Pensionistas, fármacos y precios
Antes de que asomara la crisis económica en España, los políticos que gobernaban, los que estaban en la oposición y la mayoría de los ciudadanos de a pie barruntábamos que los abusos que se estaban cometiendo con el acopio de medicamentos con cargo a la Seguridad Social era un imposible para la sostenibilidad del sistema sanitario.
Por ello, tenemos que lamentar que los responsables --políticos y administradores-- no quisieran o no supieran gestionar los enormes recursos que todos hemos aportado al sistema, para evitar los excesos con las recetas, que viene de largo. El resultado está ahí: una sanidad en situación económica angustiosa. Con deudas que la sitúan casi al borde de la quiebra.
A consecuencia de ello, el pasado mes de septiembre, el Gobierno de Rajoy excluyó de la financiación pública 417 fármacos de uso masivo. Por ello, los más perjudicados por esta medida están siendo los jubilados --colectivo de más de 8 millones--, dado que muchos de esos medicamentos son consumidos preferentemente por la gente mayor.
Pero, héte aquí que actualmente uno de cada cuatro fármacos sin ayuda pública --o sea, excluidos--, indicados para tratamientos de síntomas menores, aunque una mayoría de ellos no rebasó el límite del 50%, muchos sí aumentaron su precio en más del doble. Por poner ciertos ejemplos, diremos que el tan usado Almax, un modesto protector gástrico, ha subido un 30 por ciento; ciertos jarabes para el catarro, como Flumil o Flutox, un 184%, Todos ellos de uso muy común entre el gremio de jubilados.
Es de puro sonrojo pues que Farmaindustria, patronal de los laboratorios, aprovechándose del "medicamentazo" del gobierno, y muy concretamente de la ministra de Sanidad Ana Mato, después de decir que su ministerio controlaría los precios de todos los medicamentos que no dispensaba la Seguridad Social, se haya permitido subidas tan exageradas sin rechazar ninguna de ellas. Si a eso le sumamos el copago farmacéutico que padecen los pensionistas y jubilados, hace que una vez más este colectivo sea el blanco de todas las injusticias que en esta materia se están llevando a cabo en nuestro país.
Porque ni siquiera se les está permitiendo tomar unas simples pastillas como por ejemplo de Almax --repito, modesto protector gástrico-- en un tiempo en que más se necesitan, habida cuenta de las noticias de corrupción política que todos los días aparecen en los distintos medios de comunicación. Ello unido a los diversos recortes en sanidad y la no actualización de las pensiones con el IPC real, hacen que sus estómagos necesiten de forma diaria un estabilizador gástrico.
Medio en broma medio en serio, son muchos mayores los que nos han planteado estas preguntas: ¿seremos los pensionistas una inconveniencia nacional? ¿significaremos realmente un daño orgánico para el Gobierno? ¿pretenderá el ministro Montoro hacernos desaparecer del mapa para ahorrarse nuestras pensiones?
Antes de la entrada en vigor del copago, el pasado 1 de julio de 2012, todos los usuarios que no eran pensionistas aportaban el 40 por ciento del importe de los fármacos, con independencia de sus ingresos, subrayó hace unos días en el Congreso de los Diputados, con voz muy engolada Ana Mato. Y añadió que un total de 684.000 parados, que ya no reciben subsidio de desempleo, han dejado de pagar por los medicamentos que consumen. Valiente explicación, ministra, decimos nosotros ,con el importante número de parados que existen en el país.
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