Acotamientos y conservación de los montes
Con relación a la proposición no de ley presentada en la Junta General por el grupo de Izquierda Unida para reformar la ley de Montes en el apartado referido a acotamientos por incendio quisiera realizar algunas puntualizaciones.
Resulta curioso que, ahora que desde la Administración empieza a exigirse el cumplimiento de la ley en lo referente al acotamiento al pastoreo de las superficies quemadas (cambio iniciado por el que fue director general de Política Forestal, don Joaquín Arce, de Los Verdes, que formaba coalición con IU, quien desde su puesto impulsó el cumplimiento de dicha normativa con el señor Aurelio Martín ocupando el cargo de consejero de Medio Rural), todos los grupos políticos, de un modo más o menos explícito, se muestren de acuerdo en su oposición a dicha norma.
Por su experiencia en la Consejería el señor diputado debe conocer bien la situación de los montes y su ámbito jurídico y saber que el fundamento del artículo 66.2 de la ley de Montes («Se acotarán al pastoreo las superficies quemadas») es únicamente disminuir el riesgo de erosión de los terrenos quemados, para lo que prohíbe el acceso del ganado a los mismos temporalmente, y la aplicación de dicha medida consigue tales objetivos, por lo que resulta extemporánea su pretensión de reformar la norma, toda vez que cumple con los fines para los que fue dictada.
En cuanto a los argumentos esgrimidos, no parece que se haya analizado a fondo el daño que los incendios suponen para el monte y para la vegetación que protege el suelo, que es mucho más de lo que se considera aprovechable para el ganado. Sí parecen primar más, por el contrario, las preocupaciones de quienes pretenden representar al colectivo ganadero cuando afirman que los acotamientos impiden el acceso a una fuente barata de alimento para el ganado.
Ya el señor diputado, en unas jornadas sobre la gestión del fuego en 2011, mostraba su comprensión ante los causantes de los incendios afirmando que había que evitar dar una respuesta desproporcionada a los incendios que pudiera desarticular los sistemas de manejo ganadero vigentes. Hay que reconocerle al señor Martín una cierta coherencia en sus argumentos.
El alimento que el ganado obtiene de los incendios resulta barato si no se cuenta el deterioro del suelo, la erosión, la alteración de la vida silvestre y la destrucción de especies vegetales y animales. Si no se cuenta la alteración del orden social que suponen los incendios forestales, ni se considera el trabajo de los Bomberos, que ponen en riesgo su integridad física para combatirlo. Y si no se cuenta el dinero destinado a ayudas «agroambientales» que se entrega a los ganaderos por utilizar sistemas compatibles con la conservación del medio ambiente en comarcas asoladas por los incendios.
Tan barata resulta esta fuente de alimento que sólo precisa de un mechero y de una despreocupación absoluta por la conservación de los recursos naturales.
Y, hasta ahora, más que barato salía gratis aplicar este sistema de producción tradicional al decir de algunos teóricos del colectivo ganadero. Pero, afortunadamente, con la magnífica labor desarrollada por la Fiscalía de Medio Ambiente y el riguroso trabajo de las BRIPAS y de la Guardería del Medio Natural en los últimos años, se ha conseguido terminar con la impunidad, y eso lo saben los que habitualmente queman el monte para su exclusivo beneficio sin ninguna preocupación por su conservación.
Si verdaderamente el señor Martín y su grupo político consideran que la ley actual no cumple con su cometido de garantizar la protección y la conservación de los montes, están en su derecho de proponer su cambio. Si lo que los mueve son otros intereses, el tiempo y, en su caso, las urnas, colocarán a cada uno en el lugar que le corresponda.
Manuel Fernández Fabián, presidente asociación de guardas del medio natural, Ribadesella
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