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En defensa de la enseñanza

16 de Agosto del 2013 - Miguel Ángel G . Sastre (Cancienes)

El sistema educativo español esta inmerso en una espiral mercantilizadora que comienza cuando el PSOE renuncia a la escuela única, reconociendo a la enseñanza concertada un nivel de igualdad con la escuela pública LODE (1985), siendo entonces centros sostenidos con fondos públicos. La LOGSE (1990), a su vez, consagra la doble red pública-privada.

La LOPEGCE (1995) creó distritos únicos para que las familias pudieran elegir un centro de acuerdo a sus convicciones y deseos, dio autonomía a los centros de tal manera que ofrezcan productos diferenciados y premió los esfuerzos de los centros para captar más clientes, de modo que se consigue una mejora general de la calidad educativa....

Establecido el modelo, el PP ya tenía el trabajo sucio realizado cuando llegó al poder en 1996 y lo intentó con la LOCE, pero la situación política y social hizo que no prosperase. Al igual que la LOMCE convierte la enseñanza pública en subsidiaria de la concertada. Hace legal tres sistemas educativos para tres clases sociales: una enseñanza privada para las élites, una enseñanza concertada para las denominadas clases medias y una enseñanza pública para las clases populares.

Pero, tristemente, este viaje no habría sido posible sin que una parte de la izquierda renunciara a los principios constitucionales de la igualdad de oportunidades y el derecho a una educación digna de todos sus ciudadanos.

El primer ataque contra el sistema público de educación en esta comunidad se refleja en los Presupuestos de este Gobierno y en su política laboral. Como objetivo prioritario, el colectivo interino (25% del colectivo docente), que lleva soportando un aumento de precariedad laboral nunca visto y que pone al colectivo en una situación de exclusión social.

La norma de los últimos años es la degradación de las condiciones de vida, empleo y trabajo de los docentes, que dificulta la realización de proyectos de vida personales emancipados, desarrollar la libertad personal o colectiva e impide el ejercicio libre de derechos ciudadanos y políticos plenos.

En Asturias al revisar los pasos dados por la Consejería de Educación del Principado durante los últimos meses llama poderosamente la atención la convocatoria de 250 plazas en el concurso de traslados, una oferta más generosa de lo habitual y una manera barata de cubrir los puestos docentes vacantes sin pasar por unas costosísimas oposiciones. En los datos sobre vacantes docentes provisionales para el próximo curso observamos que desaparecen unas 100 plazas por el cuerpo de Secundaria y otras 100 por el cuerpo de Primaria con respecto al curso anterior, con un aumento considerable de la oferta de plazas a media jornada. Pero si profundizamos más, descubrimos que la tasa de precariedad laboral a día de hoy es un 40% exacto, es decir, a fecha de hoy para el curso que viene 2 de cada 5 interinos serán contratados en plazas a media jornada.

Uno, que lleva años trabajando con números, sabe que raramente las soluciones de un problema concluyen con soluciones exactas, salvo que el problema haya sido cocinado previamente.

Con esta política de recortes, cada palo que sujete su vela, porque la excusa maniquea de echar las culpas de las decisiones autóctonas a los de fuera ya no cuela. El maquillar las cifras eliminando vacantes y sustituirlas por contratos a media jornada ya no cuela. El "no hay dinero" (cuando sigue habiendo conciertos no necesarios) o el "lo imponen de Madrid" ya no son excusas ante la sociedad asturiana.

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