Un tratado histórico
La Junta General del Principado de Asturias se convertía, el pasado 22 de marzo, en el decimoquinto Parlamento autonómico que solicitaba al Gobierno español que desempeñase un papel activo en su intervención durante la Conferencia Final de las Naciones Unidas relativa al Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA). Un papel centrado en conseguir la introducción en dicho documento de una regla de oro: la prohibición de la transferencia de armas cuando exista un riesgo sustancial de que vayan a usarse para cometer o facilitar que se cometan graves violaciones de derechos humanos.
Una semana después, se celebró la mencionada Conferencia Final, en la que la delegación española se enfrentaba al reto de no defraudar al centenar largo de instituciones públicas que le habían reclamado una defensa rotunda de un tratado sólido y eficaz. Afortunadamente, esta delegación cumplió su compromiso y, junto a la mayoría de países, apostó por un texto firme para regular el comercio internacional de armas. Un texto que, a pesar de la oposición de Corea del Norte, Irán y Siria, fue finalmente aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 2 de abril con ciento cincuenta y cinco votos a favor, tres en contra y veintidós abstenciones.
Tras más de veinte años de trabajo, iniciado por Amnistía Internacional y tres modestas ONG británicas, pero culminado por casi un centenar de organizaciones, la comunidad internacional cuenta ya con un instrumento jurídico destinado a impedir que el hasta ahora descontrolado comercio de armas convencionales y la desviación de armamento y municiones al mercado ilícito sigan contribuyendo a los conflictos armados, al desplazamiento de personas, a la delincuencia organizada y al terrorismo, menoscabando la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico y social sostenible, como recoge textualmente la declaración institucional aprobada por la Junta del Principado.
Ahora queda otro largo camino por recorrer, el que resta para lograr que al menos cincuenta estados firmen y ratifiquen el TCA, lo que se podría alcanzar en el plazo de dos años. Pero el gran reto estará en conseguir que se adhieran y se comprometan con dicho tratado los grandes exportadores de armas convencionales, y que no son otros que los países permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un reto que parece difícil si se tiene en cuenta el papel adoptado por países como EE UU, China y Rusia durante los siete años de reuniones y negociaciones que sobre el TCA se desarrollaron en el seno de la ONU.
En cualquier caso, Amnistía Internacional celebra la consecución de este tratado y agradece todos los apoyos recibidos, también en Asturias, durante estas dos décadas de activismo en su favor. Al mismo tiempo que expresamos nuestro compromiso para seguir luchando junto a nuestras dos grandes aliadas, Intermón Oxfam y la Fundación por la Pau, para que no tengamos que seguir hablando del medio millón de víctimas civiles provocadas anualmente por unas armas que circulan libremente por el mundo.
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