El nacionalismo catalán

Es axiomático que un problema mal planteado carece de solución. En mi opinión, la inviabilidad jurídica del referendum catalán es un problema mal planteado incluso por distinguidos profesores de derecho constitucional.

Sin salirme de mi modestia, entiendo que el núcleo del problema está en establecer la naturaleza jurídica del referendum. Para los defensores de su inviabilidad la simple convocatoria suplantaría la soberanía nacional residente en el pueblo español.

Se olvidan de que, precisamente, el referendum está concebido en nuestro derecho como una garantía de conocimiento de la opinión real del pueblo. Es una salvaguarda para evitar que pueda ser mal interpretada y, por lo tanto, suplantada por los legisladores. No es en sí mismo una fuente de derecho sino un acto jurídico de naturaleza simplemente consultiva. La definición del artículo 92 de la Constitución es terminante en este punto:

Art. 92. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referendum consultivo de todos los ciudadanos.

Por esta razón, su convocatoria no está reservada a las Cortes, depositarias de la soberanía, sino que corresponde hacerla al Rey a simple propuesta del Jefe del Gobierno (art. 92.2 CE). La Constitución no ha alterado el artículo primero del Código Civil, por lo que las fuentes de derecho siguen siendo la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. El referendum consultivo no es un acto normativo, sino un acto normal de gobierno que el ejecutivo puede acordar libremente en cualquier momento. Y que incluso en algunos supuestos, como el aborto o las privatizaciones, debió haberse utilizado. Cosa totalmente distinta es el referendum ratificatorio que la Constitución solo exige para actos muy concretos en los que el pueblo debe aprobar expresamente el criterio de sus parlamentarios.

Podrá argüirse que el conocimiento de la opinión de los ciudadanos catalanes puede poner en grave riesgo la unidad de España, ya que ésta se tornaría insostenible ante un resultado ampliamente partidario de la secesión. Pero el miedo a descubrir una opinión mayoritaria adversa, (que como acreditan todas las encuestas es infundado en la actualidad), solo servirá para agravar las cosas, dado el rechazo que provoca en Cataluña la amenaza de la suspensión de la Generalitat. Hay incluso medios centralistas exaltados que han publicado titulares llegando a presagiar el estado de sitio y la nacionalización de los mossos de esquadra.

Aceptemos por un momento, y a los solos efectos dialécticos, la imagen negativa del nacionalismo catalán como un absceso infectado en el cuerpo sano de España. ¿Qué se ganaría dejando cerrado?

Afortunadamente esta imagen del grano purulento es falsa, como no ignoran los mismos voceros que la exhiben en el mercadillo de los sufragios. Porque el alcaloide único y ancestral de la reivindicación mayoritaria en Cataluña es el reconocimiento de su condición de nación con peculiaridades propias distintas de las españolas. Todo lo demás son excipientes inertes para darle color y sabor en la polémica absurda que se ha planteado por la cerrazón surgida del proyecto de Estatut.

Pero el problema también está mal planteado del lado catalán, como consecuencia de la frustración por el fracaso del Estatut,. Frustración atribuible al desprecio con que se sacaron consecuencias de este fracaso. Con aires doctorales sostenían repetidamente los centralistas el mantra de que la escasa participación catalana en la votación del Estatut demuestra que los problemas que interesan son otros. Siempre con esa tontería de los problemas que realmente interesan, tan expresiva de su aprecio a los valores culturales de la catalanidad.

En cualquier caso, la decisión que recayere en la consulta tal como aparece formulada, aún siendo legal, resultaría irrelevante a efectos prácticos. Es imposible que el resultado de una simple consulta adquiera lo que el profesor de Castro considera el componente esencial de la ley, es decir su eficacia social organizadora... con la posibilidad de ejecución que puede llegar, en último término, a poner en movimiento la manus militaris para conseguir su cumplimiento. Para que la consulta pretendida obtuviere esta eficacia precisaría ir seguida de un acto legislativo cualificado de legislación constituyente, que a su vez y como guinda de la tarta necesitaría un segundo referendum. Luego el acto sería indudablemente legal pero sin efectos prácticos inmediatos.

Creo que, sosegando el ambiente, sí cabría proponer un referendum eficaz, reduciéndolo a establecer los límites diferenciales de la nación catalana que deban ser protegidos dentro del estado plurinacional. Algunos se burlan de que haya que remontarse a Felipe V para conectar con esas peculiaridades, pero son los mismos que se conectan al primer Borbón para dar soporte legal a la reivindicación de Gibraltar. Y quizá bastase con tragarse la honrilla y redactar una nueva versión del Estatut

Es curioso observar la ignorancia popular sobre el alcance semántico del término nación. Y ello a pesar de que en su tercera acepción el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es terminante: Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Nación no es sinónimo de Estado. El vocablo nación hace referencia exclusiva al elemento personal del Estado, su población, pero no a sus otros dos elementos constitutivos: el territorio y la soberanía. La definición de Estado de Jellinek, universalmente admitida, describe con elegante simplificación estos tres componentes: el Estado es una corporación territorial soberana. Hay naciones que se extienden por los territorios de varios Estados, a la vez que hay estados plurinacionales. E incluso, si bien de forma residual, existen naciones nómadas.

Aquí se ha estado mareando la perdiz, durante la discusión del estatuto catalán, con la diferencia entre nación y nacionalidad, sin advertir que son voces perfectamente intercambiables. Circunstancias históricas, nacidas en la reconquista, nos han convertido en el país de la uniformidad a ultranza; recuérdese la Unidad Católica de España, que comenzó con la expulsión de judíos y moriscos, nos otorgó en Trento el título de martillo de herejes y ni siquiera terminó con el abrazo de Vergara. Santiago y cierra España sigue siendo la consigna que nos moviliza.

Rajoy, que ha asistido en Suráfrica a los funerales de Mandela, habrá podido observar que un estado plurinacional es más rico cuando las distintas naciones que lo forman conviven en paz, por muy importantes que sean sus diferencias culturales. En Italia, la derecha de Berlusconi ha formado gobierno con los separatistas de Milán sin que nadie se haya rasgado las vestiduras ni le hayan acusado de romper Italia. Porque aquí se habría invocado el fantasma paralizante de la España rota. Prefiero una España roja a una España rota fue la muestra de ingenio ramplón de un ultraderechista al referirse a las reivindicaciones nacionales. No nos merecemos esa cerrazón insoportable de nuestra derechona que es la que verdaderamente perjudica a la unidad de la Patria.

A estas alturas es indudable que Artur Mas no va a rectificar su planteamiento, lo que devuelve al gobierno la ventaja de la iniciativa. Entiendo que debe tratar de solucionar la controversia intercultural abriendo una tercera vía. Se me ocurre, a título de simple sugerencia, un referendum consultivo sobre las transferencias que garantizarían el respeto a las peculiaridades de la nación catalana. En el período de mayor esplendor de la legislación fundamental del ordenamiento jurídico español, se aprobó el aún hoy vigente Código Civil que, tras una tramitación parlamentaria de muy alto nivel, reconoció en nuestro derecho privado, entre otras peculiaridades forales, las tradicionales de Cataluña en materias tan importantes como el régimen patrimonial del matrimonio, la herencia, etc. Hoy sigue siendo posible respetar, esta vez en el ordenamiento de derecho público, la cultura, costumbres y usos de una nación que tiene todo el derecho a tratar de defenderlos frente a la provocación de españolización propugnada entre otros por el inefable ministro Wert.

Es cierto que los votantes del PP toda la vida, los que tienen el pedigree de AP, no se quedarán muy contentos, pero los intereses del Estado deben anteponerse a otras consideraciones. ¿Será capaz el Sr. Presidente del Gobierno, por una vez y sin que se lo imponga Bruselas, de olvidarse de lo que de verdad interesa a la gente?