La muralla medieval de Grado: del ninguneo histórico a la dignificación urbana

La muralla medieval de Grado es otro proyecto más, en este caso con relevancia histórica y monumental, en la que el Partido Popular se mantuvo manifiestamente en contra de su ejecución a lo largo de tres décadas. Todo a punto para la conclusión de las obras, conviene no dejar que el olvido se adueñe de unos hechos que han tenido como protagonistas a los partidos con representación municipal, alcaldes y concejales incluidos. Afortunadamente, también es el final de un agravio histórico, por aquello de «lo que es de todos no es de nadie», con la total dignificación del más importante conjunto monumental del concejo.

Los aspectos que mejor definen las vicisitudes políticas que ha sufrido la muralla, desde el comienzo de la democracia municipal hasta el momento presente, pueden resumirse en tres apartados: 1. La defensa política de la muralla como bien público. 2. La legitimación del conjunto histórico artístico correspondiente al palacio de Valdecarzana, capilla y muralla. 3. La rehabilitación de los elementos monumentales y recuperación de un espacio propio al conjunto monumental.

La defensa política de la muralla se inicia a comienzas de los ochenta, cuando hace explosión el escándalo de la muralla medieval de Grado (el elemento más ignorado del conjunto «sin otro interés» que un simple muro que servía de sostén a edificaciones anexas y, sin embargo, tratarse de la cerca medieval que dio protección a la propiedad de Valdecarzana); el palacio se encontraba en ruina técnica y la capilla de los Dolores no era más que una edificación arruinada por el abandono y la suciedad de muchos años, consecuencia de la falta de uso y ausencia de interés por su conservación. Estas edificaciones no gozaban de protección en las normas urbanísticas aprobadas por la última Corporación municipal franquista. No es de extrañar que al carecer de un elemento protector para todo el conjunto arquitectónico, nada impidiese, con la legalidad vigente de entonces, autorizar la licencia de obras, máxime cuando los informes técnicos municipales fueron emitidos en esa dirección.

Sin embargo, quiso el destino que el «soplo» de un vecino moscón a las autoridades provinciales (UCD mandaba en el Gobierno Civil) se transformara en una orden al Alcalde, que hubo de decretar el cese inmediato de unas obras consistentes en la construcción intramuros de viviendas y bajos comerciales en seis plantas sobre la rasante de la vega del río, cercando las vistas del palacio hacia el Cubia y demoliendo un pequeño paño de muralla. Si la paralización municipal supuso para los «poderes locales de entonces una violación de la legalidad urbanística y un atentado a la libre voluntad para construir» en la villa, el recurso que interpone la propiedad marcó el origen de un calvario para quienes (el caso del Partido Comunista, en posesión de la Alcaldía) mantuvieron y defendieron a través de los años su posición en solitario, desde el instante en que el Pleno municipal, con el voto de la extinta UCD, AP (anterior Partido Popular) y también el PSOE acordaron la anulación del decreto de Alcaldía que suspendía las obras, poniendo en bandeja la victoria a los intereses particulares. Al producirse la votación plenaria cerca de la medianoche después de un prolongado debate, de inmediato la propiedad acomete la demolición de un importante paño de la muralla. Esta política ilegal de hechos consumados no consiguió los resultados previstos; de nuevo el gobernador civil reitera la orden de cese urgente de las obras anteponiendo el valor histórico y los intereses generales a los intereses de la propiedad privada, la cual acude a la justicia demandado al Ayuntamiento por considerar improcedente el segundo decreto de paralización. La Corporación defendió su posición mediante un decreto de la República, con relación a la defensa y conservación de Patrimonio Histórico Artístico, que no había sido derogado durante el régimen franquista. Al final, después de doce años de contenciosos, la justicia dio la razón al Ayuntamiento, que obró ajustado a derecho con la aplicación del decreto que puso fin definitivo de las obras.

La legitimación del conjunto histórico artístico. Afortunadamente, ya nada sería igual en el devenir político y social para el futuro del conjunto monumental. La toma de conciencia de gran parte de la sociedad moscona permitió acometer la declaración de bien de interés cultural para las tres edificaciones, a la vez que se abría el camino para su rehabilitación con la importante ayuda económica del Principado. El uso de la capilla y el palacio dedicados a actividades culturales a partir del final de la década de los ochenta y principios de los noventa, respectivamente, puso punto final a la polémica partidista.

Un espacio público propio al conjunto monumental. Mientras tanto, seguía vigente el problema del solar intramuros de la muralla a la espera del cambio de la titularidad a propiedad municipal, pues ya su clasificación urbanística habíase reconvertido en espacio público con el objetivo de reponer el paño de muralla demolido y disponer de una zona diáfana para dar mayor realce a la entrada principal del palacio, y hacia el río Cubia, hacer de galería o mirador. Dos intentos de acuerdo fallidos con la propiedad, dos años perdidos de negociación, cerraron cualquier posibilidad al Ayuntamiento de compra mediante un acuerdo. Sólo quedaba iniciar el camino legal del justiprecio por el órgano regional correspondiente, cuya cantidad la propiedad recurrió ante los tribunales de justicia quedando fijada por estos una cifra definitiva que el Ayuntamiento aceptó. En ese momento, la Corporación se dirigió al Principado solicitando ayuda económica suficiente para el pago del justiprecio del solar argumentando que la orden de paralización de las obras había nacido de un ente preautonómico. La negociación colmó las pretensiones municipales, pues la ayuda regional alcanzó el coste de los terrenos y los intereses de demora consecuencia de los procesos judiciales, así como el resto de gastos que originaron los contenciosos promovidos por la propiedad de los terrenos. Hasta aquí, había transcurrido un cuarto de siglo desde el comienzo del proceso.

Sólo restaban dos pequeños escollos para consolidar el proyecto del conjunto de Valdecarzana: adquirir la propiedad de un solar extramuros donde se ubicaba la Cámara Agraria, e iniciar el proyecto y las obras de rehabilitación de la muralla. De nuevo las negociaciones requerían el acuerdo con el Principado estableciéndose una permuta de propiedades entre ambas instituciones, y un acuerdo económico para el proyecto y las obras de rehabilitación: el Gobierno regional incluyó el uno por ciento cultural en el presupuesto del año 2007, y el Ayuntamiento quedó obligado a solicitar un préstamo que cubriese la otra mitad de la inversión, estableciendo los compromisos para el ejercicio presupuestario de dicho año y quedando a la espera de licitar la obra. Es pocos meses después de que el Partido Popular se hace con la Alcaldía de Grado con la ayuda de Aigras, cuando se da carpetazo a las negociaciones y los compromisos dejan de gestionarse, originando un vacío de cuatro años.

Ahora, a pocas semanas para la conclusión de las obras de la muralla, resulta reconfortante percibir un final como merece este conjunto histórico después de más de tres décadas de trabajo político, esfuerzo, inversión e ilusiones compartidas. En el ejercicio de la política, las apuestas más arriesgadas o utópicas resultan siempre las más reconfortantes. La recuperación y dignificación de este espacio público urbano sumamente degradado a los moscones nos sirve para mejor conocer nuestro pasado, lo que nos permite interpretar el presente y estar en condiciones de saber proyectar, de la forma más adecuada, el futuro de nuestro pueblo.

La nueva panorámica que ofrece la muralla desde el parque fluvial del río Cubia es un estímulo estético añadido a la fachada principal del palacio de Valdecarzana. Un primer plano a pie de la obra nos permite observar al detalle la solución técnica adoptada, armonizando el pasado y presente constructivo, y el criterio respetuoso del proyecto ante la presencia del trazado original del elemento defensivo. Es de desear que esta audaz rehabilitación sea recibida por los moscones con el éxito que merece, como viene siendo costumbre con anteriores actuaciones políticas.

José Sierra Fernández

Grado