El elevador de la Policía
Padezco desde hace tres años una enfermedad neurodegenerativa que me impide (entre otras cosas) subir escaleras y me obliga a caminar de forma lenta y poco segura; por ello se me ha concedido una minusvalía y una jubilación anticipada por incapacidad absoluta.
Al caducar mi DNI me dirijo a la Comisaría de Policía de Oviedo para renovarlo; observo que para acceder al negociado correspondiente tengo que subir un tramo de escaleras, por ello solicito utilizar el acceso a personas con movilidad reducida. Al momento acude un agente de la Policía al que planteo utilizar dicho acceso y, con gran sorpresa por mi parte, me indica que hay un elevador que sólo es para personas en silla de ruedas. Ante mi insistencia, el citado policía, con una mezcla de malos modales y una total indiferencia al problema que le planteo, me indica que no puede hacer nada al respecto.
Ante tal respuesta, solicito que se persone un funcionario al que planteo nuevamente mi problema, que me repite de nuevo la misma información, añadiendo, además, que el elevador no está homologado para ser utilizado para personas a pie, y entonces le pregunto: «¿Tengo que estar en silla de ruedas para poder renovar el DNI? ¿Los organismos públicos están obligados a ser accesibles?».
Se me contesta con malos modos que utilice el elevador «bajo mi responsabilidad» cuando le hago saber que poseo certificados de minusvalía y de la enfermedad responsable de la misma.
Hago uso del elevador y salgo triunfadora. ¡He renovado el DNI!, a pesar de mis limitaciones y de las que me imponen, además, los organismos públicos y algunos funcionarios.
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