De los pobres, sólo los listos
De los pobres sólo nos interesan los más inteligentes: el resto, allá ellos. Podría ser de Wert. En todo caso, esta frase puede resumir la intencionalidad de la política de becas del Ministro. Sólo así se puede explicar que los universitarios económicamente más débiles se vayan a ver sometidos a una clara discriminación, probablemente inconstitucional, al exigirles un sistema de rendimiento diferente al común de los estudiantes.
¿Clasismo rancio impropio de una sociedad democrática? Sólo podremos afirmarlo si finalmente este desaguisado sale adelante con al apoyo del actual Gobierno. Por el momento, mi impresión es que se trata simplemente de la ineficiencia de un ministro con un perfil ínfimo, más dado a declaraciones extemporáneas y salidas de pata de banco que a una política de mejora de la educación, que para eso le pagamos.
Lo que sí demuestra con estas propuestas (que a estas alturas ya son poco comprensibles incluso desde un punto de vista de aplicación práctica) es un claro desprecio por el esfuerzo de cientos de estudiantes universitarios y un escaso interés social por producir alguna mejora en la educación de este país.
A la hora de castigar a los repetidores, no hemos oído que piense tomar medidas respecto a los estudiantes no becarios que repiten cursos en la Universidad, unos de manera respetable haciendo el esfuerzo de que son capaces para sacarse un título que pueda ser de alguna ayuda en su vida, y otros probablemente porque están simplemente gastando el dinero de todos los españoles que financiamos la Universidad, además del patrimonio familiar: ¿será porque tiene por ahí algunos amigos?
Lo lógico en una sociedad democrática sería que los criterios de igualdad imperasen sobre los discriminatorios: normalmente, en la Universidad tenemos a los estudiantes que mejor han sabido combinar su capacidad y su trabajo en el estudio. Introducir desigualdad en el sistema de promoción raya en la inconstitucionalidad de un derecho fundamental como es la educación.
Publica la prensa que una vez puesto en marcha el sistema, el Ministro propone que el trabajo sucio (o sea, la aplicación) lo hagan las autonomías. Sólo nos queda esperar que el sentido común impere en éstas, más que en el Ministerio promotor.
¿Por qué introducir estos elementos de distorsión que sólo generan dificultades para muchos buenos estudiantes y no mejoran ninguno de los parámetros de calidad? Puede que por la misma razón que explica la nueva ley de educación que ha propuesto: hacer política de plató de televisión tan innecesaria e inútil como muchos de los debates en los que este Ministro parece ser un auténtico especialista, eso sí, con afán de hacerse ver.
Es difícilmente comprensible que el Presidente haya nombrado a semejante personaje para una responsabilidad tan importante: ¿se le ha colado de rondón o bien representa su propia valoración de la educación española? En fin, al menos es un buen fusible para dar salida a una crisis de Gobierno.
José Antonio Rodríguez Lasa, catedrático de enseñanza pública, Oviedo
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