Polémicas tasas judiciales
Hace escasos días se llevó a cabo la huelga convocada por jueces y fiscales. Además de necesaria era de esperar, ya que de seguir así las cosas acabaríamos convertidos en una república bananera en lo que a cuestiones de tribunales y justicia se refiere, aunque en otras ya lo estamos exteriorizando.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con sus reformas de carácter antisocial, propias de un político anclado en la derecha más extrema, está haciendo trizas el sistema judicial. La carencia de medios es alarmante dada la inexistente inversión pública en el sector, por lo que los mayores perjudicados son los ciudadanos, a quienes mayoritariamente se les impide el acceso a los órganos jurisdiccionales con su poco reconocida Ley de Tasas.
Por este motivo, y por algunos otros, era imprescindible que un colectivo con tanto peso específico como el de los togados le recordasen a Ruiz Gallardón que la Justicia es cosa de todos y no de su particular parcela en la cual pretende hacer y deshacer a su antojo.
La oleada de reacciones contrarias ha llevado al Ministerio de Justicia a ceder en parte, anunciando una rebaja sustancial en los importes de las tasas que hay que abonar para poder presentar los recursos ante la Justicia. La oposición frontal con que se ha encontrado el ministro Gallardón, no solo socialmente, sino también en el ámbito judicial, ha llevado a su departamento a dar su brazo a torcer, aunque oficialmente todavía se desconoce con exactitud hasta donde va a llegar.
Ya en un principio se consideró que el espectacular aumento del coste de las tasas era todo un "ataque a las clases medias", que por sus limitados recursos económicos no iban a poder disfrutar de una justicia plena como si lo haría el ciudadano que dispusiera mayor poder adquisitivo.
Es evidente que la vía elegida para llegar a este objetivo no ha sido la más adecuada, como así lo han denunciado con decisión jueces, fiscales, abogados y hasta la Defensora del Pueblo. Por ello, y a la espera de que se sustancie esta decisión, hay que saludar como muy positiva la reducción de precios en una Justicia que lo que necesita para mejorar es la recepción de recursos por otras vías y personal suficiente.
Enhorabuena, pues, a cuantos vayan a precisar de los estimables servicios de la Justicia en España.
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