El proyecto de ley de Wert

Ante el rechazo a esta ley con manifestaciones de estudiantes, profesores, asociaciones de padres, desplantes de estudiantes distinguidos y rectores de universidades, después de haber leído muchos comentarios sobre los motivos del rechazo quiero proponer una respuesta desde mi conciencia y circunstancia a los motivos alegados por algunos discrepantes en cuanto a la enseñanza no universitaria.

Es una evidencia que las leyes vigentes desde 1982 hasta la fecha, todas propuestas por el mismo partido político, dieron mediocres frutos y un elevado fracaso escolar. La falta de entusiasmo por parte del profesorado es innegable; incluso en la Universidad de Oviedo se jubilaron anticipadamente 90 profesores; se podría esperar un poco de tolerancia ante un proyecto que introduce unos pequeños cambios que tratan de estimular el esfuerzo personal.

El motivo más alegado es la asignatura de Religión, que sigue siendo opcional, voluntaria como hasta ahora; el cambio consiste en pasar de ser «no evaluable» a ser «evaluable», es decir, obtiene el reconocimiento académico, como todas las demás. Toda asignatura, la materia que se asigna a un profesor para impartir unos determinados conocimientos a sus alumnos, tiene que ser evaluable o no es una asignatura. Un coro, un equipo de balonmano, la gimnasia, la catequesis, dirigidos por un profesor del centro, no son asignaturas y no tienen reconocimiento académico ni se les dan notas a los participantes. Hasta un niño de 4 años lo sabe, «abuela, tengo clase de Educación Física, la gimnasia se hace en casa». Se puede denunciar el acuerdo entre el Estado español y el Vaticano sobre la asignatura de Religión, pero no se debe engañar, tergiversar ni corromper el lenguaje.

Otros están de acuerdo con la presencia de la asignatura de Religión, pero por motivos culturales, por ser necesaria para poder comprender la literatura, arte, música, etcétera, por ser una «raíz» unificadora de la cultura occidental. Es verdad, pero eso no explica por qué razón un 70% de los padres elige la asignatura de Religión para sus hijos y sólo una mínima parte elige el estudio de la «raíz» greco-latina que ofrece un beneficio privilegiado a los que se interesan por la historia del espíritu humano, de los filólogos, de los juristas, etnólogos, economistas, historiadores. No concibo el estudio de una filología románica sin un mínimo conocimiento previo de la lengua latina; sin embargo, una mínima parte de los padres y alumnos se interesa por el estudio de la lengua latina o de la cultura clásica.

Uno explica la elección, más del 70%, por el poder de la Iglesia que «conmina» a los padres a inscribirlos en ella. Es su valoración. La Iglesia, hoy, sólo tiene un poder: el testimonio, anunciar la alegría del encuentro con el Señor y la esperanza, porque hemos creído en el amor de Dios. La Iglesia anuncia y propone el Evangelio, pero es contraria a la naturaleza de la religión toda imposición. Es evidente que en tiempos pasados la Iglesia, formada por hombres pecadores, fue infiel al Evangelio y hubo infidelidades colectivas, como la persecución de los herejes, los cismas, guerras, etcétera. Hoy la Iglesia no amenaza a nadie con castigos materiales ni espirituales, a no ser que uno considere una amenaza la aplicación del código de Derecho Canónico o del Derecho Civil o Penal para los ciudadanos.

Otro afirma que se debe dar formación en valores, «basados en la razón, como son los derechos humanos, y no en creencias privadas». En la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas), en los siete Considerandos de su Preámbulo, no aparece la palabra «razón»; en cambio en el quinto dice: los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta «su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres». Subrayo «su fe». Aparece una sola vez la palabra razón, en el artículo 1.º.– Todos los seres humanos nacen «libres e iguales en dignidad y derechos» y, «dotados como están de razón y conciencia», deben comportarse «fraternalmente» los unos con los otros. En el artículo 18 afirma: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia».

A los que quieren suprimir la enseñanza de la asignatura de la Religión, les contesta el artículo 30: «Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración». Pienso que está claro.

Esta Declaración, que tuvo y tiene un gran valor para inspirar la legislación estatal, está fundamentada «en la fe en la dignidad de la persona humana», pero no explica por qué la persona humana tiene dignidad, ni qué es la «dignidad», ni por qué debemos comportarnos «fraternalmente»; permite la dictadura, la pena de muerte y muchas ambigüedades para lograr un consenso mínimo entre pueblos muy distintos. Las distintas ciencias no explican por qué la persona humana tiene dignidad. La religión cristiana fundamenta la dignidad en que el hombre, creado por Dios, es imagen de Dios, colaborador en la creación, abierto a la trascendencia y libre. Por su libertad, es capaz de reconocer a Dios como su creador, una respuesta religiosa positiva o decir no a Dios, una respuesta religiosa negativa; ambas respuestas son razonables, pues tanto el creyente como el no creyente participan en la duda y en la fe. Las conocidas «vías» de Santo Tomás de Aquino no son pruebas de la existencia de Dios, sino caminos razonables para el encuentro con Dios, que nos ama y sale a nuestro encuentro. Aunque no lo reconozcamos.

Un Estado, aconfesional, neutral, no debe imponer el estudio de la asignatura de Religión ni eliminarla, pues eso implicaría imponer la respuesta religiosa negativa. El Estado da un paso más que supera todos los límites: impone la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), basada en un proyecto ideológico anticristiano (el laicismo y la ideología de género, presente en distintas leyes y en la enseñanza), que afecta a la formación moral de los niños y jóvenes, sin tener en cuenta la orientación moral que los padres desean para sus hijos. La EpC es una asignatura obligatoria y evaluable en Primaria, Secundaria y Bachillerato. Se trata de una nueva religión anticristiana: su lema es «la libertad os hará verdaderos», frente al mensaje del Evangelio de la religión cristiana: «la Verdad os hará libres». El Estado asume una ideología y la impone en la asignatura EpC a todos los alumnos. El Estado señor de la moral

Los padres eligen la asignatura de Religión para sus hijos, porque tienen creencias y convicciones y se dan una respuesta, tal vez sin palabras, pero sí con obras, a la pregunta ¿quién es el hombre y cuál es su destino? Quieren, sobre todo, que sus hijos crezcan, se gradúen como personas con los valores cristianos y que no se degraden. En definitiva, siguen una tradición cultural, se agarran al Padrenuestro, a los Diez Mandamientos, al Catecismo de la Iglesia que ha enseñado a abrir caminos de vida y esperanza a innumerables generaciones. Quieren transmitir el tesoro de la fe por los medios a su alcance. Todos estamos dotados de la razón, pero la fe es un don y una luz que ilumina el camino de toda nuestra existencia, en la familia, en las relaciones humanas al iluminar la imagen de Dios en el prójimo (considerado hermano) y en la vida pública, al servicio del bien común, de la justicia, del derecho y de la paz.

El segundo motivo de rechazo es «porque es una ley segregadora». La ley actual parte del principio ideológico de la igualdad, pero con el paso de los cursos se produce una gran diversidad; la lógica de la ciencia exige grupos homogéneos por lo que la ley actual pide a los equipos docentes que inventen estrategias pedagógicas para resolver un problema insoluble, por medio de adaptaciones curriculares, grupos de alumnos con necesidades educativas específicas, etcétera. Hay profesores de «apoyo» para estos grupos, pero estos alumnos ¿son seleccionados o segregados de su grupo? Para contestar hay que haber visto (o imaginar) las lágrimas de un alumno al que se le comunica la incorporación a uno de estos grupos. Los alumnos van al mismo centro escolar, pero vuelven a hogares distintos. La igualdad de principio lleva a la desigualdad de resultados.

La ley actual –se dice– no es segregadora, pero al final, a los 18 años, obtiene como resultado un 25% de fracaso escolar, es decir, alumnos finalmente excluidos, marginados, segregados.

La ley propuesta establece dos reválidas, a fin de que los alumnos se esfuercen para superarlas, y los que no las superen, por falta de esfuerzo o capacidad intelectual, sean orientados a una Formación Profesional, en la actualidad inexistente.

Todos somos iguales en dignidad y derechos; en todo lo demás somos distintos: cada uno con sus dones recibidos y la responsabilidad de administrarlos.

Sixto Castañeira Fernández

Gijón