Fondos de formación y modelo de legitimidad
Como consecuencia del informe de la Sindicatura de Cuentas, leo la declaración que hicieron conjuntamente los sindicatos UGT y CCOO, como defensa de su legitimidad para gestionar dichos fondos: «[sic] La formación para el empleo es un derecho de los trabajadores que se financia de manera conjunta con las aportaciones de estos y de los empresarios. Ésta es la razón para que sean los trabajadores y las empresas, a través de sus organizaciones representativas, quienes se encarguen de gestionar la mayor parte de esta formación».
Vayamos por partes como el descuartizador. Ésta es toda una declaración de principios de unos sindicatos equivocados e incongruentes, que han descuartizado en los últimos treinta años todo posible desarrollo industrial de este país. Si aplicamos correctamente su modelo y principio de legitimidad, veremos que lo que están defendiendo estos sindicatos es similar a que: «La educación necesaria para nuestros hijos deberá ser un derecho de los ciudadanos que se financia de manera conjunta con las aportaciones que, a través de sus impuestos, realizan trabajadores y empresas. Ésta es la razón fundamental por la que se considerará que sean las Asociaciones de Vecinos de un barrio, u otras Asociaciones privadas, quienes se encarguen de gestionar la mayor parte de la educación de nuestros hijos». UGT y CCOO nos están pidiendo (y diciendo) que el modelo a seguir es el de que el Estado sólo debe subvencionar la mayor parte de la educación de nuestros hijos a través de asociaciones ciudadanas que subcontratarán academias de barrio o pagarán, ellas mismas a Fundaciones o Centros Educativos corporativos. ¿No se podría también solicitar el mismo modelo para la Sanidad...? Por otra parte, según este modelo, ¿acaso los sindicatos no podrían constituirse a modo de compañías aseguradoras o cooperativas sin ánimo de lucro tipo IGS-PSV, y así se encargarían de todos estos temas de empleo, formativos, educativos, sanitarios y de vivienda? De paso nos cargaríamos el denominado Estado del bienestar que el Estado, según vuestro parecer, ni hace bien, ni está legitimado para ello. Un bienestar de los trabajadores que vosotros gestionaríais directamente, ya que, según parece, estáis mucho más legitimados para ello.
La FADE, en este caso, apostilla que: debe ser el Consejo de Asturias para la Formación Profesional el gestor: «[sic] Siempre y cuando el consejo tuviera una labor ejecutiva y no sólo consultiva, como en estos momentos, sería un marco estupendo para cambiar el actual sistema de formación». Acabáramos: serían las AMPAS y los Consejos Escolares de los actuales colegios públicos quienes recibirían la subvención para la educación de nuestros hijos y esos colegios (que ya no serían del Ministerio de Educación y Ciencia, pues éste se limitaría a dar la subvención) tendrían que encargarse de todo con el dinero recibido: profesores, materiales, medios, contenidos... O ¿acaso no van a saber los padres de un barrio, o zona, o lo que sea, lo que sus niños deben saber, o lo que quieren que sus hijos sepan? Pues lo mismo oiga, lo mismo.
Y ya puestos a sugerir: ¿por qué no gestiona la formación ocupacional el SEPEPA realizándola con instructores docentes, abriendo la Escala Media de Formación Ocupacional y estableciendo una red de Centros Propios que, en conjunto, reúnan todas las especialidades formativas ocupacionales necesarias en Asturias; para que, al menos, haya un aula de referencia y un instructor docente de las mismas? Seguro que estos funcionarios docentes no tienen ánimo de lucro. Mientras tanto, la sentencia del caso Pallerols canta lo suyo.
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