En defensa de la Procuradora General del Principado de Asturias
El pasado 31 de mayo tuve el honor de asistir a la «Jornada de Derechos y Espacio Público» en la sede de la Procuradora General del Principado de Asturias, organizada por la cátedra de Amparo de Derechos y Libertades.
Permítanme que, antes de iniciar esta exposición, brinde desde estas líneas mi más sincera expresión de agradecimiento a Paloma Requejo, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y directora de la cátedra, por la organización de un acto tan interesante y útil para acercarse, desde una perspectiva transversal, a cuestiones de actualidad sumamente relevantes para la ciencia jurídica. Tal consideración me gustaría hacerla extensiva también a la brillante y prestigiosa relación de ponentes y en último término a María Antonia Fernández Felgueroso, Procuradora General del Principado.
Hace unas semanas los asturianos recibimos la noticia de que la Procuradora General iba a ser suprimida debido a la necesidad actual de ahorrar costes y reducir gastos públicos por la crisis económica. Me gustaría, por tanto, hacer en esta carta una defensa por el mantenimiento de este ente autonómico.
En primer lugar, desde un punto de vista jurídico, la Procuradora General del Principado es el órgano, en clave autonómica, equivalente al Defensor del Pueblo. Teniendo en cuenta la forma territorial de nuestro país, la existencia de un organismo de estas características es realmente importante. De un lado, porque conforma una garantía institucional para el mantenimiento y desarrollo de nuestra autonomía política, y de otro, porque su actuación se basa en vigilar el respeto y cumplimiento de los derechos y libertades consagradas en nuestra Constitución (Título I) y Estatuto de Autonomía (artículo 9).
En segundo lugar, desde un punto de vista material, la Procuradora del Principado sirve como punto de encuentro para el debate y el diálogo –sirviendo como ejemplo lo mencionado al inicio de este escrito– favorece la participación ciudadana, mantiene relaciones de colaboración con otros entes autonómicos, emite informes periódicos de análisis y propuestas e inicia trámites de defensa ante la Administración pública. Todo ello compone un importante bloque de actuaciones encaminadas a alcanzar el fin último de este organismo: ser un efectivo mecanismo de defensa de los derechos y libertades de los asturianos.
En definitiva, la Procuradora General es una entidad abierta, activa y comprometida al servicio de todos los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma y por ello, pese a la compleja coyuntura económica, debemos incidir en el sostenimiento de este tipo de instituciones cuya labor resulta tan necesaria y beneficiosa para la sociedad asturiana.
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