La marca España en derechos humanos
El relator especial de Naciones Unidas sobre justicia transicional, Pablo de Greiff, acaba de presentar las conclusiones preliminares sobre su reciente visita a España y ha ofrecido un saldo preocupante: España está impidiendo el acceso de las víctimas del franquismo a la justicia, tanto en nuestro territorio, mediante la aplicación de la ley de Amnistía de 1977 a modo de ley de punto final, como en el exterior, al no colaborar con tribunales de otros países –como Argentina– que están investigando este tipo de causas.
No es el primer rapapolvo que nos dirige Naciones Unidas en materia de derechos humanos. En mayo de 2012 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puso de manifiesto la insuficiencia de las medidas adoptadas por el Estado español para paliar los efectos negativos de la crisis en los sectores más desfavorecidos de la población.
Hay razones para temer que tampoco será el último reproche que recibamos. Los proyectos legislativos sobre seguridad ciudadana, interrupción voluntaria del embarazo y la anunciada reforma del Código Penal están encendiendo todas las alarmas sobre posibles retrocesos de gran magnitud en derechos humanos hasta ahora plenamente reconocidos en nuestra legislación.
Y qué decir sobre la revisión de la jurisdicción universal. España fue abanderada en la aplicación de este principio, que persigue juzgar a los responsables de graves crímenes contra el derecho internacional (como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura o desapariciones forzadas), sea cual sea la nacionalidad del autor y de las víctimas. La orden de detención internacional cursada en octubre de 1988 contra Augusto Pinochet por un juez español –Baltasar Garzón– se considera por todo el mundo un momento crucial en la aplicación de la jurisdicción universal. El marco normativo español que permitió aquella decisión sufrió ya un severo recorte en el año 2009 (por cierto, con un gobierno entonces de signo distinto al actual). Y ahora está abocado a la práctica desaparición si llegan a prosperar las restricciones contempladas en la proposición legislativa que se encuentra ya en el Parlamento.
Así pues, la imagen que España proyecta en el exterior, la tan aireada marca España, se ha degradado llamativamente en el ámbito concerniente a los derechos humanos. En unos años hemos pasado de parecer los paladines de esos derechos esenciales y universales a ser censurados por parte de otros países y de la ONU debido a los retrocesos experimentados en dicho campo. Se trata de una regresión inaceptable, que se debe y se puede evitar.
Ignacio Bernardo Jiménez, presidente de Amnistía Internacional de Asturias, Oviedo
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