Ni apoyos políticos ni privilegios fiscales
Aparte de su exhibición directa, la mentira tiene otras manifestaciones como pueden ser la afirmación de verdades a medias, la utilización interesada de estadísticas y la confusión entre las opiniones propias y la realidad. De todas ellas encontramos, dicho sea con todos los respetos pero también con toda claridad, en el contenido del artículo de don Ángel Machado publicado en LA NUEVA ESPAÑA el 29 de enero bajo el título "Apoyo político a la Iglesia católica".
En primer lugar, mejor que hablar de Concordato que sustituye al de 1963 es referirse a los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede en materias jurídicas, económicas, de enseñanza y asuntos culturales, asistencia religiosa a las FF AA y servicio militar de clérigos y religiosos, que regulan estas materias en las relaciones interpartes. Las negociaciones de los mismos se inician en 1976, y su firma se produce el 3 de enero de 1979, esto es, tras la aprobación de la Constitución de 1978, y por un Gobierno que gozaba de absoluta legitimidad para ello al haber sido democráticamente elegido por el pueblo español. La Constitución de 1978, por su parte, recogiendo en su artículo 16 el derecho a la libertad religiosa, está superando la situación de confesionalidad anterior y, por supuesto, la cita expresa a la Iglesia católica con la que el Estado ha de mantener relaciones de cooperación no presupone privilegio alguno, sino, antes bien, reconocer una realidad histórica, cultural, social y sociológica: por mucho que se esfuercen algunos en argumentar otra cosa, el cristianismo y específicamente la religión católica suponen una parte esencial de la idiosincrasia hispana, junto con la herencia greco-latina.
Con todo, hoy España es un Estado aconfesional; aconfesionalidad que ha de entenderse en el mismo sentido que laicidad positiva, esto es, ninguna religión es oficial, pero la religión, y particularmente la católica, por las precitadas razones, ha de verse como un instituto valioso, estimable, objeto de atención y protección por contribuir a la formación de ciudadanos honrados, respetuosos, demócratas y críticos desde la fuerza de la razón (no olvidemos que Jesucristo es quien exhorta a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios). Y ello a diferencia de lo que, al parecer, pretende el señor Machado, que sería adjetivable de laicista o laicismo integrista (Martin Rhonheimer), opositor y perseguidor de las manifestaciones públicas de la religión (y más si se trata de la católica) al estilo del México masónico, violando precisamente el derecho a la libertad religiosa.
En segundo lugar, la Iglesia católica y, particularmente, su jerarquía siempre han intentado solucionar el histórico problema de las indemnizaciones derivadas de la Amortización de sus bienes operada en el siglo XIX, para llegar a la autofinanciación y, por fin, a pesar de opinión contraria, se ha llegado a la misma a través del sistema habilitado de servir el aparato estatal de recaudador del 0,7 por ciento del IRPF que los ciudadanos, libremente, han decidido entregar a la Iglesia católica para su mantenimiento. Es rotundamente falso que el Estado directamente entregue cantidad a la Iglesia católica; somos los españoles (y los extranjeros sometidos al impuesto sobre la renta) los que, fieles o no, creyentes, simpatizantes, practicantes o no los que decidimos que una parte de nuestros ingresos sostengan a la Iglesia a través del impuesto -directo- sobre la renta de las personas físicas, con independencia de las donaciones que se realicen.
A este respecto, por cierto, me atrevo a proponer la misma fórmula de financiación para partidos políticos, sindicatos, patronal, ONG: que sean los españoles los que, en su declaración de la renta, indiquen a los que quieran sufragar.
El supuesto descrédito de la Iglesia católica que esgrime el señor Machado, fundado en estudios demoscópicos, dicho sea respetuosamente, me hace recordar la frase imputada a Mark Twain que distinguía entre "lies, damned lies and statistics" -"mentiras, cochinas mentiras y estadísticas", en traducción libre-, pues asumiendo la realidad de la pérdida de fe y el abandono de las prácticas religiosas por parte de muchos españoles, eso no supone la renuncia a unos valores profundos de marcado origen cristiano. Ni tampoco renunciar, por supuesto, a que los católicos pretendamos influir públicamente en la sociedad en la que vivimos para proponer, nunca imponer, nuestras creencias, ideas, principios y que estos se vean reflejados en las leyes y la manera de vivir dentro de aquélla: esto no es ningún privilegio, sino un derecho.
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