Las 17 Españas

9 de Febrero del 2014 - José María Izquierdo Ruiz (Oviedo)

Fue el lisboeta Fidelino de Figueiredo quien en el año 1932 escribió el libro «As duas Espanhas», donde desarrolló tal idea, que un poeta popularizó con los versos, «Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón», y bien que lo heló en buena parte del siglo XX. En el período llamado tardofranquismo la creación y nacionalización de industrias básicas y de la Seguridad Social trajo lo que se llamó el «milagro español», acompañado de un cierto bienestar material, con nivelación de clases y de rentas, por lo que, en cierta medida, las dos Españas se fueron encontrando a nivel de calle.

En el año 1978 llegó la llamada transición, con una Constitución aprobada por una mayoría de los españoles, que hoy en día se incumple notoriamente, en buena parte de su articulado (orden económico y social justo, digna calidad de vida, igualdad ante la ley, derecho a la educación, progresividad impositiva, sin IVA; derecho y deber al trabajo, derecho a la promoción a través del trabajo, remuneración suficiente, distribución equitativa de la renta, orientación al pleno empleo, derecho a disfrutar de una vivienda digna, etcétera).

La actual situación, mal llamada crisis, tiene visos de prolongarse indefinidamente, y sus causas son bien conocidas. La desigualdad socioeconómica es muy superior a la aludida por Figueiredo, pues salarios de unos cientos de euros por trabajos extenuantes y precarios se contraponen a los miles de euros de los miles de privilegiados que pueden asignarse su propio sueldo, sus dietas, su indemnización por jubilación, su promoción a empresas privadas (la puerta giratoria), cuando los miles de euros pasan a ser millones, como los banqueros. Las dos Españas de hoy carecen del radical antagonismo político de antaño, pues los partidos llamados conservadores y progresistas forman una fraternal clase única, más interesada en mantener su estatus que en defender la clase a quien dicen representar; sus rifirrafes mediáticos son una simple guerra por los votos.

La llamada transición política, a cuyo carácter pacífico no cabe restar mérito, no fue desinteresada, pues sus actores sabían muy bien que conllevaría una multiplicación exponencial de puestos políticos (la carrera política), en comparación con los escasos del régimen totalitario anterior. Se mantuvieron ayuntamientos, diputaciones, con abundantes ediles y diputados, y delegaciones del Gobierno; se creó un nutrido Senado y, sobre todo, 17 comunidades autónomas con numerosos diputados, consejeros, cargos de confianza y consejos asesores, que, burla burlando, fueron exigiendo más autogobierno, y hasta la independencia. De aquellos polvos, estos lodos.

Además, se les otorgó atribuciones no solo de naturaleza gubernativa, sino también normativa, lo que ha traído como consecuencia práctica abismales diferencias en la fiscalidad de los sujetos pasivos según su residencia, en flagrante contradicción con el principio de igualdad que proclama el artículo 1 de la Constitución española. De tales diferencias sólo citaremos las relativas al IRPF, al impuesto sobre el patrimonio y al de sucesiones, olvidándonos del céntimo sanitario y de otras frioleras que, insensiblemente, van aligerando los bolsillos.

El tipo marginal autonómico del IRPF difiere según las comunidades, alcanzando o excediendo en tres de ellas (incluida Asturias) el 2%. Las diferencias en sus deducciones son abismales y complejas, baste decir que su redacción ocupa 120 páginas del «Manual práctico» de 2012; los asturianos son de los menos favorecidos.

Respecto al impuesto del patrimonio, las comunidades tienen, entre otras competencias, la de fijar el mínimo exento, que para 2012 variaba entre 500.000 euros y un millón. Como es sabido, para 2013 en Asturias se propuso rebajar dicho límite exento a tan sólo 150.000 euros.

Finalmente, las diferencias fiscales más flagrantes entre comunidades están en el impuesto de sucesiones. Según los medios, Madrid estaría exenta de tributación, mientras que Castilla y León, Cantabria, Baleares, Murcia, La Rioja y Valencia gozarían de deducciones de la cuota tributaria en torno al 99%, es decir, estarían prácticamente exentas de dicho impuesto. Estas diferencias abismales entre comunidades no sólo son injustas y contrarias a la Constitución, sino que también pueden reavivar nacionalismos y contribuir al fraccionamiento del Estado, y están pidiendo a voces una reforma normativa, si no queremos que las dos Españas de ayer se conviertan en 17.

José María Izquierdo Ruiz

Oviedo

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