Una sociedad corrupta

Una parte de la sociedad española clama contra la corrupción. Otra parte se indigna frente a la corrupción política. Una última porción de la sociedad española, sin resultarle indiferente la corrupción política, calla. No sé qué porcentaje representa cada una de las tres partes, pero sí estoy seguro de que las dos últimas son una mayoría de la sociedad española que lleva muchos años conviviendo o practicando la corrupción como algo justificable en su entorno más inmediato: la percepción social de que quien no defrauda es porque no puede o no sabe es generalizada; no cabe en la cabeza de la mayoría que no quiera.

Coincido con Julio Anguita en que la condición de ejercer un cargo público (ser un político, en el lenguaje de la mayoría), debería considerarse como agravante a la hora de castigar tal comportamiento. La corrupción en ayuntamientos, diputaciones, parlamentos y gobiernos autonómicos, o Parlamento y Gobierno del Estado resulta evidente, sangrante e insultante para la ciudadanía. La geografía de la corrupción recorre todo el territorio del Estado (Galicia, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares… –siendo justo, no recuerdo ningún caso en el País Vasco–) y recorre la práctica totalidad de partidos políticos que tienen o han tenido responsabilidades de gobierno (mínima en Izquierda Unida y nula en mi memoria en el PNV). A estas alturas, la corrupción que conocemos resulta asfixiante, y parece casi consustancial al sistema político surgido de la «modélica» transición. La propia Jefatura del Estado no está exenta de los escándalos de corrupción, y la monarquía ha expuesto la punta del iceberg de sus «negocios».

La justicia se ve impotente, cuando no condescendiente, ante la avalancha de casos y la falta de recursos humanos y medios materiales, a la que desde la propia transición democrática se la ha venido condenado, Gobierno tras Gobierno.

Pero la ciudadanía, escandalizada, ha bajado las manos de la cabeza para seguir votando a los corruptos: Baleares, Andalucía o la Comunidad Valenciana son ejemplos de esta actitud de la mayoría ciudadana.

¿Por qué? No hay más explicación de que somos mayoritariamente una sociedad corrupta. Hay datos que lo avalan: comenzando por la evasión fiscal que supone miles de millones de euros anuales que no se ingresan para poder financiar inversión social (enseñanza, sanidad, investigación, atención a la dependencia…) o inversión en infraestructuras, apoyo a la creación de empleo, etcétera. Resulta inconcebible que en España sólo declaren ingresos por encima de los 60.000 euros menos del 4,5% de los declarantes. El año que terminó, la economía sumergida, en España, alcanzaba, según la Comisión Europea, nada más y nada menos que el 19,2% del producto interior bruto. Otras fuentes la sitúan en el 25%. Los ingresos por el IVA, en España, no llegan al 5,5% del PIB, frente a un 7% de media en la Unión europea. Sin querer abusar de datos, permítanme uno que creo que resume todo lo anterior: más de un tercio de los billetes de 500 y 200 euros (un 35%) circulan en España, mientras que por nuestro peso respecto al PIB nos correspondería algo menos de un 12%. La corrupción recorre todos los ámbitos: funcionarios, Universidad, deportistas, Iglesia católica… respecto al empresariado, sólo expresar que sus órganos de gobierno son expresión de su representatividad (ex presidente de la CEOE, vicepresidente de la CEOE y sin olvidar que detrás de cada político o funcionario público que se corrompe hay una recua de empresarios corruptores).

La corrupción política sólo es el espejo que devuelve la imagen de una parte muy significativa de la sociedad española. Por ello es necesario modificar muchas leyes, castigar con más rigor, modificar muchos procedimientos... pero también necesitamos cambiar nuestra propia sociedad o, lo que es lo mismo, la escala de valores dominante en ella que comenzó a construirse desde el «felipismo» (y, lo que es más grave, en nombre de la izquierda) y continuó con el «aznarismo» en base al enriquecimiento rápido y al «pelotazo».

Rajoy cae en su valoración, pero Rubalcaba es aún peor valorado: el PSOE no tiene fuerza moral para presentarse como alternativa a una derecha corrupta como puede ser la del PP o Foro.

El sistema bipartidista de una democracia demediada e incompleta sólo quebrará si la sociedad española recobra pulso moral para hacerlo y se consigue una reconstrucción de la política y un rearme ético.