Villabona: comisiones de servicios... y más
Breve y rápida guía para conseguir tres comisiones de servicios. Primero: la directora del CEPA Villardeveyo –con sede en el centro penitenciario de Villabona– convoca un consejo escolar extraordinario con un único punto en el orden del día: «Valoración y, en su caso, aprobación de la continuidad de los maestros (...) en el proyecto específico de intervención educativa en las UTE del centro penitenciario». Segundo: se celebra el consejo, no más de cinco minutos, y se remite informe a la Consejería de Educación, quien, por quinto (5.º) año consecutivo, concederá tres comisiones de servicios a tres maestros del citado CEPA. Lo llamativo y pintoresco es que estos tres maestros forman parte del consejo escolar, con lo que, caso insólito, se valoran y votan a sí mismos.
Pero más grave aún, si cabe, y así lo denuncio, es que, como es preceptivo, esta convocatoria no se haya hecho pública en el centro, como así se hizo a lo largo del curso con las demás. Ni era conveniente ni interesaba que yo la viera. ¿Por qué lo oculta, señora directora? ¿Por qué estas silenciadas e ilegales maniobras?
Si hay, como así sucede, un solo CEPA, también hay una única RPT (relación de puestos de trabajo), luego ésta no puede ser diferenciada, no hay dos centros educativos. Siempre entendí que las comisiones de servicios deben salir a concurso, no hay, en todo este tiempo, ni hubo, vacantes publicadas, y las comisiones son de puesto a puesto, y en este caso el puesto es el mismo. ¿Cómo pueden concederse comisiones para un puesto ya existente en el mismo centro y para desempeñar el mismo trabajo a quienes ya lo desempeñan? Es como si a la propia consejera de Educación, una vez nombrada para el cargo, le concediesen una comisión para el mismo cometido.
La legislación al efecto es muy clara, sólo es cuestión de aplicarla y, sobre todo, de no ocultar al resto de los docentes tal artimaña. Los puestos vacantes –que aquí no hay– podrán ser cubiertos durante un tiempo máximo de dos años y deben ser incluidos, si los hubiera, necesariamente en la siguiente convocatoria de provisión de plazas por el sistema que, legalmente, corresponda. Todas las comisiones salen a la luz pública, léase página de Educastur y BOPA, excepto éstas. ¿Por qué se ocultan y se encubren las del CEPA Villardeveyo?
Con este sistema, a todas luces ilegal, se favorece a unos docentes que ejercen en exclusividad en las UTE, con el consiguiente perjuicio para el resto; se nos priva del derecho a elegir curso en el lugar que legalmente nos corresponde.
Espero que la señora consejera de Educación, que ni contesta a mi escrito ni me recibe, se dé por informada a través de este medio.
Por otra parte, deseo comentar que quienes trabajamos en el «modelo de cárcel casposo» –ver LA NUEVA ESPAÑA, 8 junio, don Javier Fernández Conde– somos tan eficientes y eficaces que no necesitamos del auxilio de políticos, ni de personajes de relevancia pública, ni televisiva, ni de actos pomposos. Estamos muy orgullosos de nuestra labor, callada, silenciosa y no mediática. Alabo el quehacer de las funcionarias, del equipo de tratamiento y de las voluntarias de prisión y sociedad que, con gran esfuerzo e ilusión, llevan a buen puerto el módulo de respeto de mujeres.
Mi reconocimiento para quienes lucharon por hacer del módulo 10 un lugar digno, no sé si diferente de los demás, pero sí respetado, superando trabas y zancadillas: la maestra Teresa, el educador José Luis y la funcionaria M.ª Jesús –los tres ausentes–, sin desmerecer el decidido y esforzado trabajo y entrega de los actuales.
José Ramón Irazusta Gutiérrez, maestro del centro penitenciario de Villabona,
Oviedo
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