El contribuyente sí lo tiene que saber
Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ahora le toca al parque móvil aunque no afecte a todo los vehículos oficiales que ruedan gratis por el país. Las ambiguas y equívocas promesas de reducir el parque de automóviles oficiales de las administraciones, que hizo en su día el Partido Popular, siguen chocando con una testaruda realidad. Según cálculos de UPyD, el partido de Rosa Díez, con 22.500 coches oficiales somos l sexta potencia mundial en este campo, muy por encima del que nos corresponde como país de cierta capacidad económica. España gasta anualmente 1.200 millones de euros en vehículos oficiales. En esta cifra, por supuesto, se incluyen todos los vehículos de organismos de titularidad pública. ¡Hasta ahí podíamos no llegar!
De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, en el año 2012 efectivamente, hubo un total de 22.500 coches oficiales, de los cuales 864 pertenecen a la Administración Central (solo dos menos que en 2011); las Comunidades Autónomas se benefician de 798; las Diputaciones disponen de 1.200 vehículos y los Ayuntamiento de 11.000. Esto supone el gasto de los ya mencionados 1.200 millones de euros al año, pero sin tener en cuenta los gastos de 958 chóferes que conducen los automóviles de nuestros políticos.
Al margen de los vehículos de servicio ciudadano (coches de policía, bomberos, ambulancias y de trabajo de los organismos), el catálogo de los coches de cortesía para autoridades es ampliamente generoso. Los directores generales y secretarios de Estado eligen los Peugeot 407, mientras que los ministros suelen decidirse por el Peugeot 607 y el Audi A8 (modelo antiguo).
Puede decirse que nadie elige mejor que nuestros políticos de otros organismos, así el Ayuntamiento de Madrid pagó cerca de 600.000 euros por el coche oficial del ex alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que disponía de dos automóviles: un Audi A6, que contaba con un sistema de blindaje exclusivo y sistemas de seguridad muy modernos, en el que se desplazaba a diario y un Volkswagen Phaeton, que utilizaba para los viajes fuera de la capital. Más no contento con eso más adelante adquirió un Toyota Prius híbrido de alta gama, aunque a cambio dejó el más exclusivo Phaeton, valorado en 150.000 euros, hoy destinado en la Policía Municipal para escolta de autoridades. Actualmente, es la alcaldesa Ana Botella la que utiliza el Toyota. Respecto al presidente de la Comunidad Ignacio Gonzáles, posee un Citroën Crosser todoterreno, del año 2011.
Pero el ejemplo más llamativo es el del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que se desplaza en uno de los coches más lujosos del mercado: el Audi A8 L, en su versión más moderna. Se trata de una berlina blindada y su precio ronda los 100.000 euros. Sin embargo --por hacer comparaciones--, su homólogo francés François Hollande utiliza un Citroën DS 5, de 28.000 euros. Por su parte, el coche oficial del jefe de la oposición. Alfredo Pérez Rubalcaba, es un Peugeot 607 cuyo coste sí puede superar los 30.000 euros.
Noticia a tener en cuenta a todos los efectos: los británicos han eliminado los coche oficiales hasta para los ministros.
Igualmente, los gastos de los vehículos oficiales españoles van mucho más allá de la marca y el modelo, ya que un 88 por ciento del presupuesto va destinado al personal: escolta y conductores. En definitiva, la masa salarial de estos profesionales suele ser redondeada en 30.000 euros año.
Como puede observarse, España dispone de un parque móvil superabundante en número y en gastos, que contratas con la austeridad de algunos de nuestros socios europeos. Lo que parece evidente es que en el siglo XXI se ha cambiado de poltrona por el coche de color oscuro y con antenas, en plural.
Repasando estas cifras da la sensación de que la austeridad en nuestro país no tiene coste alguno. ¡Viva la austeridad!
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