Un olímpico «no»
Tal vez sean demasiados los que aquí perciban el monumental fiasco de la candidatura madrileña a la organización de los Juegos Olímpicos de 2020 como un hiriente desdén, quizás hasta como un humillante desprecio procedente del COI. Cuantos así lo interpreten, seguramente se habrán dejado seducir primero por el vacuo triunfalismo de sus enardecidos gestores y, después, por las tóxicas versiones que desde interesadas instancias del entorno político gubernamental se han despachado con evidente propósito exculpatorio.
El problema de quienes han fracasado con tanto estrépito en su gestión, y ahora tratan de bascular sus responsabilidades, es que semejante versión no se sostiene ni ante el más elemental análisis de lo ocurrido. ¿Alguien en su sano juicio puede dar pábulo al supuesto de una conjurada animadversión de la mayoría de los noventa y ocho miembros del COI hacia un determinado país? Por supuesto que no. Quienes quieran aproximarse al fondo de la cuestión tendrán que preguntarse sobre qué factores adversos pueden haber pesado tanto como para tumbar, a la primera de cambio, una candidatura con el ochenta por ciento de las infraestructuras ya en pie y que, además, optaba por tercera vez consecutiva a su designación.
Aunque mucho se ha ventilado también sobre la existencia de velados intereses opuestos a la candidatura española en determinados sectores del COI, eso no debe hacer que se aparte la vista de los principales escenarios sobre los que algunos miembros del jurado olímpico han dirigido su atención. ¿Qué se puede argumentar como respuesta ante ese jurado cuando se pone en cuestión la racionalidad de pretender conjugar un veintisiete por ciento de paro laboral con la elevada financiación que requieren unos Juegos Olímpicos? Pues, probablemente, lo mismo que cuando desde esa instancia se sacó a colación la consentida destrucción de pruebas inculpatorias en el transcurso de la bochornosa «operación Puerto» contra el dopaje: vaguedades carentes del menor contenido y credibilidad.
Y es que la credibilidad gubernamental y de su incondicional coro de palmeros políticos no puede tener peor imagen pública. Hay que comprenderlo: ¿cómo se le va a otorgar la confianza en la gestión organizativa de unos Juegos a los campeones de la indecencia, al más descarado y voluminoso colectivo de promotores de la corrupción política?
Olvidó el señor Rajoy en Buenos Aires que la confianza ajena no se puede imponer por decreto ley, esa forma de gobernar por la que él tanta predilección siente. La confianza siempre hay que ganársela a pulso, por lo que nunca podrán contar con ella quienes muestran un harapiento bagaje del más elemental sentido ético.
Demasiado indulgente ha sido el jurado del COI al no sincerarse públicamente sobre el principal fundamento de su negativa, aunque la mayoría de sus miembros no haya resistido la tentación de darle un sonoro bofetón a la parte promotora –que no a la ciudadanía de este país– apartándola del concurso con revelador apremio.
Debe rellenar todos los datos obligatorios solicitados en el formulario. Las cartas deberán tener una extensión equivalente a un folio a doble espacio y podrán ser publicadas tanto en la edición impresa como en la digital.
Las cartas a esta sección deberán remitirse mecanografiadas, con una extensión aconsejada de un folio a doble espacio y acompañadas de nombre y apellidos, dirección, fotocopia del DNI y número de teléfono de la persona o personas que la firman a la siguiente dirección:
Calvo Sotelo, 7, 33007 Oviedo