Pensiones: nubarrones de pobrez

Malas noticias para las pensiones en nuestro país, donde el IPC, como referente legal del poder adquisitivo de los pensionistas, va a ser sustituido por el IRP (atención, no confundir con el RIP, "requiescat in pace",

aunque al fin y al cabo...), presentado por el Gobierno como una garantía de que las pensiones subirán un mínimo de 0,25 por ciento y, si hay disponibilidad presupuestaria, y solo en ese caso, el equivalente al aumento del IPC. Un eufemismo matemático para ocultar que el jubilado va a ir perdiendo real poder adquisitivo en los próximos años.

Las alertas han vuelto a sonar, pero ahora con más fuerza y peores pronósticos. Como la población envejece, la proporción entre activos y jubilados se comprime y, además, como la crisis ha reducido de manera rotundo los ingresos públicos, hay que revisar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Dicho en el lenguaje que dictan los nuevo tiempos, hay que ver por dónde se recorta. Pues es más fácil y más rápido que buscar otras fórmulas para incrementar los ingresos. Esa opción implicaría volver a los demagógicos debates sobre progresividad fiscal, a las bolsas de fraude y a los paraísos fiscales contra los que tantos dirigentes de instituciones supranacionales prometieron luchar y que ahí siguen tal cual.

Toca, pues, implantar elementos de sostenibilidad que, por supuesto, conllevarán período de cotización creciente para tener derecho a pensiones menguantes y que ya no se actualizarán en función del IPC, sino de acuerdo con complejos y reflexivos mecanismos que casi con total seguridad siempre se quedarán por debajo de ese umbral. Es decir, que si ya en la actualidad un alto porcentaje de las pensiones apenas dan para vivir con alguna dignidad, los futuros jubilados lo tendrán más crudo para alimentarse y poder pagar los medicamentos, que, entre copagos y retirada de no pocos fármacos, cada vez cuesta más adquirirlos.

Como era de prever, se aconseja recurrir a fondos de pensiones privados. Claro que, con la tendencia de salarios decrecientes que se perciben, a ver cuántos trabajadores se lo pueden permitir. Mustios y atribulados tiempos en quienes nos representan solo son capaces de ofrecer horizontes de más pobreza a una gran mayoría de conciudadanos, mientras cierran los ojos ante quienes se enriquecen con el dinero de otros muchos.

Con más de nueve millones de jubilados, cualquier reforma del sistema de pensiones , por pura justicia social, debiera de ser un asunto de Estado. O lo que es lo mismo, impulsar un gran consenso entre las fuerzas políticas. El Gobierno de Rajoy, espoleado por Bruselas, tira por la calle de en medio, sin detenerse en cuestiones fundamentales, pues el desequilibrio del sistema no solo está amenazado por el factor demográfico, sino también por una profunda y galopante crisis que ha generado una mayor desproporción entre quienes aportan al sistema como ocupados y quienes viven de él como pensionados. Por tanto, crear empleo y atraer inmigración equilibraría el sistema. De esta guisa, la reforma amenaza al cuarto pilar del Estado del bienestar, que son los abuelos y su paga. Que, a decir verdad, es la última tabla de salvación a la que infinidad de mayores, más que asidos, están enganchados.

El Gobierno calcula que entre 2014 y 2022 los jubilados de españoles dejarán de percibir 33.000 millones de euros, mediante la aplicación de una fórmula que irá aumentando de tamaño el tijeretazo de forma gradual. Pero esta forma de especificar lo que de verdad pretende el Ejecutivo no es de su agrado, tan avezado en enmascarar la realidad mediante la ambigüedad de las palabras en un más que calculado lenguaje.

Así resulta que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, sin ningún sonrojo acaba de manifestar lo siguiente: "Ahorrar no es recortar. Es ahorro sobre el crecimiento previsto". Sí, algo muy amañado, pues la hipótesis que subyace en la decisión tomada es evidente: se recorta para ahorrar, luego ahorrar sí es recortar.

Pero, además, la dimensión y daño de los mordiscos dependen también de cómo evolucione el índice de precios al consumo en cada período. Y, por otro lado, también a la subida ya programada de los tipos de interés del dinero a partir de 2014. Trasladado todo ello a las reformas de las pensiones que ya ha dispuesto el Gobierno Rajoy, quiere decir que el recorte será al menos el doble de lo que subrepticiamente nos cuentan. En realidad. la pérdida real de poder adquisitivo de las pensiones será bastante mayor. Lo comprobaremos sin tardar.

Por tanto, a medio plazo, una sociedad así sí que es económica, social y hasta moralmente, insostenible, Y rebelarse contra ello, presidente Rajoy, es de incuestionable obligación por parte de todo el colectivo de pensionistas.

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