El drama de las preferentes
El diccionario de la RAE nos define muy concretamente como estafa la privación hecha con embaucamiento de una cantidad de dinero o de algo valioso; la ciencia del derecho, por su parte, la entiende como la realización de alguno de los delitos que tiene como fin el lucro y que se utiliza como medio de engaño o el abuso de confianza.
Sea a través de participaciones preferentes o de bonos de deuda subordinada, lo cierto es que los ahorros de mucha gente modesta de clase media van a sufrir una merma considerable siguiendo la lógica de un sistema financiero que ha actuado como un casino con el dinero de los ahorradores, que no inversores, y de unas autoridades que miraban para otro lado mientras los crupieres hacían trampas y sus jefes les amenazaban si no las llevaban a buen término.
Y, ciertamente, este engaño de las preferentes no hubiera sido masivo si los depositantes estafados no hubieran confiado en quienes les engañaron. Paradójicamente, el éxito de la operación no residía en los productos, desconocidos para el pequeño ahorrador, sino en la confianza interpersonal que los clientes habían depositado en los empleados.
Por eso, aquellos ahorradores que fueron engañados por astutos bancarios al depositar sus economías y su confianza en entidades y personas que parecían honestas actualmente merecen una respuesta contundente por parte del Gobierno. Si hay honestidad en la clase política, que actúe de una vez, que pongan a cada uno en su sitio y que hagan que se devuelva a cada uno lo suyo. Que restituyan por el daño causado a todas aquellas personas que adquirieron participaciones preferentes o deuda subordinada sin ni siquiera saber de lo que se trataba. Muevan lo que tengan que mover y faciliten el camino de los depositantes que en su día fueron estafados de tan indigna forma.
Porque, de justicia es decirlo, estos engañados de las preferentes están siendo doblemente castigados: primero, como estafados y, después, como contribuyentes. Algo inadmisible.
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