Habitantes se van incrementando, hasta llegar al mes de abril, en que se forman verdaderas colas para cambiar el domicilio familiar por otro más oportuno, elegido a la carta, que permita el acceso de sus hijos a un determinado colegio, que de otra forma no les correspondería, y que pagamos todos.

El cambio de domicilio más socorrido consiste en buscar un cómplice (abuelos, hermanos, tíos, o simplemente un amigo) que firme, como titular del domicilio ocupado, la solicitud de cambio que se presenta. A continuación se solicita una certificación, o un volante de empadronamiento, que es más socorrido, y en el que sólo figuran los inquilinos de la vivienda que al rapiñador de la plaza escolar le interesa presentar. Nadie se va a fijar en que en el apartado de observaciones, precedido de la expresión «Personas empadronadas en este domicilio» constan unos guarismos exagerados, como si de un piso-patera se tratara, y del que, si se pidiera el detalle, veríamos que entre unos y otros, en muchos casos, no existe ningún tipo de parentesco.

Estos cambios de domicilio se hacen sin necesidad de aportar documento alguno, sin comprobar posteriormente la situación de hecho real, ni siquiera se le pide al titular de la vivienda ocupada que su declaración sea jurada.

Hay familias que han condicionado la elección de su domicilio al colegio que querían para sus hijos, para que ahora unos piratas sin escrúpulos, y amparados por la ineficacia y dejación de responsabilidad de las autoridades, les priven de un derecho legítimo.

Se complica el cambio de domicilio si la nueva vivienda no está ocupada. En este caso la oficina del Padrón Municipal les va a exigir presentar la famosa «factura de la luz» a su nombre, también valdría un recibo del agua o una factura mensual de una empresa de telefonía fija. Es un papel más, que conllevaría unos gastos y alguna molestia, pero, ¡qué es eso si nos permite escolarizar a nuestros hijos donde nos dé la gana a costa del erario público!

¿Cómo es posible que siendo este fraude tan flagrante y de dominio público la Comisión de Escolarización lo siga consintiendo?

¿Para qué pide la Consejería autorización para consultar con la Agencia Estatal Tributaria los datos fiscales relativos a los padres si ni siquiera comprueba que el domicilio fiscal coincida con el domicilio que el interesado se ha confeccionado a la carta, para la ocasión? Qué menos que exigir que el domicilio por el que se está obteniendo desgravación fiscal como domicilio habitual sea el mismo que se argumenta para obtener una plaza escolar.

Otra forma de perpetuar esta desfachatez es acudir a los certificados de trabajo falsos de solemnidad. Nadie va a comprobar la veracidad del certificado en el que un supuesto empresario refrenda que el interesado presta sus servicios en una supuesta empresa ubicada en la zona de influencia del colegio. ¿Tanto les cuesta a las autoridades administrativas exigir junto con el certificado de la empresa la liquidación de los seguros sociales? Les recuerdo que la palabra «certificado» significa: «Documento en que se asegura la verdad de un hecho».

Ante esta situación solamente les queda a los padres que se sientan robados acudir a la vía judicial.

La Administración no tiene voluntad de evitarlo, pero este monstruo afecta también a los colegios públicos, y en algunos, de manera alarmante. Tal vez en ese momento consideren que éste ya no es sólo un problema de los que optan por «colegios de curas».

En la Comunidad de Madrid un grupo de madres burladas y vilipendiadas por las mentiras y las falsedades de los vecinos de otras zonas de la capital que copaban las plazas escolares que les correspondían a sus hijos se unieron, pusieron sobre la mesa los nombres de los falseadores de domicilios que cada una de ellas conocía y lograron que la justicia pusiera coto a tanta desvergüenza.

La puerca España (con permiso de Pérez-Reverte) premia la honradez de unos ciudadanos menoscabando brutalmente los derechos de sus hijos.

Mario Herrero Ochoa

Oviedo