Güelfos y gibelinos
Desde levante hasta poniente pasando por Génova, vía urbana madrileña, y de norte a sur con parada en la fundación Ideas, toda la casta política que mal administra nuestros escasos recursos derivados de la productividad nacional se encuentra bajo sospecha de corrupción. La piedra angular de esta vieja perversión del sistema democrático se localiza en la financiación ilegal de los partidos que manejan montañas de dinero negro proveniente de la mordida institucionalizada en la concesión de obra pública, y en el desahogo de algunos cargos oficiales faltos de escrúpulos que llegaron a la política para lucrarse a cuenta del contribuyente.
La confirmación de los hechos está por llegar pero la ciudadanía intuye que entre la trama Gürtel, el caso Bárcenas y la maloliente y transgresora amnistía fiscal hay un triángulo putrefacto unido por los vértices del enriquecimiento personal, la financiación del partido que sustenta al Gobierno de la nación y el subterfugio fiscal para la ocultación de pruebas que clarifiquen lo anterior.
Toda indecencia es posible en esta ínsula de Barataria en la que convirtieron a España tanto güelfos como gibelinos. Comenzando por el fondo de reptiles andaluz, que puso al descubierto las costuras inmorales de un gobierno autonómico perpetuado en el poder por el apoyo incondicional de la autodenominada izquierda plural, pasando por el caso Bárcenas, máxima expresión de la arrogancia e impunidad alumbrada en los gobiernos aznaristas, continuando con el caso Nóos, paradigma de la voracidad lucrativa sin límites legales, que afecta a dos miembros de la Casa Real aunque uno parece estar por encima de la ley y, finalizando, de momento, en esa caterva de cuatreros de la política empeñados en la causa del enriquecimiento personal, todos tienen como divisa la apropiación fraudulenta de dinero público enajenado a las políticas sociales y de infraestructuras.
Pero lo peor de la corrupción política, suficientemente grave por tener su origen en la representación democrática, no es el hecho en sí mismo, si no la atracción o reclamo que ésta tiene sobre las bandas organizadas y las consecuencias lógicas para la seguridad de personas y bienes. No hay país asentado sobre la corrupción política que no sufra el drama de las mafias criminales. En nuestro país operan del orden de 600 bandas organizadas, algunas de cuello duro, que absorben una parte importante de recursos policiales humanos, económicos y materiales. Qué mejor sitio para instalarse que aquel en el que la política vende sus servicios al principal postor en ese mercado bananero de la seducción del dinero fácil.
Comienzan a oírse voces internas que, asustados por el grado de perversión instalado en las instituciones públicas, reclaman cambios en el régimen de partidos para llevar a buen puerto la regeneración democrática, pero ninguna orienta su reflexión hacia el adelgazamiento del sistema público reduciendo la nómina política, ni hablan de cambios en la ley electoral, ni tratan de erradicar las adjudicaciones dactilares de servicios públicos a empresas de la hermandad, ni, por supuesto, están por la labor de dotar al sistema de los cortafuegos y alarmas suficientes que garanticen la limpieza del mismo, porque ello significa cesión de poder político al estamento judicial y un control transparente en la administración de los bienes del Estado que creen de su total pertenencia. El antídoto contra la corrupción pasa por dotar a las instituciones públicas de mayor control democrático y al ciudadano, de más peso político.
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