Algunos servidores públicos nos avergüenzan

El colectivo «Foro por Asturias» quiere hacer llegar a la ciudadanía asturiana unas opiniones críticas sobre unos acontecimientos que han tenido lugar en Asturias a finales de marzo y comienzos de abril, una vez que los mismos han dejado de estar en un primer plano en los medios de comunicación, lo cual favorece que nuestras opiniones tengan un cariz más reflexivo y menos de urgencia o de trinchera, sin perjuicio de que defendamos los valores y principios democráticos que son oportunos al caso.

Nos referimos en concreto a las descalificaciones vertidas por el concejal gijonés don José Manuel Sariego Martínez a propósito de las críticas de una plataforma ciudadana de ese concejo a determinadas actuaciones urbanísticas realizadas en Cabueñes; pero también queremos hacer una reflexión sobre la sorprendente actitud que manifestaron en sus comparecencias ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Junta General del Principado don Santiago Caicoya Gómez-Morán, entonces director-gerente de la empresa pública Sedes, y don Víctor González Marroquín, director del IDEPA y presidente de Asturgar, ambas dependientes asimismo de la Administración del Principado.

La razón que nos anima a salir públicamente a expresar nuestros puntos de vista es la constatación de que se evidencia un distanciamiento de los ciudadanos respecto de la vida política oficial, que ha caído en un descrédito y un desencanto propicios para la aparición de demagogos oportunistas que aviven y canalicen esos sentimientos en una dirección preocupante, como ha sucedido en los últimos lustros en Italia y en otros países.

Queremos señalar que tanto de las declaraciones del concejal gijonés señor Sariego Martínez, como de la lectura de los diarios de sesiones de la Junta General correspondientes a las comparecencias ante las comisiones de Economía y Hacienda, y de Industria y Empleo de la Junta General del Principado –celebradas, respectivamente, los días 31 de marzo y 1 de abril– además de actitudes y expresiones que en otro contexto podrían ser consideradas como faltas de educación o de respeto, el comportamiento en estos casos de los referidos señores Sariego Martínez, Caicoya Gómez-Morán y González Marroquín exigen otra valoración por tratarse, en un caso, de la respuesta a una crítica ciudadana de la gestión municipal y, en otro, de las comparecencias de dos servidores públicos ante un órgano representativo de la ciudadanía.

Por esta razón, con independencia de que al final de este escrito hagamos unas referencias someras a las cuestiones debatidas en esos tres casos, queremos centrar esta crítica en los intolerables desplantes –dicho sea en la lógica de un sistema democrático– que unos servidores públicos hacen a unos ciudadanos o a un órgano de representación de los mismos.

El derecho de los ciudadanos a controlar a los servidores públicos. Las actitudes como llamar «malos vecinos» o «malos ciudadanos», además de tacharles de incapacitados para dar «lecciones de ética», a unos ciudadanos que criticaban una actuación municipal, en el caso de señor Sariego, o, en el caso de los señores Caicoya o Marroquín, la negativa reiterada a dar información a un órgano representativo con actitudes, modales y expresiones vejatorias para los integrantes del mismo, deben ser reprobadas por ignorar una de las reglas básicas de un sistema democrático, cual es la de que los representantes y servidores públicos están obligados, por esa condición, a soportar el escrutinio permanente de los ciudadanos.

Cuando los ciudadanos elegimos a nuestros representantes no les damos un cheque en blanco, sino que estamos legitimados para desconfiar en todo momento de la diligencia, probidad y honradez de los servidores públicos, y si los mismos no quieren ser controlados, ya saben donde tienen la puerta...

Es posible que algunos –llevados por un endiosamiento que delata su desprecio por la democracia– consideren que no podemos criticarles, quizá, dando por sentado que son buenos por naturaleza o por haber recibido la «unción» electoral. Ello les lleva a no querer ser fiscalizados y a adoptar actitudes prepotentes y hasta ofensivas con los que lo pretendan. Pero también esas actitudes nos permiten a los ciudadanos pensar que se sienten seguros y protegidos, y por ello pretenden hacernos creer que los sospechosos somos los ciudadanos que tratamos de ejercer el derecho a la crítica y al control. Un servidor público tiene que demostrar permanentemente que es honrado, ¿cómo tolerar, por tanto, la osadía del concejal Sariego ofendiendo al meritorio ciudadano don Francisco Díaz Cadórniga?.

¿Es que con tales actitudes quieren decirnos que los críticos son «malos ciudadanos» porque los que ostentan cargos públicos han «ganado la guerra» y tienen derecho a hacer lo que les apetezca, tal como se justificaban en otro tiempo algunos franquistas? Vamos, que la democracia ni olerla. Pero quedan en el aire unas preguntas legítimas: ¿por qué tienen esa osadía?, ¿quién los protege y por qué?

En definitiva, un elemento constitutivo de la democracia es el de poder cuestionar en todo momento a los que administran la cosa pública, ¿o es que debemos consentir acríticamente todo lo que se les ocurra hacer? Nadie que ocupe un cargo público es bueno y fiable por razones metafísicas, por lo que se debe desconfiar en todo momento de nuestros representantes, y no nos faltan ejemplos, en cualquier dirección que miremos, para justificar estas razones.

El respeto debido de los servidores públicos a los ciudadanos. Hay otra faceta en tales actitudes que no nos preocupa menos, sino al contrario, por el carácter simbólico que presenta, y es que, con tales comportamientos, ¿cómo se va a mantener el prestigio, la legitimación, y el respeto por las instituciones? En otras palabras, si quien en esas circunstancias no tiene reparo en formular ofensas directas, o siquiera veladas, no sólo está ofendiendo a quienes se dirige, sino a las instituciones que representan y, en definitiva, a todos los ciudadanos, que somos los representados.

Pero no sólo eso, pues cabe apreciar asimismo la falta de dignidad y autoestima de los que desde las cúpulas de los partidos políticos lo consienten, ¿o será otra cosa aun peor?, porque, como mínimo, resulta evidente la complicidad de quienes les nombran y les mantienen en sus puestos

Unas dolorosas reflexiones finales. Lo ocurrido en los tres casos que hemos comentado nos hace reflexionar sobre un elevado número de empresas camufladas o «tapadera» –de propiedad pública pero de gestión privada– constituidas manifiestamente para eludir el control tanto de los ciudadanos como de los órganos de control; ahí están Sedes, Sogepsa, Gispasa y un largo etcétera. Quienes siguen esa práctica (y en Asturias tenemos varias decenas de tales empresas) se ríen de la legislación de contratación de las administraciones públicas y, en general, de la legalidad vigente al utilizarla en forma torticera, quien sabe con qué finalidad.

Es grave, por otra parte, que la actitud del ex director gerente de Sedes se produzca después de haber puesto de relieve la Sindicatura de Cuentas la ausencia de auténticas tasaciones de la millonaria operación de compra de locales de oficinas en el Palacio de Congresos de Buenavista y su posterior permuta con el Principado, poniendo en riesgo la solvencia de la propia empresa Sedes y saltándose las normas de contratación de la Administración pública.

Pero también, ¿por qué algunos grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón y de la Junta General del Principado se limitaron a hacer meras críticas verbales y no forzaron la dimisión de los que aludimos en este escrito, en defensa de la dignidad de los ciudadanos, de sus representantes y de las instituciones concernidas?

Todos los días somos testigos de cómo cada vez que alguien no emplea expresiones como «diputados y diputadas» se organiza la gran trifulca política, sin embargo, por una ofensa tan directa y grave a las instituciones y a los ciudadanos, todos, o casi todos, permanecen callados.

Estos comportamientos no son síntomas de una democracia «de baja calidad», como dicen algunos, sino simplemente antidemocráticos. Por ello, no es suficiente con que las personas señaladas se disculpen, sino que tanto ellos como quienes los colocaron en ese sitio deben dar explicaciones a la ciudadanía, deben dimitir los responsables, y los organismos correspondientes deben dejar claro ante la ciudadanía que esos comportamientos no volverán a ocurrir.

¡Que dimitan ya!

Víctor Fanjul, María Teresa Campo Martínez y José Manuel Nebot

Miembros del colectivo «Foro por Asturias»