EpC: Una asignatura conflictiva

En los albores del franquismo, se impartía en los centros docentes españoles una «asignatura» denominada Formación del Espíritu Nacional, con la que se pretendía inculcar en las mentes infantiles los principios y valores sobre los que se fundamentaba el llamado Movimiento Nacional. Se trataba, obviamente de un adoctrinamiento político, cuyo objetivo no era otro que el de grabar en las mentes de las chavalería los dogmas del régimen, a fin de que, al convertirse en hombres y mujeres adultos, fuesen sumisos y respetuosos súbditos del sistema. Tal «asignatura» no era más que un compendio de consignas políticas, medias verdades y grandes falacias explicadas en grandilocuente retórica, sabiamente aderezada con un idealismo patriotero de nulo valor pedagógico. Los que conocieron aquellos tiempos reniegan de la tal «asignatura», evocando lo cargante que resultaba soportar aquel bombardeo de propaganda en torno a «nuestro Caudillo salvador, la reserva espiritual de Occidente, los fueros» y otras monsergas por el estilo. La izquierda española ha criticado desde siempre este «lavado de cerebro» al que fue sometida la juventud de la época, y uno no puede por menos que darles la razón en ese sentido. El adoctrinamiento político de los jóvenes es una de las mayores lacras de la historia, y cualquier persona medianamente sesenta debería estar en contra de algo así. Sin embargo, lo que en otros se ve como un defecto, se convierte en una virtud si lo hacemos nosotros, y esta parece ser la premisa en la que se ha basado el actual ejecutivo español para sacarse de la chistera Educación Para la Ciudadanía, asignatura que deberán cursar obligatoriamente todos los estudiantes de nuestro país.

En principio, y siempre según sus defensores, la EpC sólo pretende inculcar en los jóvenes ciertos valores democráticos, además de instruirlos sobre las instituciones y su función en un Estado de Derecho. Hasta ahí nada que objetar. Pero el problema se plantea cuando se analizan detenidamente las «materias» que integran dicha «asignatura», y descubrimos que no se aspira sólo a imbuir comportamientos tolerantes y democráticos en la juventud, si no también a educarla en materia afectiva y a instruirla en valores morales. Son éstos, ciertamente, los puntos más resbaladizos del asunto, los que han probado una airada reacción de amplios sectores sociales, los cuales temen que la EpC sea otra intentona por parte de quienes detentan el poder de preparar a las futuras generaciones para que acepten de buen grado determinados comportamientos y actitudes «políticamente correctos» emanados del actual gobierno.

Como consecuencias de esta más que razonable sospecha, miles de familias españolas, preocupadas por la clase de educación que se pretende dar a sus hijos, han optado por hacer frente a la situación empleando los medios legales a su alcance, uno de los cuales es la objeción, la negativa de sus hijos a acudir a clase de EpC por muy obligatoria que por ley sea. Por otra parte, los detractores de la EpC han intensificado su oposición a la misma mediante campañas en prensa, radio, tv e internet, en un intento de concienciar a la opinión pública sobre los peligros que conlleva el permitir que sea el gobierno, y no la familia, la que eduque al menor en aspectos tan delicados como la vida afectiva y los valores morales. El conflicto está servido, y a pesar de la reciente confirmación, pro vía judicial, de la obligatoriedad de la dichosa asignatura es seguro que la cuestión no ha quedado zanjada todavía, ni mucho menos.

Pero, ¿quién tiene la razón en este espinoso asunto, los que se oponen a la EpC o el gobierno, promotor de la idea y dispuesto a llevarla a cabo hasta sus últimas consecuencias? Personalmente, me decanto por los primeros. Trataré de explicar mi postura en términos sencillos.

Ante todo, he de aclarar que he procurado documentarme bien sobre el tema, a fin de evitar, en lo posible, que mi opinión se viera mediatizada por prejuicios de cualquier índole. Y he podido constatar que el planteamiento de la cuestión por parte del gobierno es falso. Ante todo, la EpC es una «asignatura» que, ateniéndonos a las necesidades concretas y reales de la población española en materia de educación, es totalmente innecesaria. El gobierno insiste machaconamente en que, con su implantación, no se persigue ningún fin político, aparte de dotar a los chicos de cierta instrucción en materia democrática. Pero esta explicación, a la vista de la actitud al respecto de los miembros del gobierno, no se sostiene. Si lo que de verdad se pretende es eso, no hace ninguna falta inventarse una asignatura nueva. Bastaría con incluir la EpC como una materia más de lo que en nuestros tiempos se conocía como Área de Ciencias Sociales. Sin embargo, el gobierno ha presionado en todos los frente posibles para que la EpC sea admitida como asignatura evaluable. Desde el Ejecutivo del señor Zapatero se han hecho llamamientos a la moderación, calificando de desproporcionadas las reacciones de las personas y colectivos opuestos a la EpC. Y sin embargo, tanto el Presidente como los miembros de su gobierno, han mostrado un comportamiento casi obsesivo/compulsivo en todo este asunto, adoptando actitudes fronterizas con el cerrilismo cuando de defender este proyecto se trataba. Tal fijación por un asunto no puede obedecer, a mi juicio, a fines totalmente altruistas, como se quiere hacer creer. La experiencia histórica demuestra que los gobiernos, todos sin excepción, por muy «progresistas» que se consideren, se ocupan de asuntos de conveniencia, no de conciencia. De conveniencias políticas, deberíamos matizar. Y a la vista del contenido de la EpC, queda meridianamente claro, en mi opinión, que lo que se pretende con esta «asignatura» es conseguir que la juventud acepte como cosa natural determinados «logros» de la actual administración, logros cuya finalidad y propósito son, en el mejor de los casos, bastante discutibles.

Con esto lo que se consigue, a mi parecer, es pervertir los principios básicos sobre los que debe asentarse un sistema educativo moderno y democrático. Porque en una democracia no puede conserntirse que la institución pública tenga que un componente doctrinal, por muy atenuado que éste parezca. Tampoco puede tolerarse, en un Estado de Derecho como se supone que es el español, que un gobierno, del tinte político que sea, se arrogue el derecho de educar en valores, potestad exclusiva, si nos atenemos a la letra de la Constitución y a la leyes internacionales, de la familia. La EpC, a pesar de la inteligente campaña mediática con que se presentó al conjunto de la sociedad española tiene demasiados puntos en común con la patética Formación del Espíritu Nacional de otros tiempos. Aunque los dogmas políticos que se espera imbuir con ella a la juventud sean, ciertamente, más sutiles y en apariencia más inocuos que los de la época franquista, no dejan de ser dogmas, por más que se pretenda venderlos como valores democráticos universales. Y como muy bien nos demuestra la historia, cualquier concesión a lo dogmático, tanto en materia de educación como en política, es siempre peligrosa y desaconsejable.

Más no debemos dejarnos engañar por las poses adoptadas por algunas formaciones políticas y ciertos personajes públicos. Muchos de los que ahora arremeten contra la EpC y sus creadores no dudarán, llegados al poder, en utilizar la «asignatura» en su propio beneficio, cambiando el temario y adaptándolo a sus necesidades políticas concretas. Por todo lo anteriormente expuesto, considero que la EpC no tiene razón de existir. No al menos como asignatura independiente y evaluable. Para enseñar a los jóvenes los fundamentos básicos de la democracia, la razón de la existencia de las instituciones y virtudes tales como el respeto a los demás, por diferentes que sean, y unas normas de convivencia civilizada, basta con potenciar estos conceptos, y otros muchos de idéntico valor, en el Área de Ciencias Sociales, o como quiera que lo llamen ahora. El resto de la EpC es sólo paja demagógica, y al igual que la Formación del Espíritu Nacional, carece de cualquier valor didáctico.