Frontex

Bruselas define Frontex como la «agencia europea para la gestión de cooperación operativa de las fronteras exteriores de los estados miembros de la Unión Europea». Una perífrasis muy alambicada y escurridiza, para describir que la UE meterá las narices en el control de las fronteras «externas» de la Unión; pero sin comprometerse demasiado en la enojosa tarea ejecutiva.

La creación de Frontex se remonta al 26 de octubre de 2004, y su sede se fijó, paradójicamente, en Varsovia; ciertamente frontera exterior, pero desde hace años nada conflictiva.

La descripción de los fines de la agencia confirma nuestra apreciación anterior: Intervención «puntual y limitada» ante la afluencia masiva de nacionales de terceros países que intenten ingresar ilegalmente en la UE.

Es importante reseñar que «la responsabilidad del control y vigilancia de las fronteras exteriores recae concretamente en los estados miembros» (reglamento del Consejo 2007, de 26 de octubre del 2004), y que Frontex actúa como simple coordinador de posibles operaciones conjuntas, en circunstancias excepcionales de las fronteras exteriores de la Unión. Es evidente que la vocación de Frontex es más de supervisión que de intervención, como muestra la citada prudencia perifrástica en la definición de objetivos. Quedan también muy claras otras cosas: unos países de la UE tienen fronteras exteriores de Europa, y otros no. De los primeros, los hay con fronteras exteriores absolutamente tranquilas, y otros con fronteras muy conflictivas en inmigración ilegal, como los de Euro Sur (España, Italia, Portugal y Grecia). Esta notoria desigualdad ante una tarea de interés común debe ser compensada reflejándose en la disponibilidad neta de medios especiales de intervención, en los países que objetivamente tienen mayores dificultades para prevenir y afrontar «la afluencia masiva de nacionales de terceros países que intentan entrar ilegalmente en el territorio común europeo», como se contempla literalmente en el reglamento CE n.º 863 I 2007 del Parlamento y del Consejo Europeo. Otra alternativa de los estados de Euro Sur, desbordados por la inmigración, sería remitir sistemáticamente a Varsovia o a Bruselas a los inmigrantes ilegales, para que sean repartidos entre «otros» países de la UE más receptivos y menos operativos.

Es claro que si no se limitasen las transgresiones a las leyes de inmigración, mañana podríamos recibir 100 millones de chinos y 50 millones de indios que nos harían desaparecer de la Historia.

La especial dotación de personal y medios de control de los estados de Euro Sur debe ser financiada por la UE, que es la institución beneficiaria común. La UE también ha de definir y precisar los medios «proporcionados y eficaces» que deben aplicarse en la restricción de intentos de entradas masivas ilegales, de forma que garanticen plenamente la seguridad e integridad de los agentes de control de fronteras ante esa circunstancia de invasión masiva. Ya está bien de que la Guardia Civil española y la Armada italiana aguanten con escasos medios, penosos y difíciles conflictos y que, encima, reciban puntillosos reparos formales, como ocurre casi a diario en Melilla y Lampedusa, tras participar una y otra vez en operaciones de salvamento y asistencia.

Se perfilan claramente dos líneas de protección especial: Canarias-Galicia, que afecta a España y Portugal; y la de Gibraltar-Chipre, que concierne a España, Francia, Italia y Grecia. Los medios operativos han de ser: pasivos, con controles de radar –como los que ya realiza Indra–, vigilancia diurna por satélites, y fotografía infrarroja en exploraciones nocturnas. También de intervención activa, con patrulleros oceánicos y costeros, aviones, helicópteros y «drones», a pesar de algunas absurdas objeciones de la Unión. Es claro que la financiación de estos medios y de las dotaciones humanas correspondientes debe ser afrontada por la UE. Es muy razonable y justo que los países de Euro Sur reciban ayudas europeas sustanciales para sus astilleros, industrias aeronáuticas y electrónicas que contribuirán también a reactivar sus economías.

En estas precisas circunstancias, son particularmente lamentables los recortes sufridos por la Armada española, que han supuesto entre 2009 (Zapatero) y 2013 (Rajoy) las bajas de servicio de 15 patrulleras, 2 buques anfibios, un buque aljibe, una fragata, un petrolero y un portaaviones.

No es menos evidente que Europa tiene una «metafrontera» subsahariana en la que se incuban peligrosas situaciones que, en cualquier momento, pueden repercutir en la inseguridad mediterránea y con África del Noroeste. Esa «metafrontera» terrestre es la línea Senegal-Somalia, en la que está especialmente comprometida Francia. Los recientes conflictos en Malí, Chad, República Centroafricana, Sudán, Etiopía y Somalia confirman este punto de vista, y no son ajenos a la seguridad de la Unión Europea.

La UE debe también definir «a priori» el alcance preciso de las posibles limitaciones jurídicas suscitadas por la Convención de Ginebra, relativas al Estatuto del Refugiado, y por la Convención del Derecho del Mar (ONU) sobre inspección de buques en alta mar, para evitar enojosas objeciones posteriores a quienes diariamente tratan esforzadamente de cumplir con su deber defendiendo el bienestar de todos los europeos.