La separación de Iglesia y Estado
Mucho sentir y actuar católico en España vienen a decir que una democracia sin la tutela y vigilancia católica no es una verdadera democracia. Asumen que la Iglesia católica es ya patrimonio histórico de todos los españoles y, por lo tanto, todos, seamos católicos o ciudadanos que no reconocemos a la Iglesia católica como nuestra, hemos de financiarla a través de dinero público para que siga siendo un poder dentro de nuestro sistema de enseñanza estatal y privilegiado con acuerdos especiales con el Estado. Eso quiere decir que un ateo o un protestante o un católico mismo que no esté de acuerdo con esta arrogancia política de su iglesia ha de contribuir con sus impuestos a mantener profesores de Religión, a financiar la asignatura de Religión católica y su incorporación en el currículo con validez académica. No hablemos ya de la financiación de su mantenimiento como institución: edificios de culto, sueldos de curas y jerarquías, etcétera. Eso quiere decir también que está muy lejos todavía la mentalidad común democrática española de empezar a aceptar las religiones como organizaciones civiles que han de ser mantenidas y financiadas por sus propios miembros o practicantes. Aquí hemos de incluir también a determinadas denominaciones protestantes u otras minorías religiosas que gustosas aceptan o esperan ser parte del reparto de subvenciones o proteccionismo fiscal que provenga del Estado.
Muchos protestantes nos seguimos ateniendo al principio básico y radical de separación de Iglesia y Estado. El poder político ha de responder a una ciudadanía al margen de sus creencias políticas, sus preferencias religiosas o ideológicas, el color de su piel, género, etcétera, etcétera, no importa si esto ocurre en España, Italia, Reino Unido, Suecia o Alemania. Las iglesias han de funcionar como entidades civiles e independientes de cualquier intento político de influenciarlas o dirigirlas, asumiendo siempre que su actuación interna o externa ha de ir siempre en consonancia con los derechos básicos de voluntariedad, de respeto a la dignidad humana o los derechos humanos recogidos en la Constitución. Otra cosa es luego la opción política de cada creyente como individuo y ciudadano, pero para expresar ese sentir político ya existen mecanismos democráticos más o menos apropiados. Mientras este sentir democrático de protagonismo de la sociedad civil no se instale en la sociedad española habremos de sufrir los continuos intentos por parte de religiones; de utilizar el poder del Estado para favorecer sus creencias, prácticas, adoctrinamiento a costa del erario público. ¿Incluiríamos aquí también a esos idearios políticos famélicos por imponer su único punto de vista a la mayoría a toda costa y utilizando sin escrúpulo alguno el sistema educativo como plataforma natural de inculcación de sus creencias? Mantener ese equilibrio democrático sigue siendo todo un desafío en nuestro país.
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