Cómplices y culpables
Cuando en Asturias hay más de cien mil parados, el 60 por ciento de los jóvenes está sin empleo y en cuarenta y tres mil hogares no entran ingresos, es inicuo que se permita trabajar a quienes están percibiendo una pensión –ahí está el dirigente jubilado de CC OO que, no conforme con su pensión, está de concejal en el Ayuntamiento de Oviedo, cuando si se aburre podría dedicarse al voluntariado, ¿o es que acaso entrega el sueldo de concejal a una familia en paro?–, ni que no se erradique la economía sumergida, causa fundamental de la alta tasa de paro y disminución de los recursos públicos. El caso paradigmático lo tenemos en las cuencas mineras, la comarca española con la tasa más alta de paro juvenil, ¿Y por qué los jóvenes de las cuencas mineras están en el paro? Porque los prejubilados y jubilados de la mina se dedican a actividades lucrativas –ganadería, chollismo...– condenando al paro a los autónomos e impidiendo trabajar a los parados. Todo esto ocurre por culpa de los políticos y sindicalistas, por intereses electorales, puesto que los jóvenes no votan, en parte porque los partidos nacionalistas raciales están proscritos, como en otros países lo están los islamitas, de ahí que no hagan nada por erradicar la economía sumergida, cuando cada día numerosos autónomos tienen que cerrar sus negocios al no poder hacer frente a la competencia desleal llevada a cabo por quienes se dedican a la economía sumergida sin cotizar a la Seguridad Social por dicha actividad ni declarar a Hacienda sus ganancias.
¿Pero qué se puede esperar de los políticos cuando en la Junta General se opusieron en junio de este año a condenar a las mafias; mafias que secuestran, torturan y esclavizan a miles de mujeres y envenenan con las drogas? Mafiosos que existen porque hay abogados que los defienden y jueces que les imponen penas irrisorias, de las que cumplen la mitad, con tres comidas diarias, cuando las fosas comunes son más baratas que las cárceles y los campos de trabajo más lucrativos –no hay nada más eficaz que la justicia directa, ni jueces ni abogados–. Los talibanes erradicaron la prostitución, el tráfico de drogas y el maltrato animal; en España las mafias campan a sus anchas en las dos primeras actividades y en la tercera tenemos en Asturias las peleas de perros que se llevan a cabo en polígonos industriales los fines de semana, a las que acuden conspicuos personajes de la región que cruzan importantes apuestas obteniendo los animales del robo o directamente de perreras municipales.
No es aceptable que no haya dinero para fines de interés general mientras se destina gran parte de los presupuestos locales y autonómicos a ONG que constituyen un nuevo funcionariado, pues se quedan con el 20 por ciento para sus sueldos, y cuya función es fomentar la superpoblación de otros países y apoyar la entrada del excedente poblacional de los mismos, sin el que no hubieran podido llevar a cabo reformas laborales ni privatizaciones. ¿No decían que no quitaban puestos de trabajo? Seis millones de parados lo desmienten; ¿No afirmaban que aseguraban las pensiones? Hoy quieren privatizarlas.
No es admisible que se financie con dinero público a sindicalistas que nunca han denunciado la economía sumergida, causa fundamental del paro, explotación laboral y menos recursos públicos; sindicalistas que siempre han rubricado todas las reformas laborales llevadas a cabo en los últimos veinte años a cambio de seguir siendo financiados con dinero público y administrar, junto a la patronal, los miles de millones de euros destinados a cursos de formación, cursos que no han generado empleo.
Pues bien, como ni los políticos ni los sindicalistas están interesados en erradicar la economía sumergida, ni en combatir las mafias, justifican cualquier ulterior actuación contra el podrido sistema imperante, cuando en Europa soplen otros vientos habrá libertad para resucitar los Einsatzgruppen, con los que aplicar una solución final al problema de economía sumergida. La desaparición de los involucrados en la economía sumergida permitirá al Estado ahorrar dinero en pensiones y reducir drásticamente el paro.
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