Sobre una nueva ley de caza para Asturias
La implantación en Asturias de un documento de estas características, que pudiera transmitirnos una nueva política cinegética (auténtica declaración de principios que debe concretarse en medidas específicas de apoyo al mundo de la caza), requiere por sí misma de la previa confección de una plataforma donde deben converger en una sola unidad de aceptación todos los intereses encontrados. Difícil cometido éste, si tenemos en cuenta que entre los sectores de una hipotética representatividad existirían alternativas de composición ideológica distinta; sectores sociales e industriales contrapuestos; organismos públicos; parte técnica, científica y la actitud que exhiba el Ejecutivo de turno (último valedor).
La caza en Asturias tiene un componente de tipo social muy marcado; peculiaridad que la distingue. Un sistema garante por sí mismo de un estado participativo que posibilita al aficionado ejercer su práctica sin fórmulas discriminatorias, en marcada igualdad de oportunidades. Mantener las prestaciones solidarias que han caracterizado a esta pionera ley será un lance difícil de acometer con éxito.
La ley asturiana de la caza cumple años (25), se hizo vetusta y ello quiere decir que algunos de sus postulados no rigen adecuadamente para los tiempos actuales. En alguna medida, que pudiera ser sustancial, es preciso alterar su estatus, sin que por ello decaiga el carácter corporativista de su ideario. Es evidente que hay deseo unánime entre las gestoras sociales asturianas de la caza (a lo que parece, por el momento, no se suma la Administración), en reconocer la necesidad de restaurar y adaptar el texto legislativo de referencia, a esta época que nos ha tocado vivir, de forma que dé sentido a las exigencias de la caza y los cazadores. Complejo asunto el que nos ocupa; entroncarlo sin herir finas sensibilidades sería todo un reto.
Desde la Consejería, se opta por algo más sencillo, menos engorroso, debido a la flexibilidad que le otorga el lidiar su tratamiento, formalidad por la que se decantan abiertamente, cual es la reforma parcial, puntual, del reglamento que regula la actual ley de Asturias de la Caza, susceptible el articulado de su composición de ser ajustado a conveniencia o por necesidades de la oficialidad, excusada ésta de trámites parlamentarios, sin interposición foránea en la gobernanza de un intervencionismo de contrastada ascendencia.
No es la función específica de un modelo objeto de cambio constante lo que se precisa y realmente interesa. La caza social en Asturias necesita organizarse en sus competencias en torno a una estructura financiera básica solvente y sostenible en el tiempo; soporte generalista de sus estructuras orgánicas. La caza, por mucho que se quiera ahondar por sus detractores en la improcedencia de su buen ejercicio, es un valor latente digno de consideración; una columna fundamental en la conservación de la fauna silvestre; de suficiente atractivo empresarial y para el sector primario. La caza en Asturias es deficitaria en atención institucional; existen argumentos razonables para reivindicar un mejor trato oficial.
En perspectiva, más o menos cercana, se halla instalada, a la espera, la ineludible tarea que deberá afrontar la Administración del Principado, por el bien común, de vertebrar y pilotar con eficacia una situación que, de no atajarse con celeridad y sapiencia, terminará afectando definitivamente los pilares básicos, demasiado resquebrajados, algunos en seria amenaza de derrumbe, sobre los que se encuentran asentadas las organizaciones y asociaciones de caza de nuestra autonomía.
Por eso, de ahí, la importancia de no olvidar lo esencial para que una nueva ley de Asturias de la Caza vea la luz más pronto que tarde; consustancial en la defensa de los valores que atesora (legado de lo que sería su homónima predecesora), a los que en justicia tienen que estar vinculadas con carácter de identidad común permanente todas las personas que practican la caza en el Principado. Condición sin la cual todo sería distinto.
Eduardo Bros Martínez
Oviedo
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