Los sindicatos y la carrera profesional

Con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sobre la carrera profesional de los empleados públicos por la que se anula el procedimiento de solicitud de incorporación a la carrera y desarrollo profesional de los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración del Principado de Asturias y sus organismos se ha abierto todo un cúmulo de opiniones, argumentaciones, posicionamientos, contradicciones, ataques mutuos, responsabilizando unos a los recurrentes, otros a los recurridos: Gobierno regional y estructuras regionales de CC OO y UGT, sus cúpulas negociadoras y firmantes de la concertación paz social en Asturias.

Lo que, en mi opinión, está detrás del recurso contra la resolución de fecha 18 de mayo de 2007 que dispone lo que ahora se anula es la lucha por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, y dejar sin efecto la carrera profesional, que suponía la dependencia del evaluado al evaluador, evaluador que a su vez es nombrado en la mayoría de los casos a dedo (nombramientos políticos) y esta «evaluación del desempeño» viene a extender el clientelismo y la sumisión incluso a aquellos puestos que, por su bajo perfil de responsabilidad y retribución (puestos base), estaban ajenos a la vorágine del servilismo decimonónico. Enmascaradas de modernidad, se pretendió extender las relaciones de complicidad, lealtad absoluta de las élites funcionariales a la clase política dirigente a todo el conjunto de la Administración, para poner de forma definitiva la cosa pública al servicio de la ideología del partido gobernante. Más que un servicio a la ciudadanía, un servil instrumento de los gobiernos de turno.

Naturalmente la mejor manera de sacar adelante un determinado proyecto que tiene como objetivo final la más sutil sumisión, que nada tiene que ver con la subordinación conforme a derecho, que entregar unos dineros para que individual, que no colectivamente, se asuma la resolución acordada, a costa de la pérdida de los derechos colectivos, de la primacía de la capacidad o el mérito. Y a quienes deciden el plus salarial, los que evalúan, no son los representantes políticos, son otros nombrados a dedo por los mismos, a los que nadie evalúa su capacidad o su falta de capacidad.

En la Administración pública, como en otros sectores, es necesaria la existencia de capacidad negociadora para regular las condiciones de trabajo. Imprescindible la negociación colectiva para impedir la individualización de las relaciones laborales, que es lo que ha sucedido con la implantación de la carrera profesional.

El Gobierno asturiano al actuar así introduce modelos de gestión mercantil y de control empresarial privado en la Administración, dejando en un plano inferior los intereses generales de la ciudadanía.

El plus salarial relaciona retribuciones con arbitrariedad del evaluador, y acentúa las diferencias retributivas entre los empleados públicos.

La potenciación de lo público frente a la privatización debe guiar a los gobiernos, y entre los agentes sociales, fundamentalmente los sindicatos, deben oponerse a cualquier riesgo de externalización.

Y en vez de decir que «hay que escorrerlos a gorrazos», se supone que lo dirigen a los sindicatos recurrentes, se dediquen a defender criterios colectivos, racionales, hagan prevalecer la dignidad de los y las trabajadoras, luchen por mejoras salariales en el sector, lo que es justo y legítimo, pero no a cambio de sometimientos injustificables.

Mi mayor respeto a los trabajadores de la subministración pública, a los de la sanidad y a los de la enseñanza, y, dentro de estos, a la Federación de Enseñanza de CC OO, que han demostrado una actitud valiente y honesta en la lucha por la dignidad en este proceso abierto de la carrera profesional frente a la cúpula regional de su sindicato.

Y finalmente decirle a las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo anulado, que nadie dice que hay que escorrerlos por aceptar reformas laborales que más bien favorecen a los grandes empresarios, y que sería necesario que firmasen con el Gobierno regional la intervención real en las empresas que cierran pese a tener beneficios, como el caso de Vesuvius, o en las que recortan sus plantillas, o a los que despiden improcedentemente a sus trabajadores, o a los que incumplen la legislación laboral a diario, a los que pasan del cumplimiento de la normativa en materia de salud laboral y contra la siniestralidad.

En definitiva, es necesario un acuerdo para que de verdad nuestros representantes políticos y sindicales hagan efectivo el derecho a un puesto de trabajo, o, en su caso, a la más amplia protección social.

Juan Francisco Cañete Romero

Noreña