Del Senado y su supresión
Pasadas ya más de tres décadas de democracia, parece justo poner en el debe de nuestro sistema, el papel del Senado, pues a decir verdad no ha servido para ser una auténtica cámara de representación territorial, y su funcionamiento no ha tenido la eficacia que en un principio se buscaba.
Si en el haber de nuestra Constitución de 1978 pudimos asentar la descentralización administrativa como algo positivo, creo que en el debe de nuestra democracia, el papel del Senado es un concepto que ha demostrado falta de eficiencia, y que en aras del sentido común y de la economía nacional, podría ser una institución que derogada adelgazaría el peso y el gasto del Estado, quedando anulada su excesiva burocracia.
Recientemente los irlandeses, en una decisión que debe interpretarse en clave de voto de castigo al Gobierno que lo promovía por sus políticas de ajuste, han decidido en referendo no suprimir su Senado.
Pero, en España, ¿qué pasaría si se precintara la Cámara Alta? Nada en absoluto, porque es irrelevante y ciertamente prescindible. El sistema legislativo seguiría funcionando sin que apenas se notara. No habría ciudadanos que lo echaran de menos. Todo se mantendría prácticamente igual, salvo para sus señorías que encuentran allí cobijo y una cómoda forma de ganarse la vida. Porque, hay que decirlo con meridiana claridad, el Senado es una institución inútil, es otro cementerio de elefantes para políticos a los que los partidos recurren para premiar los servicios prestados.
Ya en el mes de octubre de 2011, en estas mismas páginas de LA NUEVA ESPAÑA, entre otras cosas, escribíamos: "está muy generalizada la opinión de que en España no se necesitan ni el Senado ni las diputaciones entre otros destacados organismos. La Cámara alta ha vuelto a evidenciar su absoluta inutilidad a la vez que es intolerable el despilfarro que supone mantenerla en pie con la cascada de sueldos, viajes, dietas, comidas y otras prebendas que disfrutan sus señorías".
De otra parte, ya son siete los ex presidentes autonómicos que se sientan en sus escaños. El último de ellos José Antonio Griñán, que tiene asegurado el aforamiento si es imputado por los ERE. Asimismo, hay que recordar que un tal Luis Bárcenas fue senador, sin que se le conozca ninguna participación personal a lo largo de dos legislaturas. Bueno, bastante tenía con llevárselo crudo. Pero gracias a su condición de aforado como senador, logró ralentizar el proceso por su presunta participación en el caso Gürtel.
El tiempo de la reforma del Senado, siempre pendiente y aplazada, entendemos que también ha pasado. Pero actualmente vuelven a desempolvarse viejos debates sobre la conveniencia de eliminar instituciones que se han quedado obsoletas. Ha llegado pues el momento de plantear la abolición pura y dura de esta Cámara. Más allá del ahorro de 55 millones de euros que supondría el cierre, sería un buen ejemplo de austeridad en estos tiempos de crisis tan dura que desde hace seis años estamos padeciendo.
Mas a pesar de todo no será fácil conseguirlo, ya que pocos senadores, por decir alguno, estarían dispuestos a perder la bicoca.
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