¿Conviene la fusión de cotos de caza en Asturias?
Quizá pudiera ser una de las claves futuristas de un necesario progreso que ayude a incentivar, cuando menos, la sostenibilidad de un sistema cinegético, como es la caza en Asturias, pionero en su estado legislativo entre los de su género, singular en su concepción y desarrollo, al tiempo actual, viviendo un período administrativo y financiero lleno de penumbra e incertidumbre.
Dentro de una economía global universal deteriorada, parece que la crisis que afecta a los diversos sectores de su composición en multitud de ocasiones ha requerido la necesidad de una intervención reguladora gremialista pragmática, como una supuesta medida necesaria hacia un camino de reactivación de sus estamentos. La optimización de recursos y la racionalización del gasto parecen ser la terapia de ajuste que permita el afianzamiento y reactivación de los actores implicados. La caza social en Asturias, inmersa su gestión en una preocupante pérdida gradual de sus bases, afectada en grado sumo por la crisis, no debe ni puede ser equidistante de estas iniciativas.
En lo concerniente a la actividad venatoria en nuestra comunidad, cabe resaltar aspectos de su especial idiosincrasia, por mor de una singular condicionalidad minifundista de su estructura impregnada de un significativo carácter corporativista. La ley de Asturias de la Caza, que data de 1989, permite, a diferencia de otras comunidades, en donde la caza se articula con distintas variantes en lo que a su ordenamiento y gestión se refiere, que la creación de cotos regionales sea constitutiva obligatoriamente, dentro de un marco institucional legislativo que recoge una clara tipología social garante por sí misma de igualdad de oportunidades para todos los cazadores en el desarrollo de su estado participativo.
No solamente debe de circunscribirse la posible unión a los aspectos materiales que la justificarían, sino también a la imperiosa necesidad de reforzar su idealismo, en entredicho su práctica desde ámbitos conservacionistas, críticos irredentos con la caza, necesitados como estamos los cazadores de reinvertir estas tendencias. Sería un punto de inflexión y partida desde la fortaleza de la unificación hacia el logro de un convencimiento más real de la sociedad de lo que representa el ejercicio de la cinegética.
Es un número determinado, superior a sesenta cotos regionales, los que han sido creados, adjudicados por la Administración del Principado y gestionados por entidades locales de cazadores (algunas irrelevantes dada su escasa capacidad de gestión y falta de asociados) las que tienen presencia y actividad; lejos de poseer recursos, estas asociaciones, afectadas por una sensible merma de afiliados y otros factores desencadenantes, se ven supeditadas en la actualidad a padecer las consecuencias de una fuerte presión ejercida sobre sus respectivos presupuestos, derivada de sus numerosas obligaciones de atención económica a damnificados, en el sector primario (fundamentalmente por los daños producidos en cosechas por el jabalí) y los generados por accidentes de circulación por la irrupción de especies cinegéticas en nuestras calzadas.
Es posible que haya llegado el momento de unir ciertas áreas de caza (sometidas a un régimen de aprovechamiento especial), tal vez por sectores territoriales o con otro formulismo que pudiera ser también válido, a fin de potenciar su dinamismo dentro de los parámetros sociales del concepto caza. Sobre este asunto, dada su complejidad (sería cuestión de aunar voluntades, vencer reticencias que pudiesen ser subjetivas, personalismos y viejas y enquistadas rencillas locales), caben interpretaciones contradictorias (la caza, al igual que sucede en otros órdenes de la vida, es un cúmulo de intereses y personas). Tiene margen este asunto que permita profundizar sobre la conveniencia de llevarlo a efecto. En su defecto, abstraerse de hacerlo, pudiera no ser lo adecuado.
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