¿Quién controla mi cuerpo?
Lea estas cifras: 215 millones de mujeres en el mundo no utilizan anticonceptivos pese a que no desean tener (más) hijos o retrasar el momento de tenerlos; 215.000 muertes maternas podrían evitarse al año con el uso de anticonceptivos; el 40% de las mujeres en edad de procrear viven en países donde el aborto está prohibido, restringido o inaccesible; 24 países europeos exigen a las personas transexuales someterse a esterilización para ver reconocido legalmente su género; 47.000 mujeres embarazadas mueren todos los años por complicaciones de abortos no seguros; 76 países de todo el mundo tipifican como delito la conducta homosexual...
Ahora piense: no son cifras, son personas, miles de historias humanas que ocurren cada día. Y no deberían ocurrir, porque las normas internacionales de Derechos Humanos dicen que todas las personas tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra vida reproductiva sin miedo a sufrir coacción, violencia o discriminación.
En muchos países, estas decisiones están a menudo controladas por el Estado, por profesionales médicos, por la comunidad o la familia, y se hace uso de la ley para controlarlas. Al final, a muchos seres humanos se les impide por completo decidir. Si esto ya es grave, las consecuencias de este control sobre las personas, en general mujeres, son igualmente graves.
Influir en el debate global sobre estas cuestiones es decisivo, dadas las recientes y continuas medidas regresivas adoptadas por algunos Estados para restringir los derechos sexuales y reproductivos. Este es uno de los objetivos de la campaña «Mi cuerpo, mis derechos» de Amnistía Internacional.
En la esfera internacional, muchos agentes no estatales, a menudo financiados y apoyados por Estados o por instituciones religiosas, están intentando limitar los derechos sexuales y reproductivos en la ONU o en foros similares. La tendencia regresiva es clara en varios países. El Gobierno español ha promovido un proyecto de ley que limitará el acceso de las mujeres y las niñas a servicios de aborto, incumpliendo las obligaciones internacionales de Derechos Humanos contraídas por España. En los dos últimos años se han hecho intentos de restringir el aborto también en otros países como Lituania, Macedonia, Turquía y Estados Unidos.
En enero, el presidente de Nigeria promulgó la opresiva Ley (de Prohibición) del Matrimonio Homosexual. En 2013, el Tribunal Supremo de la India volvió a declarar constitucional un artículo del Código Penal que criminaliza las relaciones homosexuales. El presidente de Uganda acaba de ratificar la Ley contra la Homosexualidad.
En el Magreb, las disposiciones discriminatorias de la legislación argelina, tunecina y, hasta hace poco, marroquí permiten a los violadores eludir la acción de la justicia casándose con sus víctimas adolescentes. Sólo en Marruecos, según estudios oficiales, en 2009 se tuvo noticia de 38.000 casos de violación. La verdadera cifra podría ser mucho mayor.
Los líderes mundiales están obligados a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos, y tienen oportunidades concretas para mostrar liderazgo en este tema. La próxima reunión de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU en abril es sólo uno de los diversos jalones clave de este proceso, pero es buen momento para recordar que los derechos sexuales y reproductivos no admiten regresiones. Bien al contrario, hace falta más que nunca impulsarlos con determinación.
Micaela Domínguez González
secretaria General Amnistía Internacional Asturias, Oviedo.
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