Jornadas sobre la sanidad pública en Occidente
Asisto con regularidad, desde hace unos meses, a las reuniones que organiza la Asamblea del Occidente en Defensa de la Sanidad Pública para debatir las propuestas que se están planteando desde los órganos de gobierno del Principado de Asturias y sus posibles repercusiones en la calidad asistencial de nuestro hospital y de la red de centros de salud. Los profesionales sanitarios y los ciudadanos que nos reunimos lo hacemos con el afán de informarnos, preocupados por la deriva que están tomando en otras comunidades autónomas medidas de recorte sanitario con la excusa de la crisis; para exigir explicaciones a los gestores sobre el presente y futuro del Hospital de Jarrio, y para poner de manifiesto que no estamos dispuestos a aceptar mermas en la atención sanitaria, si se fuesen a producir.
Si aceptamos que el nivel de compromiso de una comunidad es esencial para identificar y abordar los factores que determinan la salud, que tienen que ver con la situación socioeconómica, cultural y medioambiental de la población, y que se concretan en el tipo de alimentación, el nivel educativo, el ambiente laboral, el grado de desempleo, la calidad de las aguas, la red de saneamiento, la vivienda, los estilos de vida..., hemos de deducir que la participación ciudadana es un derecho y un deber de primer orden. Por otro lado, consideramos que el paciente es el centro del sistema sanitario, y éste es propiedad de la sociedad, entendida como el conjunto de individuos que se consideran protagonistas y responsables de su desarrollo.
Por tanto, tenemos el deber cívico de defender unos servicios públicos eficaces y dignos; para ello, contamos con la democracia, el sistema político que mejor nos permite hacerlo, con nuestra intervención activa y actuando colectivamente, cuando presumimos que ciertas declaraciones y actuaciones de quienes nos gobiernan ponen en serio peligro esos servicios, con el subterfugio añadido de que están mal gestionados.
Necesitamos más información y explicaciones: exigimos más transparencia. Sí, existe un marco legal –mal utilizado– que reconoce y regula la participación ciudadana, desde la Constitución hasta la ley de Autonomía del Paciente, pasando por la ley General de Sanidad, las leyes y decretos de las comunidades autónomas, la ley de Bases de Régimen Local, la ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios... y esa participación se puede concretar bien a través de los movimientos asociativos o utilizando los cauces organizativos existentes, pero fosilizados por desuso, como son los consejos de salud de zona y área, hasta el Consejo de Participación Social del SNS.
¿Hemos abdicado de esta democracia, dejándola en manos sólo de los partidos políticos, o han sido éstos los que, burocratizando las instituciones y cauces participativos, nos han alejado, cuando no excluido?
Por eso, para saber lo que pasa, pedir explicaciones y exigir claridad ante tanta ambigüedad, la Asamblea del Occidente, en la última reunión del 16 de enero, ha decidido organiza el próximo mes de marzo, posiblemente el día 15, en el Liceo de Navia –se anunciará oportunamente–, unas jornadas sobre sanidad pública. Insistir, después de todo lo dicho, en la oportunidad de las últimas es una obviedad. Allí se confrontarán distintas opiniones de profesionales sanitarios y representantes del movimiento ciudadano de la comarca, y además los asistentes, que deberíamos rebosar el aforo del local, podremos inquirir, sugerir y exigir, como ciudadanos atentos y preocupados en este caso por nuestro sistema de salud.
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