¿La justicia es igual para todos?
Demoledora, sorpresiva, desproporcionada e injusta son algunos de los calificativos que se oyen hoy en el entorno del PSOE andaluz tras conocer la millonaria fianza de responsabilidad civil que la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo ERE irregulares, Mercedes Alaya, ha impuesto al ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano. Una fianza a todas luces desproporcionada -46,5 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes ya que el cargo que ostentaba el exdirector no se hallaba en la órbita de gestión directa de los ERE sino en la globalidad presupuestaria de la Junta de Andalucía. Unos presupuestos, que el ayudaba a confeccionar, dicho sea de paso.
La jueza Alaya adopta estas medidas cautelares por considerar que el exdirector, que reconoció que el sí tramitaba dichas transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía, no podía utilizarse para conceder subvenciones durante su declaración, pudo o debió conocer el uso de las transferencias de financiación por Empleo para otorgar subvenciones y que el Instituto de Fomento era solo mera pagadora
En el caso de los ERE en Andalucía, la jueza Ayala le pone 46,5 millones de fianza a un exdirector, porque según ella, si sabía que el dinero que mandaba para pagar los ERE, no correspondía concederlos, si por este motivo se pusiera semejante cantidad de millones a todos los políticos del PP que están involucrados en casos parecidos o más graves caso gurtel, Bárcenas, Noos, casos en la Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, serian miles de millones, pero claro no son socialistas, a la oposición hay que atarla corta, ¿verdad señores jueces?
Por otro lado el TSJCV, dice que la alcaldesa de Valencia y el que era el presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, son inocentes y no tienen por qué ser inculpados por la presunta desviación de varios millones de euros, con contrataciones irregulares, y habiendo documentos que están firmados por ellos mismos, ¿la justicia en Valencia es distinta que en el resto de España?
Será delito todo lo que pueda hacer un pobre hambriento. Robar una barra de pan, por ejemplo, porque está pasando hambre gracias a las políticas antisociales del PP (ya hay casos y cada día aumentan). Pero robar al Tesoro Público y a los españoles, según los políticos corruptos, es por política, insidias o ataques injustificados.
Me sorprende que pueda haber discrepancias tan enormes entre jueces, no ya a la hora de juzgar y valorar las circunstancias concretas de cada caso, que son únicas, sino en si hay EVIDENCIAS de existencia de delito. Para uno es casi evidente que hay delito, y el otro no ve ni evidencia de que quizá podría haberlo y haya que investigar. Esto es un completo cachondeo.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.
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