Nuestro interés no es, necesariamente, su interés
Los partidos que prestan su apoyo a la gobernabilidad regional, IU y UPyD, se han enfadado porque el PSOE ha decidido, en el momento clave, no apoyar la reforma de la ley electoral asturiana que para aquéllos era fundamental, demostrando una vez más que los intereses de la ciudadanía y los de los partidos circulan por vías paralelas y, en consecuencia, nunca serán coincidentes.
Me parece a mí que en las actuales circunstancias sociales, económicas e incluso políticas la modificación de la citada ley resulta un asunto menor, máxime si tenemos en cuenta que lo único que se perseguía era un «quítate tú pa poneme yo», con la disculpa –faltaría más– de mejorar la calidad democrática regional y la representatividad de los asturianos.
Como expertos constitucionalistas no nos faltan, salieron en tropel a la palestra convocados por los medios y dieron su docta opinión, que podríamos resumir en un «tanto da que da lo mismo» y que no era algo urgente lo que ponía en cuestión lo realmente importante para la región, los próximos Presupuestos.
Subtítulo: A propósito de la gobernabilidad de la región
Destacado: Demos la voz al pueblo para que mediante referéndum decida si lo que se le propone es de su agrado o no
Entiendo que en este trance quienes apoyan el Gobierno de Fernández se encuentran perfectamente legitimados para pedirle cuentas sobre lo firmado, pero sobre lo realmente sustancial, cómo se gastaron los dineros del Presupuesto. Todo lo demás son fuegos de artificio tendentes, como de costumbre, a distraer –o cabrear, según los casos– al personal, por lo que de teatro y pantomima tiene este tipo de cuestiones absolutamente intrascendentes para la ciudadanía.
Si quieren hablar de reforma electoral, y dado el tamaño de la población asturiana, vayamos a lo que seguramente podría interesar a la ciudadanía. La participación directa en las decisiones de gobierno mediante el recurso al referéndum vinculante, potenciación de la ILP y demás instrumentos de participación democrática que dejen a un lado a sus señorías, cuarenta y cinco, que realmente no saben más que el común de los mortales sobre las cuestiones sometidas a su consideración.
No se trata de lo que nos podríamos ahorrar, que también, en sueldos y salarios de sus señorías, sino que, dado que contamos con eficientes funcionarios capaces de plasmar en leyes aquello que se considere útil para la ciudadanía, bien a propuesta del propio Gobierno, bien a propuesta de en quien por cierto reside la soberanía, eliminemos farragosos y estériles trámites parlamentarios –que únicamente se justifican en el mantenimiento de los propios puestos de los protagonistas– y demos la voz al pueblo para que mediante referéndum decida si lo que se le propone es de su agrado o no.
Por si a alguien se le ocurre esgrimir el coste que podría suponer la sustitución de sus señorías por el recurso a la opinión ciudadana, referendo por medio, me atrevo a señalar que existe base tecnológica suficiente como para que la votación se realice por medios electrónicos y sin que sea necesaria campaña alguna más allá de la que los propios proponentes decidan llevar a cabo a su costa, si se trata de personas físicas o jurídicas, o el propio Gobierno mediante la divulgación por medios propios, el ente regional de comunicación, y la distribución del proyecto o su resumen a través de los múltiples quioscos de prensa existentes en la región. El coste sería infinitamente menor que el derivado de cualquier nimia campaña electoral.
Señorías de Izquierda Unida y señoría de Unión, Progreso y Democracia, si lo que de verdad les interesa es la calidad democrática y el interés de esta región, vuelvan al cajón de los deseos una ley que no necesitamos y procuren sacar el máximo rendimiento de la menguada Hacienda regional, la ciudadanía se lo agradecerá. Y si les interesa mejorar la calidad democrática de nuestra vida política, aplíquense a la sugerencia expresada más arriba, eso sí que sería un avance digno de figurar en los anales de la historia democrática regional.
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